En marcha la deliberación sobre la caducidad de la ATE

A puerta cerrada, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana comenzaron ayer las deliberaciones secretas para decidir si la ATE (Actuación Territorial Estratégica) del Nou Mestalla está debidamente caducada o, por el contrario, debe seguir vigente, prorrogándose hasta 2030, y con ella los aprovechamientos urbanísticos que lleva aparejados el plan que regula el derribo del actual Mestalla, la construcción del futuro estadio y la permuta de terrenos. Es el principal conflicto urbanístico que enfrenta al Valencia CF con la administración y del que depende no únicamente las condiciones para la finalización de las obras del recinto de Corts Valencianes, sino también la fortaleza negociadora de Peter Lim para fijar un precio de salida a su mayoría accionarial en el club. Con independencia del fallo, cabe la posibilidad de que cualquiera de las dos partes presenten un último recurso ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados reunidos vincularán en una única resolución conjunta, tanto la caducidad anticipada de la ATE, como la denegación de la prórroga hasta 2030. Además de la Administración, también se ha personado en el caso plataformas opositoras a Peter Lim, como Libertad VCF y De Torino a Mestalla, convencidas de que el tribunal deniegue la petición del club valencianista.

El caso se remonta al verano de 2022 cuando el pleno del Consell decidió resolver de forma anticipada la caducidad de la ATE, siguiendo las instrucciones técnicas de los informes de Abogacía de la Generalitat, así como del Consell Jurídic Consultiu, que adujeron de forma contundente que el Valencia había incumplido los hitos previstos en las primeras fases de la actuación. Un varapalo para Meriton Holdings, ya que con esta decisión el club predía los beneficios urbanísticos derivados en la ATE.

En última instancia, el Valencia presentó el informe municipal del secretario del ayuntamiento de València, rubricado el pasado 20 de febrero, que confirmaba que las licencias urbanísticas para la construcción del Nou Mestalla seguían vigentes. Un informe que desestimaba la petición del exvicepresidente del club, Miguel Zorío, para que se dictase la caducidad de las licencias de obra del futuro recinto.

La denuncia, por otro lado, ha reavivado los focos de desencuentro en la política municipal. Desde el PSPV se criticó que el equipo de gobierno integrado por la coalición Partido Popular-VOX no exigiera al Valencia la retirada de dicho proceso judicial, como condición innegociable para la concesión de las fichas urbanísticas. Además, los grupos opositores acusaron al gobierno de María José Catalá de tratar de favorecer los intereses de Peter Lim, mediante el mencionado informe municipal, que rechazaba la cancelación de la licencia de obras, al no encontrar indicios de una «voluntad inequívoca» por parte del club de abandonar la obra.