Casi la mitad de los ayuntamientos de la Ribera han asumido gastos ajenos al presupuesto

El Síndic de Comptes deplora la normalización en las administraciones locales de aquellos acuerdos que van contra el criterio de la Intervención

Tres de los veintidós consistorios que reconocen ingresos anómalos son de la comarca

Fachada del Ayuntamiento de l'Énova, en una imagen de archivo.

Fachada del Ayuntamiento de l'Énova, en una imagen de archivo. / Agustí Perales Iborra

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

No es la norma, pero sí una práctica recurrente en las administraciones públicas locales. Una veintena de ayuntamientos de la Ribera realizaron pagos fuera de presupuesto, según se desprende del último informe realizado por el Síndic de Comptes, referente al ejercicio 2022

El documento destaca una serie de anomalías en la rendición de cuentas de los consistorios y señala a aquellos con más incumplimientos. Por un lado, pone el foco en aquellos que adoptaron acuerdos a pesar de los reparos que ponía el área de Intervención. En el caso de la Ribera, fueron veintiuno los que, en algún momento del ejercicio fiscalizado, incurrieron en esta práctica: Alberic, Algemesí, Alginet, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Castelló, Catadau, l’Énova, Guadassuar, Llaurí, Manuel, Montroi, Montserrat, Riola, Sant Joanet, Sollana, Sueca, Sumacàrcer y los de las tres entidades locales menores: la Barraca, el Mareny y el Perelló.

El informe señala, sobre los acuerdos contrarios a las objeciones de la Intervención, que gran parte de estos gastos se destinaron a contrataciones. En menor medida, se dedicaron a gastos de personal. De igual modo, el Síndic indica que la mayoría de los reparos tenían su origen en la omisión de expedientes o «trámites esenciales». Por último, hace especial hincapié en que «la gran mayoría de los acuerdos contrarios a objeciones fueron adoptados por el presidente de la entidad local». 

Procesos de contratación

El análisis del ejercicio 2022 que realiza la Sindicatura se centra, también, en detectar la existencia de expedientes cuya fiscalización previa se ha omitido. Algo que sucedió en hasta diez ayuntamientos de la comarca: Alberic, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benifaió, Carcaixent, Catadau, Guadassuar, Manuel y Turís. 

Al respecto, se apunta que la causa más frecuente que se encuentra es la falta de tramitación del expediente correspondiente. Además, administraciones locales utilizan, en ocasiones, procedimientos de contratación incorrectos.

Exterior del Ayuntamiento de Algemesí.

Exterior del Ayuntamiento de Algemesí. / Levante-EMV

El tercero de los aspectos que resalta el Síndic es la existencia en las cuentas de anomalías en el apartado de ingresos. De las veintidós entidades que comunicaron la existencia de estas irregularidades en el conjunto de la Comunitat Valenciana, tres fueron ayuntamientos de la Ribera: Alberic, Carcaixent y Sueca.

En referencia a este aspecto, el mismo informe pone de manifiesto la naturaleza de estas anomalías provino, mayoritariamente, de impuestos locales y tasas. También de precios públicos e ingresos patrimoniales.

Mejorar el control interno

Por último, el Síndic también menciona aquellos ayuntamientos que excedieron el plazo habilitado para remitir sus cuentas. En la comarca, fue el caso de: Albalat, Alcàntera, Benimuslem, Carcaixent, Cullera, l’Énova, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sollana, Tous y el Perelló. Suele ser más habitual en poblaciones pequeñas, con menos recursos económicos y de personal.

Más de una decena de poblaciones presentan la información sobre sus cuentas fuera del plazo establecido

El Síndic concluye su informe con una serie de recomendaciones a los ayuntamientos, a los que insta, por ejemplo, a establecer las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno «para que la función interventora pueda llevarse a cabo de manera efectiva». 

«Los órganos de gobierno y de gestión no han de considerar como una conducta ordinaria y normal el funcionamiento a través de acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos y la reiteración de objeciones e informes desfavorables de la Intervención», sentencia.

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