Hace un año la brecha abierta entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la entonces vicepresidenta, Mónica Oltra, parecía insalvable. Las cuentas se habían presentado fuera de plazo por primera vez en la historia, la tensión era palpable y las hostilidades, públicas. La cuerda, de tanto estirar, se había roto y de la sintonía del Botànic de años anteriores quedaba ya muy poco.
Un año después, el pragmatismo al que obliga la cercanía electoral, a cinco meses para que se disuelvan las Corts, el contundente triunfo del PP en las elecciones andaluzas de junio, o la participación de nuevos actores en el primer plano de la política valenciana, como la vicepresidenta, Aitana Mas, y el conseller de Hacienda, Arcadi España, han apaciguado el ambiente.
En pocos días, el Botànic ha pactado una reforma tributaria que beneficia a rentas de menos de 70.000 euros con efecto retroactivo, la subida de impuestos a las retribuciones más altas y ha cerrado el presupuesto de 2023 con un aumento importante del gasto real, además de la ley de medidas fiscales este viernes.
Y en las Corts el tripartito ha acordado la ley de la tasa turística y acaba de sortear el último escollo para aprobar antes de acabe la legislatura la ley de Cambio Climático, con un pacto esta semana también relacionado con los impuestos, en este caso a empresas por emisiones contaminantes y que tenía divididos desde hace meses a PSPV y Compromís.
Además, la crisis desatada por la destitución fulminante de la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, a manos de la vicepresidenta hace solo diez días, ha pasado pronto a la historia sin aparentemente más desperfectos para la coalición botánica que la bronca interna en Iniciativa, uno de los tres partidos de Compromís, una coalición que vive su propia batalla por el liderazgo futuro después de Oltra aunque sin que afecte, de momento, al Consell tripartito.
Existen tensiones, pero la cercanía electoral, el triunfo andaluz del PP o los nuevos actores han apaciguado el ambiente
Pero las tensiones propias de un gobierno de coalición nunca desaparecen. Hay fricciones que son eternas y algunas de ellas han vuelto a aflorar esta semana. Las enmiendas que Compromís ha presentado a los presupuestos del Estado para destinar a otras inversiones las previstas al proyecto de ampliación del Puerto de València o la terminal de cruceros han evidenciado de nuevo la lejanía de planteamientos entre los socialistas y sus socios sobre estas infraestructuras, como el by pass o la ZAL, otros choques eternos.
Inversiones en fotovoltaicas
También ocurre con las infraestructuras para la implantación de energías renovables, especialmente las plantas fotovoltaicas. Medio Ambiente acaba de desbloquear cien parques solares con una inversión de 1.600 millones, pero queda el filtro de Territorio, gobernado por los socialistas, donde Més, el principal partido de Compromís, mantiene una posición más férrea sobre el impacto que estos proyectos tienen sobre el paisaje y también sobre la autonomía de los ayuntamientos para decidir sobre estas instalaciones. La consellera, Rebeca Torró, anunció cambios en su departamento antes de la crisis por la salida de Mollà, pero estos aún no se han concretado.
Esta semana, el PSPV también ha chocado con sus dos socios, Compromís y Unides Podem, sobre los impuestos a la empresa familiar. Se trata de un viejo compromiso del propio jefe del Consell, el de bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones cuando se trate de empresas familiares y sin tope de facturación.
Hasta ahora ese tope estaba en diez millones de euros y las empresas que lo superaban, pagaban. Pero el PSPV ya ha anunciado una enmienda por su cuenta, que tiene visos de prosperar con el apoyo de PP y Cs, pero que irrita a los socios. Unides Podem considera desleal que se sacara esta cuestión del debate sobre la reforma fiscal, y Compromís rechaza lo que considera regalos fiscales a millonarios.
Eso solo esta semana porque los roces son también eternos en cuestiones como convertir al IVF en un verdadero banco público, la creación de una empresa pública de energía, el aumento del presupuesto de À Punt o el requisito lingüístico exigible a los altos funcionarios, un asunto que sigue pendiente de acuerdo a cinco meses de acabar la legislatura.
