El PP revisará la Ley de Costas para frenar la reversión de concesiones al Estado

La Xunta y el PP han sido muy combativos con la legislación de costas del Gobierno central por entender que abusaba de sus prerrogativas, restringía los usos y actividades en el litoral y creaba inseguridad jurídica tanto a particulares como a industrias asentadas en el dominio público marítimo terrestre (DPMT), la primera línea de costa de la que es titular el Estado y que alcanza –con carácter general– hasta donde haya llegado la ola más grande o se extienda la arena. Ante las elecciones del día 23, el PP se compromete a modificar la Ley de Costas para dar mayor seguridad jurídica y frenar la reversión al Estado de concesiones en el DPMT tanto a industrias como a particulares provocada por “la normativa y la actitud del Gobierno” de Pedro Sánchez.

Así consta en el programa electoral al que ha tenido acceso Europa Press. De acuerdo con el texto, el objetivo de los populares es dar mayor seguridad jurídica a las instalaciones en la franja litoral, así como a los propietarios y las administraciones implicadas en su gestión con una perspectiva social, económica y ambiental.

Protección y actividades, compatibles

Se quiere lograr una normativa de protección del litoral “compatible” con otros derechos constitucionales, como el de la propiedad privada, o el mantenimiento de usos y actividades socioeconómicas que se desarrollan de forma racional y tradicional en esta parte del territorio.

El PP justifica esta reforma de la ley en que la normativa vigente y “la actitud del Gobierno” está provocando la reversión de concesiones de DPMT a industrias y particulares y el abandono de las obras de protección del litoral.

En 1988 se aprobó la Ley de Costas que marca un tratamiento conjunto para todo el litoral que, en lo que afecta a derechos privados, es para los populares “bastante restrictivo” ya que prevalece el dominio público sobre los títulos privados cuando haya causa para ello. El programa de Feijóo valora que esta prevalencia ha derivado en la pérdida de propiedad privada de los bienes que puedan estar incluidos en el dominio público, sin compensación económica pero con derecho a una concesión administrativa.

Contra los ocupantes de la costa

En 2014 se aprobó el reglamento de la Ley de Costas que estuvo en vigor hasta 2021, cuando la Ley de Cambio Climático modificó algunos de sus criterios. El PP lamenta ese cambio, que se hizo “pese a las numerosas alegaciones”, dado que provocaba “un número considerable de arbitrariedades” en favor de la administración y en contra de los derechos de los ocupantes de la costa.

Además, el PP está en contra de como se determina el límite del DPMT. Si antes se consideraba que llegaba hasta donde alcanzaran las mayores olas al menos cinco veces en cinco años, la ultima modificación de 2022 reducía a que fuera suficiente con una sola vez.

Además, el PP rechaza que no exista la posibilidad de revisar deslindes hacia el mar si se verifica que no ha llegado oleaje a una zona en 50 años o bien que se prohiban las concesiones o prórrogas cuando las obras o instalaciones tengan un cierto riesgo de ser alcanzadas por el mar.

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