Juzgados contra violencia machista: un buen plan que no respeta las excepciones

Tras presenciar en vivo y en directo, la comparecencia de la Consellera Bravo en la Comisión correspondiente de les Corts Valencianes, en la que dio explicaciones sobre los objetivos de la Agrupación de Juzgados de violencia de género, no se puede más que aplaudir con las orejas.

Como integrante de una Asociación feminista, radicada en Xàtiva y que lleva 20 años trabajado por la igualdad y contra la violencia de género, es preciso apoyar la ingente tarea desarrollada desde la Consellería y el Gobierno de la Generalitat valenciana para crear una serie de servicios y recursos en el ámbito judicial que configuren una extensa red de apoyo y protección a las víctimas de la violencia machista.

Como XATEBA, existen Asociaciones de mujeres en muchísimas localidades del País Valenciano que desarrollan una labor poco visible pero enormemente necesaria dirigida fundamentalmente a la sensibilización y formación en igualdad y violencia de género. Y que además han mantenido una constante presión sobre instituciones, medios de comunicación y sociedad en general destinada a generar la conciencia social necesaria para convertir la violencia machista en un asunto de derechos humanos, de vida o muerte, respecto al cual -excepto los más recalcitrantes y obtusos- no tienen más opción que actuar sin reservas.

Siendo nuestros objetivos transparentes y ajenos a cualquier interés partidista o corporativo, coinciden plenamente con el planteamiento integral promovido desde la Consellería, que trabaja por crear un sólido edificio judicial donde las víctimas sean atendidas para que dejen de serlo y se conviertan en supervivientes. Un modelo judicial basado en dos premisas, la especialización y la proximidad, según criterios del CGPJ, que ciertamente secundan dos de los principios ya establecidos desde la ley 1/2004, de Medidas contra la Violencia de Género.

Sin embargo, en el caso de Catarroja y también del partido judicial de Xàtiva, que queda adscrito al Juzgado especializado de Alzira de nueva creación, el criterio de proximidad se sacrifica, como resulta evidente consultando un mapa. Las víctimas de municipios como Fuente la Higuera a 70 Km, Moixent a 55 Km o Navarrés a 45 deberá recorrer más de 100 Km en trayectos de ida y vuelta, que superan en mucho la media de 40 Km recomendada desde el CGPJ. Un viaje de frecuente repetición ya que será necesario no solo para la presentación de la denuncia sino para todas las gestiones derivadas (divorcio, custodia…). Un trayecto que exige mucho coraje y también la discreción que un taxi no puede facilitar.

En el debate abierto, se establece con frecuencia la analogía con las urgencias médicas, que hacen preferible ser atendidas por un servicio de cardiología hospitalaria en la población de referencia que por un modesto ambulatorio de pueblo. Pero se olvida el factor supervivencia, porque tal vez la atención inmediata y accesible, por lo menos en primera instancia cuando están cerrados los cuarteles de la Guardia Civil y Policía Nacional, salve las vidas de mujeres cuya denuncia se apoya en la cercanía y la viabilidad.

Xàtiva es por eso, una excepción como así ha reconocido la Consellera, que se sale de la norma establecida, por lo que no le son de aplicación todas las ventajas y virtudes que ha desgranado minuciosamente en su comparecencia. Y a las excepciones hay que responder con medidas excepcionales como podría ser el mantenimiento de las competencias en materia de violencia de género del Juzgado de Instrucción nº 2 de Xàtiva, como venía sucediendo hasta la fecha.

No parece una petición desorbitada o irracional. No genera gasto adicional, no interfiere en otras decisiones y mantiene una situación satisfactoria para las partes implicadas. Quizás no sea la solución definitiva, pero apaga un fuego que está quemando un proyecto ambicioso y eficiente que solo yerra en la atención a las situaciones excepcionales que no pueden consentir que las borren del mapa.