Cuarenta falleros allanarán el camino para cambiar el Reglamento de la fiesta

La Interagrupación es la única entidad que ha presentado una propuesta. Que por lógica debe aprobarse ante la falta de alternativas. La clave del anteproyecto consiste en elaborar dos mesas. Una, de 15 falleros, encargados de confeccionar las normas de funcionamiento (requisitos para poder ser congresista, plazo de presentación de enmiendas, número de mesas de trabajo...). Y otro, más trascendente, que elaborará un Anteproyecto de nuevo Reglamento Fallero que, tomando como punto de partida el ya existente, sirva de texto base sobre el que presentar inmiendas y que lo compondrán 25 personas.

«Se está abierto a cualquier alternativa» se asegura desde los impulsores de la iniciativa. Esto es: o coger el actual texto y dejarlo sin tocar o hacerle alguna limpieza previa desde el sentido común. Aunque tanto a una como a otra alternativa es a las que se le presentarán las enmiendas. Se impone que, entre los componentes de esa mesa, haya no sólo falleros expertos en la propia fiesta, sino en aspectos jurídicos.

Lo que sí es seguro es que se eliminará la Disposición Adicional que obliga a convocar un Congreso Fallero para mover una coma del texto. Y que, por contra, pueda hacerse a través de mayorías cualificadas de la asamblea de presidentes.

El traslado de estas normas a la asamblea de febrero se hace con la intención de que, nada más acabar las fiestas, se empieza con estos trabajos. De tal manera que se pudiera llegar al tramo decisivo del ejercicio 2022-2023 con el congreso ya celebrado y la nueva constitución fallera ya aprobada.

Es importante a nivel formal reformar el articulado, especialmente en lo tocante a términos, por ejemplo, de igualdad -hay partes del texto que, ahora mismo, podrían hasta chocar con la Constitución Española-. Y luego hay aspectos de fricción. Por ejemplo, lo tocante a la lengua. Hace veinte años, el anterior congreso aprobaba la utilización de las normas de la RACV. Lo que provocó que el ayuntamiento lo echará atrás -el entonces concejal Alfonso Grau no dudó en tildar de «fascistas» a autores de llibrets que hicieron un manifiesto en contra-atendiendo a que un organismo oficial no puede aceptar más normativa que la oficial.

En la actualidad, el texto establece que «Sin que ello afecte en absoluto a la libertad de expresión de todas y cada una de las Comisiones Falleras, la Junta Central Fallera, como organismo autónomo del Exmo. Ayuntamiento de Valencia, se acomodará, en cuanto a la ortografía y vocabulario de la lengua valenciana, a lo que dictamine la Academia Valenciana de la Lengua»; es decir, libertad para las comisiones y normas oficiales para la JCF y normalidad absoluta.

La idea para evitar el conflicto sería explicitar en el texto la existencia de distintas sensibilidades -apoyándose en dictámenes del Síndic de Greuges- y evitar tanto la especifidad exclusiva de la normativa oficial como que el sector favorable a la RACV pudiera dominar ese debate y dar "oficialidad" a sus normas, a sabiendas que el ayuntamiento lo volvería a echar atrás pero, a la vez, respetar la oficialidad lingüística. Con todo, el actual texto reglamentario no ha cambiado la realidad del día a día: las comisiones se siguen expresando como quieren -en todo caso, las que utilizan el valenciano de la RACV saben que no pueden optar a los premios de la Consellería de Cultura-, los poetas siguen ejerciendo profesionalmente de elaborar "llibrets" y la JCF no deja de permitir la entrega de los premios de Lo Rat Penat en el reparto oficial del 16 y 17 de marzo a pesar del elevadísimo número de galardones.

La otra cuestión clave es la posibilidad de que haya un proceso secesionista, para separar a la Junta Central Fallera del Ayuntamiento. Una corriente que, aunque siempre ha existido, no parece ahora en el debate. La necesaria colaboración municipal para sacar adelante las Fallas de pandemia y los más que cuestionables resultados que se han dado con la independencia de las Hogueras en Alicante han reforzado la sensación de que, con las virtudes y defectos que supone tener de presidente un concejal, la tutela se hace necesaria aunque sea por pragmatismo.