La derecha gestionará casi 33.000 millones durante los próximos 4 años

La derecha gestionará 32.847 millones de euros los próximos cuatro años. Lo hará oficialmente a partir de este lunes, cuando Carlos Mazón (Partido Popular) entre en el Palau de la Generalitat y empiece a dirigir la Comunitat Valenciana.

El PP gobernará con Vox. El simbolismo será para la ultraderecha, pero gestionará apenas el 3,8 % de todo el dinero público. La ultraderecha tendrá 1.200 millones de euros en sus manos, con las conselleries de Cultura, Agricultura y Justicia. Frente a ello, el Partido Popular gestionará 28.850 millones. Poco más de 30.000 millones en la Administración autonómica.

Mazón cede el simbolismo a Vox y el PP gestionará el 95 % del presupuesto

Posiblemente sea un poco más, ya que es una estimación en base al actual presupuesto de la Generalitat. La derecha pasa a gestionar a partir de esta semana prácticamente todas las instituciones supramunicipales, ya que el viernes también logró controlar la Diputación de València, último reducto de poder al que aspiraba la izquierda valenciana. El candidato popular, Vicent Mompó, se hizo con la presidencia gracias a los apoyos (explícitos e implícitos) de Vox y Ens Uneix -el partido de Jorge Rodríguez- en un pleno de infarto.El Ejecutivo provincial de Mompó tendrá en sus manos otros 646 millones de euros.

Tras la votación, el PP gestionará la Generalitat Valenciana, las tres diputaciones provinciales y las tres capitales de provincia. La alcaldesa de València, María José Catalá, tiene en sus manos un presupuesto este año de 1.145.853.544 euros (a excepción de lo ya comprometido por el Gobierno anterior de Compromís y PSPV). En Alicante hace lo propio Luis Barcala, también del PP, con un presupuesto de 326 millones. En Castelló, con 197.970 millones, la vara de mando está en manos de la 'popular' Begoña Carrasco.

El mapa político de la Comunitat Valenciana vuelve así al color que dominó desde 1995 hasta 2015, con el PP al frente de todas las grandes instituciones públicas. La diferencia es que ahora necesita el apoyo de la extrema derecha (y de una fuerza comarcal, Ens Uneix, en el caso de la Diputación de Valencia) para sumar mayorías estables. En el periodo anterior de dominio popular solo en la primera legislatura, la de 1995 a 1999, requirió de los votos de la regionalista Unión Valenciana de Vicente González Lizondo.

En 2015 -la última legislatura del Partido Popular- el presupuesto de la Generalitat fue de 18.209 millones de euros. Ahora Mazón contará con unos 30.000 millones, es decir, un 60 % más que hace ocho años. Aunque a decir verdad los tendrá a partir del año que viene, cuando se confeccionen los primeros presupuestos de la nueva etapa, que serán los de 2024. Este año el 80 % del presupuesto ya está comprometido, con lo que Mazón dispone solo de 6.492 millones del presupuesto para arrancar su gobierno en agosto.

El Botànic reivindica unas cuentas "en orden" en su despedida

El Gobierno del Botánic presentó este miércoles un balance de cuentas de la Generalitat tras ocho años de ejecutivo de la izquierda. En él defendió que la deuda subió siete veces menos que en los Gobiernos del PP y un incremento del gasto social del 35 %. En concreto, el ejecutivo saliente criticó que el 72 % de la deuda a día de hoy todavía proviene de la etapa popular.

La Comunitat Valenciana encara así a partir de mañana una etapa en la que el único contrapeso institucional será la Delegación del Gobierno, a cuyo frente está la socialista Pilar Bernabé. Así será al menos hasta el próximo domingo 23, día de elecciones generales, cuando se ha de dirimir si la izquierda se mantiene en la Moncloa o si Alberto Nuñez Feijóo es el nuevo presidente de un Gobierno conservador que, según todas las encuestas, necesitaría el apoyo de los escaños de Vox.

La mejora de la sanidad pública, de la atención a la dependencia y de la vivienda pública son temas de la agenda propia que Mazón ha destacado como prioritarios para su Ejecutivo. El nuevo president ha destacado en todo momento la necesidad de elevar la eficiencia en el uso de recursos, pero sin inversión es difícil llevar a cabo reformas de calado. La ecuación no es fácil porque otro de los ejes del proyecto de Mazón es la rebaja de la carga fiscal a los ciudadanos.

Trasvase Tajo-Segura

La derecha deberá garantizar el buen funcionamiento de la administración valenciana, pero con estos presupuestos también cumplir sus promesas electorales y poner las bases para solucionar los principales problemas que, como ha denunciado, pesan sobre la Comunitat.

Uno de ellos es el recorte de agua en el trasvase Tajo-Segura y los efectos que puede tener sobre los agricultores y la ciudadanía del sur de la Comunitat Valenciana. El Gobierno aprobó un plan para ir reduciendo poco a poco esta transferencia mediante el aumento de los caudales ecológicos del Tajo. La Generalitat, en manos entonces del Botànic, y la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, se han opuesto a este plan y consideran que tendrá consecuencias negativas para los regantes alicantinos.

El anterior Gobierno de izquierdas presidido por Ximo Puig ha elevado un recurso hasta el Tribunal Supremo, pidiendo que el Gobierno lo paralice cautelarmente. El actual president Carlos Mazón, cuando era líder de la oposición y presidente de la diputación de Alicante, fue a protestar a Madrid y planteó un recurso también. El asunto del agua ha sido uno de los temas recurrentes en la campaña de Mazón y ahora le corresponde tomar medidas.

La infrafinanciación

Otro asunto nuclear en la agenda valenciana es la financiación autonómica. La Comunitat Valenciana es el territorio que menos dinero público por habitante percibe de toda España, y cada inquilino del Palau de la Generalitat promete dejarse la piel para lograr un nuevo sistema de financiación justo. Este sigue sin llegar, pese a que el vigente caducó en 2014.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cada valenciano percibió 8.200 euros menos del Estado en el año 2022. Esto se traduce, en términos generales, en 3.847 millones menos, que se podrían dedicar a servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y atención social.

Que la derecha lo consiga, o no, dependerá mucho del resultado de las elecciones generales del día 23 de julio. En caso de ganar Feijóo (PP), Mazón encontraría un aliado en la Moncloa. De hecho, el líder del PP ya se comprometió en un mítin en València a reformar la financiación autonómica. "Cuando seamos presidentes, me saldrá cara tu amistad", le dijo con ironía a Mazón.

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Si gana el bloque progresista la situación será otra. PSOE y Sumar se han comprometido en sus programas a reformar la financiación autonómica (el PSOE dice que en un año), pero la relación sería más tensa con un Ejecutivo valenciano de derechas y otro de izquierdas en el Gobierno de España.

Sin embargo, se puede hacer otra lectura. Con Sánchez, la derecha valenciana tendrá un enemigo claro sobre el que descargar la falta de avances (si así pasa) en la agenda valenciana, mientras que con Feijóo no tendrá excusas si no consigue un nuevo sistema de financiación o una mejora de las condiciones del trasvase.

Relación con Vox

La ultraderecha es la pata que sostiene la Generalitat Valenciana. Sin sus votos, el Gobierno autonómico se cae. Así que la relación entre PP y Vox es otro de los temas clave sobre los que pivotará la política valenciana durante los próximos cuatro años.

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Mazón ya ha dejado ver que no se cierra a acuerdos con otros partidos, y que no sólo gobernará con los radicales de derecha, sino que intentará apoyos en el otro espectro del arco político, intentando reducir así el desgaste de la gestión con la ultraderecha.

"Mano tendida", "diálogo" y "consenso" fueron tres de los conceptos más repetidos en el discurso de investidura de Mazón. El 'popular' ofreció varios pactos al líder de la oposición Ximo Puig (PSPV) sobre financiación y agua, el socialista hizo lo propio en materia de violencia machista, valenciano y calidad democrática.

De hecho, el discurso de Mazón tuvo más guiños a la izquierda que a sus socios. Anticipó "discrepancias", pero pidió resolverlas "siendo un gobierno y no un mal espectáculo". Esa será la tarea los próximos cuatro años.

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