Los viajes del Imserso

Ahora, que estamos cerca de cumplir las cuatro primeras décadas de los viajes del Imserso, es buen momento para reflexionar acerca de lo que supone el desarrollo de políticas sociales acertadas, adecuadas y adaptadas a las necesidades de la población.

Es frecuente identificar este tipo de prácticas como gasto social, dando una imagen equivocada acerca de cual es el resultado de la inversión de un presupuesto público en beneficio de determinadas necesidades sociales.

Sin riesgo a equivocarnos, cuarenta años ya es tiempo suficiente para poder evaluar con escaso margen de error, podemos identificar como un gran acierto la puesta en marcha de un programa que ha supuesto enormes ventajas para gran número de ciudadanos, cuatro millones de solicitantes estaban inscritos en la última campaña, con una media anual de adjudicatarios que se sitúa alrededor del millón de pensionistas.

Más allá de las cifras, podemos concluir que esta acción institucional ha supuesto enormes beneficios sociales, como facilitar el acceso universal al turismo, democratizando la posibilidad de viajar. Además de entretenimiento y ocio, fomentan la interacción social actuando como un elemento de lucha contra el aislamiento y la soledad, de manera que indudablemente mejora la calidad de vida de las personas mayores que participan.

Si dejamos de lado este tipo de beneficios, que son los que le ofrecen sentido a la actuación institucional, nos encontramos con un importante soporte para la creación y el mantenimiento del empleo y para estimular la economía local de aquellos destinos a los que se desplazan personas mayores que generan ingresos en hoteles, restaurantes, tiendas y otros negocios locales. Sin duda, ha sido un elemento crucial para mantener un sector estratégico de la economía nacional.

No es el único caso de políticas sociales en cuya aplicación ocurre algo similar, si desplazamos la mirada y la situamos en el despliegue de medidas resultantes de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida popularmente como la Ley de la Dependencia, podemos hacer un análisis parecido, ya que, junto a la finalidad principal, atender a personas que se encuentran en una situación de grave necesidad, el resultado ha sido la creación de miles de puestos de trabajo vinculados al desarrollo de la Ley.

Solamente son dos ejemplos que nos deben de ayudar a situar los beneficios que tiene realizar políticas preventivas en materia social, de lucha contra la pobreza, a favor de jóvenes en situación de riesgo social y de apoyo a las familias. Está suficientemente demostrado que resulta una inversión mucho más rentable y eficiente el despliegue de medidas sociales que aplicar las actuaciones correctivas como consecuencia de no haber actuado previamente.

Esta reflexión es indispensable en momentos en los que está denostada la intervención de los poderes públicos, que se critica las políticas asistenciales por parte de algunos grupos desinformados, o por aquellos que, con una mirada miope, piensan que no van con ellos ese tipo de destino presupuestario, Ambas miradas se equivocan meridianamente, la intervención institucional para combatir la precariedad y la desigualdad son una vacuna para combatir la fractura social y, además, tienen mucha más utilidad que otros gastos del erario público como elemento dinamizador de la economía.

Mientras preparaba este artículo llegan noticias altamente preocupantes, declaraciones textuales del presidente argentino en Madrid, identificando los impuestos como un robo y calificando a la justicia social como algo aberrante. Sinceramente es momento de tomarse en serio la defensa de lo que tanto nos ha costado construir.