Los inquilinos de alquileres municipales no pagarán más del 25% de sus ingresos

La presión ejercida por las familias arrendatarias de Aumsa parece haber surtido efecto. A primera hora de la mañana, antes del pleno municipal, los inquilinos de las viviendas públicas de València han parado su propuesta en sede plenaria para dialogar con la alcaldesa María José Catalá y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, quienes se han comprometido a limitar el precio de las viviendas de Aumsa de tal forma que las familias vulnerables no dediquen más del 25% de sus ingresos a cosear los alquileres municipales. Además, el edil de Urbanismo les ha asegurado que la revisión particular del sobrecoste se hará con carácter retroactivo.

El tope al precio según las rentas sigue el modelo instaurado por la Entitat valenciana d'habitatge i sòl (Evha) y satisface una demanda reclamada por los inquilinos en las manifestaciones públicas y privadas de las últimas semanas, con un pico de indignación cristalizada en la asamblea del pasado martes 23 de enero, cuando una amplia mayoría votó en asamblea a favor de no pagar los incrementos de sus alquileres. Más tarde, el Consejo de Administración de la empresa municipal de actuaciones urbanísticas (Aumsa) aprobó iniciar los trámites para modificar los criterios de la citada sociedad en la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler asequible de forma que se valoren situaciones de especial vulnerabilidad de las familias demandantes de una vivienda.

Los inquilinos de las viviendas municipales de València deciden no pagar la subida de su alquiler

Asimismo, en lo relativo a las más de 500 familias que viven alquiladas en viviendas de Aumsa a las que se este año se les ha acabado la bonificación que venía aplicando, el ayuntamiento acordó revisar caso a caso sus contratos de alquiler. La situación económica de los arrendatarios puede haber cambiado y se revisará para comprobar si encajan en el perfil de posibles beneficiarios, apuntaron el viernes fuentes municipales. 

Esta revisión beneciará a las rentas más bajas y la veintena de manifestantes reunidos a las puertas de Diputación –sede transitoria del pleno– han celebrado el buen trato y la predisposición de sus interlocutores a resolver su malestar. "Es de agradecer que hayan tenido la paciencia de atendernos a todos", han comentado los inquilinos tras la reunión informal.

"El ayuntamiento no puede ser un agente inmobiliario"

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, también se ha reunido esta mañana minutos antes del pleno "con los afectados del sablazo de María José Catalá" al alquiler de las viviendas de Aumsa para transmitirles el respaldo del grupo socialista.

Gómez ha recordado que los socialistas han presentado una moción al pleno para que el gobierno municipal mantenga las bonificaciones en el alquiler de las viviendas públicas que Catalá ha eliminado. “El Ayuntamiento de la señora Catalá no puede comportarse como un agente inmobiliario que tensa más que ningún otro operador el mercado del alquiler cuando existe un problema en la ciudad evidente con el acceso a la vivienda”, ha dicho.

“Y eso es lo que hace Catalá subiendo una media de 2.000 euros más al año el alquiler a todas las familias que hoy tienen una vivienda pública de este Ayuntamiento, a familias que cuentan con 1.000 o 2.000 euros al mes. Porque esa es la política de la señora Catalá, gobernar para los suyos o para los que ella entiende que tiene más afinidad mientras carga todo el coste de las políticas públicas sobre las familias más vulnerables”, ha continuado.

Gómez se ha referido, en este sentido, a la política fiscal que ha desarrollado el PP de Catalá en apenas seis meses: “Aplicando una rebaja fiscal para los que más tienen mientras sube los precios de los alquileres de Aumsa o impone un tasazo del agua que implica una subida media de 180 euros para todas las familias sin que el Ayuntamiento haga absolutamente nada para compensarlo”.

La portavoz socialista ha incidido en que los precios del alquiler en Aumsase establecieron bajo su presidencia, durante el anterior gobierno progresista, a pesar de las afirmaciones del portavoz del PP. “Fue durante mi presidencia de Aumsa cuando se establecieron las condiciones para el alquiler de las viviendas públicas. Es decir, que es falso que no se hayan ajustado desde 2013”, ha finalizado.

Negociar un nuevo convenio

Asimismo, Compromís ha defendido a través de una moción prorrogar, con fecha 1 de febrero de 2024 y durante un año, el convenio que ha venido funcionando entre Aumsa y sus inquilinos, así como iniciar las negociaciones para un nuevo convenio. La coalición valencianista propone que este nuevo acuerdo para el próximo año incluya bonificaciones en el alquiler de viviendas, trasteros y plazas de garaje. También que este convenio cuente con la participación de los representantes de los inquilinos y que tenga en cuenta modelos de éxito como el de la Entidad Valenciana de Vivienda y Sol (EVHA). Por ello, exige reconocer de nuevo a los representantes de las comunidades de vecinos y vecinas de Aumsa como interlocutores y reabrir la oficina de atención sin cita previa en el distrito de Ciutat Vella. Sin embargo, el gobierno municipal ha presentado una moción alternativa en la que Compromís se ha abstenido por considerarla insuficiente.

La portavoz de Compromís per València Papi Robles ha celebrado que Catalá “por fin haya cedido a escuchar a los vecinos afectados” y le recuerda que “usted están ahí para gestionar lo público, no para abocar sobre la gente su vocación frustrada de ser empresarios. Si quieren ustedes montarse una inmobiliaria, el Ayuntamiento no es el sitio”. Para Robles, la alcaldesa practica la "crueldad institucional" porque "ha dejado que se extinga un acuerdo municipal entre Ayuntamiento e inquilinos que tiene más de una década y, sin previo aviso, ha subido los precios de los alquileres públicos, de un día para otro, más de un 30 por ciento en muchos casos”. Por ello, ha pedido al gobierno municipal que rectifique y empiece a dialogar y negociar un nuevo convenio con las familias afectadas.