Tres años de juicios para cobrar 200 € más en un taller de empleo de Alcàsser

Nueve trabajadores del taller ocupacional de administración y gestión de archivos, subvencionado por Labora, ya han cobrado los 7.127 euros que les adeudaba el Ayuntamiento de Alcàsser desde 2019. Ha tenido que ser el Tribunal Supremo, quien desestimara el recurso municipal y ratificara una sentencia del Juzgado de lo Social nº 12 de València, que ya en 2021 condenaba al gobierno de Eva Zamora a abonar 994,09 euros a cinco personas, y 539.36 euros al resto, que corresponde a la diferencia entre el Salario Mínimo Interprofesional de 2018 que cobró la plantilla, y el de 2019, que incluye por Ley. Así, en el año 2019 a las personas participantes en el taller se les cotizó a la Seguridad Social por el SMI de 2019 a razón de 1.050,00 euros al mes por doce pagas, si bien siguieron percibiendo a razón de 858,55 euros al mes por todos los conceptos, en función de las horas de trabajo.

Para cobrar esos apenas 200 euros de diferencia, los afectados han tenido que esperar cuatro años y al menos tres juicios, debido a los continuos recursos impuestos desde los servicios jurídicos municipales. “Ya no era por el dinero, era por justicia. El juzgado ha reconocido que teníamos razón frente al ayuntamiento. Lamentamos y no entendemos que la alcaldesa haya recurrido hasta el Supremo, pagando abogados con fondos públicos, para intentar que no cobráramos lo que es justo por ley”, señalan los afectados, quienes destacan el apoyo que sí han recibido del próximo alcalde, Alberto Primo, quien ha ganado las elecciones con el PP con mayoría absoluta y que será investido como primer edil este sábado. También desde Compromís, su portavoz Isabel Parra, se ha mostrado muy contenta por “poder celebrar que se ha hecho justicia!. El Supremo no admite el recurso del Ayuntamiento de Alcàsser por abonar el SMI”.

Los hechos se remontan a 2018. La plantilla del taller ya denunció a Levante-EMV en noviembre de 2019 que les hicieron firmar el contrato el 28 de diciembre de 2018, acudieron al centro a hacerse la foto y luego les dieron vacaciones hasta el 7 de enero, que es cuando realmente empezaron el taller. Aseguraban que esta acción se debía a una “treta” para no pargar el mínimo salario interprofesional que entraba en vigor el 1 de enero de 2019. De hecho, el equipo sí que cotizaban sobre el SMI de 2019, pese a no cobrar como tal, algo que reconoce el juez en su sentencia. «Es pues evidente que la pretensión de los actores de que se les aplique el SMI de 2019 es ajustada a derecho, al igual que ocurre con la preceptiva obligación de cotizar con arreglo a dicho SMI», dictamina.

Tras la primera sentencia condenatoria en diciembre de 2020, la alcaldesa, Eva Zamora, ya aseguró a este diario su intención de recurrir, ya que ”no estamos de acuerdo en los cálculos de cobro realizados por el juez”. En dicha pretensión llegó hasta el Supremo, que ha ratificado sentencia y el consistorio por tanto ya ha abonado lo adeudado, más intereses. En concreto los que debían cobrar 994 euros han cobrado 1115.20 € y los de 539,36€ unos 620 euros.

Empleo ya avisó al consistorio que debía pagar

La denuncia no fue solo impuesta ante el ayuntamiento sino también ante Labora, ya que el curso era subvencionado por la Generalitat Valenciana. Por ese motivo, los afectados, en su día, decidieron ponerse en contacto con el director de Labora, Enric Nomdedéu, quien al descubrir su situación les reenvió un escrito que fue remitido a todos los ayuntamientos que estaban con esa misma problemática y a la que tuvo acceso este diario, diciéndoles que eran ellos los que debían asumir la diferencia salarial. En dicha misiva aseguraba que se podía sufragar este mayor gasto con cargo a la aportación municipal, tal y como hicieron otros consistorios de la comarca.