"La vivienda por naturaleza no es un bien con el que especular. En 1950 más de la mitad de las viviendas de España estaban en alquiler y en las ciudades grandes superaban el 90 %. Pero en los 60 se dio la vuelta a la tortilla, y comenzamos a ser una sociedad de propietarios, tanto jurídica como culturalmente. Todas las leyes se adaptaron para favorecer el crédito hipotecario, que era el motor de crecimiento. Cuando construyes durante 50 años esta idea de la vivienda como un bien de mercado, revertir esto es un proceso largo, no son dos días".
Así, muy resumido, es como hemos llegado hasta aquí según Albert Noguera, director de la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad de la Universidad de València (UV) y catedrático de derecho constitucional. Participó este lunes en el congreso "Nuevos retos constituyentes: los derechos emergentes de la ciudad del siglo XXI". De eso habla en esta entrevista, de nuestras ciudades y de cómo solucionar el problema de la vivienda.
La parte mala es que va a costar mucho tiempo, la buena es que en la C. Valenciana ya hemos empezado. Noguera explica que "las leyes por el derecho a la vivienda son todavía muy recientes, por ejemplo, el derecho de tanteo y retracto (que da a la Generalitat preferencia de compra en grandes transacciones de vivienda) no se aplicó hasta el año 2020. Ha dado resultados, pero todavía es muy poco tiempo", remarca.
«La reforma de la sedición puede criminalizar más las protestas por el derecho a la vivienda»
En poco tiempo esta ley es culpable de la mayoría de adquisiciones para engrosar el parque público de la Generalitat Valenciana, que llegó a tener 37.500 casas a finales de los 80, pero que ahora tiene 14.600 después de dos décadas de abandono y venta de todos los pisos. Ahora, además de poca vivienda pública, los alquileres se han disparado y la juventud no consigue una vivienda para emanciparse ni con un buen trabajo a jornada completa. Pero para Noguera, la solución al problema de la vivienda tiene una receta clara: "la única manera que veo de arreglarlo es ampliar el parque público de alquiler", asegura.
Pero un parque público en condiciones tarda décadas en construirse, y a corto plazo las medidas no son tan sencillas. Para Noguera "la regulación de los alquileres es la medida que para mí sería más efectiva, pero eso tiene que pasar por la ley de vivienda".
Ley de vivienda y el Tribunal Constitucional
La ley está atascada y con dudas de si se aprobará esta legislatura. Y en cualquier caso, pendiente del Tribunal Constitucional. "La competencia de vivienda es de las comunidades autónomas, y la primera que intentó regular los alquileres fue la catalana, pero el Tribunal Constitucional la tumbó por entrar en competencias estatales. Pasó también con la ley valenciana de función social de la vivienda. Así que el estado ha decidido aprobar una ley que no es un paraguas, sino que entra a regular muchos aspectos. No me extrañaría que los partidos de la derecha, y varias comunidades autónomas la lleven al constitucional por meterse en competencias autonómicas. Entonces llegamos a un vacío legal en el que parece que no se puede hacer nada, y el Tribunal Constitucional puede tumbar cualquier tipo de políticas de vivienda", denuncia.
A eso hay que añadir una ley de vivienda (con 900 enmiendas aún por estudiar), y que nace con dudas. "Hay medidas como la movilización de viviendas vacías, la expropiación temporal o los impuestos que ya se han probado en otras autonomías y que no han funcionado", remarca.
El problema, según Noguera es "intentar actuar en contra de la propiedad privada individual en un sistema donde está blindada jurídicamente", por eso, para él la solución es "un buen parque público de alquiler". Remarca que hay medidas que sí que están funcionando, como por ejemplo el tanteo y retracto en la C.Valenciana.
Pero hay otras vías para ampliar el parque público: "las promociones de vivienda pública, que ya se han hecho algunas y funcionan bien, y luego otra vía que tiene muchas más complicaciones: la expropiación. Pongo como ejemplo el referéndum que se hizo en Berlín, que preguntó a sus ciudadanos si expropiar las viviendas vacías de grandes fondos para ponerlas al servicio de los ciudadanos. Votaron a favor", asegura.
Sin embargo, no se muestra partidario de la medida. "En España, para empezar, el estado no tiene tanto dinero para comprar tantas viviendas tasadas a precio de mercado. Y segundo, sería una medida tan cara que traería más problemas sociales que beneficios.
Otra forma de ampliar sería -como ha pedido la Generalitat- que las viviendas de la Sareb pasen al parque público de vivienda, algo que Noguera también considera que sería bueno para ayudar a frenar el problema de la vivienda en la C.Valenciana.
« Llevamos 50 años construyendo una cultura de la vivienda como bien de mercado, y costará revertirla»
Gentrificación y lucha vecinal
La gentrificación es la sustitución de los vecinos de toda la vida de un barrio por otros de clase más alta. Sucede especialmente en los barrios que se convierten en lugares para turistas, y cuyas viviendas se convierten en Airbnb capaces de generar mucho más dinero que un alquiler al uso. Sucede, por ejemplo, en el centro de València, donde cada día hay menos valencianos y más turistas. O en el barrio del Cabanyal, donde los apartamentos turísticos crecen como setas desde hace ya muchos años. Pasa en todas las grandes ciudades.
Pero para Noguera esto no es inevitable, hay fórmulas y solo hay que mirar al norte. "En Barcelona han limitado el número de apartamentos turísticos que puede haber en la ciudad, pero no solo eso, los han limitado por barrios. Si tu no pones control todos los apartamentos van a estar en el centro, así que los regulan también por zona. Un barrio te puede soportan 20 apartamentos turísticos sin mucho problema, pero no 500. Si ocurre eso se va a gentrificar y va a cambiar toda la geografía humana", explica.
La mala situación actual arrastrada desde la crisis de 2008 ha provocado la aparición de plataformas por el derecho a la vivienda. Las últimas son los llamados "sindicatos de inquilinios" o "sindicatos de barrio", que son un grupo de vecinas y vecinos que se organizan para hacer frente a desalojos y situaciones de pérdida de vivienda y en general a luchar por el cumplimiento de este derecho.
En las últimas semanas se han visto dispositivos policiales formados por decenas de antidisturbios e identificaciones e incluso denuncias a periodistas acreditados, además de activistas detenidos. Una contundencia a la que no se estaba acostumbrado en desahucios.
Para Noguera, esto no es casual, y se muestra preocupado en concreto por la reforma del delito de sedición que plantea el Gobierno. "Puede tener consecuencias muy importantes sobre el derecho a la protesta porque la sedición se sustituye por otro delito penal, que son los desórdenes públicos agravados, y que puede ser de 1 a 5 años de cárcel". Para Noguera, este delito se ajusta perfectamente a muchas de las acciones de protesta que plantean los movimientos en defensa del derecho a a vivienda, y denuncia que "puede endurecer todavía más la represión sobre estos grupos".
