La agresión homófoba en Barrio del Cristo revela que las cámaras no están activadas

Compromís, PP y Vox, en la oposición, han solicitado al gobierno socialista de Aldaia un pleno extraordinario para esclarecer la actuación de la Mancomunitat del Barrio del Cristo en torno a la agresión homófoba que tuvo lugar durante la celebración de las fiestas del Barrio del Cristo el 26 de agosto, y donde, según ellos, se pueden observar algunas irregularidades en cuanto al tratamiento a la víctima como en la función de las cámaras de vigilancia, ya que no se tiene constancia de que se cuente con el permiso de Delegación de Gobierno para poder usarlas por temas de seguridad.

Ha sido precisamente la petición del agredido de poder usar las grabaciones para su defensa ante el juicio cuando se ha revelado que las cámaras situadas en la calle Santísimo Cristo no están activadas para velar por la seguridad, sino meramente para controlar el tráfico. Una afirmación que contrasta con el anuncio del concejal delegado de Barrio del Cristo por Quart de Poblet, José Zapata, cuando en 2022 informó que se colocaban las cámaras para vigilar 24 horas ante posibles vandalismos.

Ante esta disparidad, los consistorios de Quart y Aldaia han informado a Levante-EMV que según la legislación actual, la activación de cámaras destinadas al control de tráfico no requiere formalizar una petición a la Delegación del Gobierno, sino una única comunicación. Por su parte, "cuando la activación de las cámaras se destine al control de la seguridad ciudadana, sí que será necesario pedir la autorización pertinente. Por eso, y ante la duda de si alguna de las cámaras instaladas, además de para controlar el funcionamiento del tráfico, pudieran servir también para regular la seguridad ciudadana, estamos estudiando la casuística de cada una de ellas de forma individual antes de activarlas previa comunicación a Delegación, o bien pedir permiso para su activación".

Es decir, reconocen que de momento las cámaras solo son usadas para controlar el tráfico pero abren la posibilidad de usarlas para vigilar las calles, algo que se daba por hecho después del anuncio del concejal en redes en 2022. Es por eso que el concejal de Compromís, Lluis Albert Granell, solicitó en una comisión la posibilidad de que el agredido pudiese obtener las grabaciones para su defensa. "Y fue ahí cuando el intendente de la Policía aseguró que no tenía constancia de las cámaras y nadie me supo contestar cuándo se habían puesto, para qué, y quién las visionaba. Tampoco si tenían el permiso de la delegación de Gobierno", asegura el edil. Preguntas que no fueron contestadas y que ha motivado la petición de un pleno extraordinario, después de "la falta de control y comunicación entre la entidad matriz y la propia Mancomunidad que dificultan, a su vez, la labor de fiscalización de la oposición que únicamente dispone del pleno de la corporación del ayuntamiento de Aldaia para desempeñar esta función", denuncian.

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En ese sentido, derecha y valencianistas se unen para solicitar un pleno extraordinario "donde poder realizar todas las preguntas que no se nos responden en los plenos y comisiones ordinarios en tanto en cuando se dé solución a la composición claramente antidemocrática de esta entidad en la cual no tienen representación todos los ciudadanos de Aldaia", en referencia a la falta de representación política en la Mancomunitat, compuesta solo por miembros de los gobiernos de Aldaia y Quart, ambos socialistas.

"Hace falta un protocolo específico para delitos de odio, estamos desamparados"

Otras de las irregularidades está en el protocolo de actuación. Desde Compromís pidieron a la Mancomunitat del Barrio del Cristo el protocolo de actuación "y nos enviaron la guía de actuación interna sobre actuaciones sobre casos de violencia de género. Consideramos pues que no hay un protocolo específico de delitos de odio y por tanto solicitamos que se creara uno, hasta la fecha no tenemos constancia de que se esté haciendo y por eso también pedimos el pleno extraordinario", señala.

Cronología de los hechos

En el pleno también piden al gobierno de Aldaia y la Mancomunitat que pase en una cronología de las actuaciones llevadas a cabo en relación a la agresión homófoba del 26 de agosto, y "detallar la hoja de ruta de la defensa jurídica del agredido", quien ha solicitado un abogado y quien no tuvo una llamada telefónica de parte de los gobiernos hasta casi tres semanas después de la agresión.

En ese sentido, los gobiernos de Aldaia y Quart Cuando aseguran a este diario que cuando tuvieron acceso al atestado policial y recabaron la información pertinente, "nos pusimos en contacto con la persona afectada y le hemos ayudado en todo lo que está a nuestro alcance".

Explican que se ha realizado el seguimiento del caso y se ha ofrecido a la persona afectada todos los recursos de los que se dispone en materia de asesoramiento. "Tenemos una oficina en la que hay personal especializado en delitos de odio y que puede asesorar en todo momento a la víctima. Desde el Barrio del Cristo (Aldaia y Quart) somos muy sensibles a esta cuestión y vamos a seguir trabajando para mejorar, en la medida de lo posible, ya que hay servicios que exceden de nuestras competencias, como la asistencia jurídica", señalan.

De todas formas, la oposición en Aldaia pide a la entidad que "depuren responsabilidades políticas por la falta de actuación y apoyo jurídico a la víctima por parte del Ayuntamiento de Aldaia y la Mancomunitat en tiempo y forma, así como por la instalación de cámaras de seguridad en el término municipal en caso de no estar estas permitidas".