Las plataformas vecinales se organizan contra los alquileres abusivos: "Hay que frenar esta locura"

En València hay una decena de pisos alquilables a no más de 700 euros. Son las únicas gangas de la ciudad, pero casi todas esconden letra pequeña. Entre la exigua oferta asequible en barrios periféricos aparecen viviendas que no superan los 30 metros cuadrados, o que están en cuartas plantas sin ascensor, o que se alquilan de manera estacional. En el momento de hacer este reportaje hay un piso con buen aspecto. Un bajo de 80 metros en Tres Forques. 700 euros mensuales y el seguro de impagos a cuenta del inquilino. “Para visitar el inmueble pulsa 1”, dice una grabación al otro lado del teléfono. “Si la suma de los ingresos de todos los inquilinos es tres veces el precio del alquiler, pulsa 1”. “Si ninguno de los futuros inquilinos aparece en listados de morosidad, pulsa 1”. “Si todos los futuros inquilinos tienen una continuidad laboral de más de un año, pulsa 1”... Finalmente atiende la llamada una operadora e indica: “El piso sigue en Idealista pero ya ha sido reservado. Había muchísima gente interesada. Lo siento”. El anuncio de este bajo sin amueblar ha recibido 13.366 visitas y se ha guardado como favorito 912 veces. 

El ejemplo sirve para ilustrar la realidad de los alquileres en València. Poca oferta frente a una demanda desbordada. Pisos caros en barrios sin tirón turístico. Máxima protección ante el moroso. Y procesos de selección propios de concursos televisivos que agotan al arrendatario y al arrendador, pese a lo lucrativo del negocio inmobiliario. En los últimos quince meses, según el último informe de la Cátedra Observatorio Vivienda de la UPV, el coste de los arrendamientos en València se ha incrementado un 29 %. El alquiler medio de un piso de 70 metros cuadrados en la capital del Túria ha pasado de 1.201 euros en verano de 2022 a 1.571 euros este otoño. Un subidón que obliga a las familias a destinar el 80 % de su renta. 

Contra este escenario, y alentadas por el éxito de la plataforma ciudadana conocida como “la Mataobras”, se están organizando iniciativas vecinales para denunciar –en las redes y en los juzgados– casos concretos de alquileres abusivos. En los últimos días ha empezado a despegar en Instagram la plataforma “Mipisitoimposible”, un canal que rastrea alquileres en Idealista y recaba historias de abusos inmobiliarios en diferentes barrios de València. Algo así como el popular “Zulista” pero localizado en la capital del Turia. 

“Monté la página en verano porque me extrañó que no hubiera nada así en València y un poco para desahogarme; llevaba un año buscando piso asequible sin éxito”, cuenta Lara, de 29 años, impulsora de esta nueva plataforma para denunciar los alquileres abusivos. “Al final tuve muchísima suerte. Encontré un piso por 450 euros de una señora del Cabanyal que quería a alguien del barrio. La mujer estaba agobiadísima porque la había llamado demasiada gente. Y yo tuve que luchar por la casa”. El premio a esa lucha fue un alquiler con un precio inexistente hoy en València pese a sus condiciones: un quinto sin ascensor, muy viejo y con ventanas que dejan pasar el frío.  

El subidón del alquiler en Valencia obliga a familias a destinar el 80 % de su renta

“Mipisitoimposible” está empezando a ser una herramienta para canalizar la frustración de muchos inquilinos. Los testimonios se acumulan. Una persona paga 650 euros por su piso en Ángel Guimerá y en el mismo edificio acaban de alquilar otro por 1.400 euros. “Si mi casero decide largarme, no podré vivir en mi barrio”, lamenta. Otra persona paga 550 euros y le han subido a 850 “así por la cara”. Ana se ha mudado a Noruega porque el equilibrio sueldo-alquiler en València estaba roto. “En Noruega cobro el doble y también pago 700 euros”, cuenta a Levante-EMV. 

Contra estas mudanzas involuntarias se revuelve “Mipisitoimposible”, y en su conversación con los inquilinos hastiados Lara está tratando de organizar una respuesta. “Hay que frenar esta locura”, dice, algo que en el Sindicat d'Habitatge de València llevan tiempo poniendo en práctica. La plataforma de movilización ciudadana –y grupo de presión– ha unificado a los sindicatos de vivienda de Cabanyal, Orriols, Malilla, Monteolivete y Burjassot bajo una misma plataforma vecinal que se reúne un día a la semana para consensuar su respuesta ante las subidas de precio y las amenazas de desahucio. 

Algunos ejemplos: el Sindicat d'Habitatge evitó que una multipropietaria con más de diez viviendas echara a Olga de su piso en el Cabanyal con el único pretexto de subir el alquiler. También negoció con la casera de Olga en Orriols para que la dejara continuar en un alquiler del que le quedaban tres años de contrato –”cuando vimos que tenía contrato en vigor llamamos a su casera y se puso muy violenta, quería tirarla para cobrar más”, cuentan–. Y está siguiendo el caso del bloque número 73 de la calle Vicent Brull, comprado por un fondo de inversión para desgracia de las ochos familias que no han renovado sus contratos de alquiler. 

Contacto entre plataformas

El recuento de afectados tiende a infinito pero la aparición de iniciativas ciudadanas y la creciente popularidad de “la Mataobras” –más centrada en los apartamentos turísticos– concede cierto alivio frente a la crisis de los alquileres. La adhesión a las cuentas críticas con el subidón de los precios demuestra que hay necesidad de buscar soluciones. Y desde “la Mataobras” ya han comenzado. Según cuenta su portavoz a este periódico, la plataforma acaba de contactar con “Mipisitoimposible” y el Sindicat d'Habitatge para reclamar conjuntamente modificaciones en las políticas de vivienda y turismo. La hoja de ruta está clara: contener la escala de de precios de alquiler y limitar la proliferación de bajos turísticos. 

Ambos aspectos están íntimamente relacionados. “A mí me están llegando casos de gente que está de alquiler en un edificio y les dicen que no les renuevan porque quieren destinar el edificio completo a viviendas turísticas”, cuenta María, portavoz de “la Mataobras”. “Cuando hay una presión turística y especulativa en la vivienda los precios de los alquileres también se disparan”, señala la activista.

La renta que hace falta en València para alquilar supera en 16.000 € la de comprar

Este efecto colateral puede darse igualmente cuando la normativa descuida la raíz del problema. Lo explica Nacho Collado, letrado especialista en derecho a la vivienda de la cooperativa El Rogle: “Las regulaciones tienen que ser complejas, si limitas los precios del alquiler por zonas pero no regulas el mercado turístico, abres una puerta de escape de las viviendas residenciales al mercado del alojamiento turístico. Esto ocurre porque no hay una educación de la función social de la vivienda. Cada uno es un rey de taifas en su propiedad”, lamenta. 

En este sentido, el abogado reclama que la ley trascienda la emergencia habitacional y aborde el problema desde diferentes ámbitos: mayor desarrollo normativo de la función social de la vivienda y educación para que la gente interiorice dicha función. “El inquilino está indefenso. Vemos muchas subidas que duplican y triplican el alquiler anterior, algo que en la práctica es un desahucio indirecto. Hay gente que se pasa años con la tensión y el caos de no saber si podrá seguir o no en su vivienda un mes más y esta situación no solo la provocan los grandes tenedores y fondos de inversión. El mercado del alquiler es mayoritariamente de pequeños propietarios”, cierra el abogado.