Mazón mantiene cuatro altos cargos vacantes en el Consell a la espera del sector público

Pasados 85 días desde la toma de posesión del nuevo Consell de PP y Vox, el president Carlos Mazón todavía no ha completado el segundo escalón de la Generalitat pese a haberlo reducido sensiblemente. El goteo de altos cargos continuó este martes, cuando se notificaron dos nombramientos clave dentro del Ejecutivo autonómico (la dirección general de Simplificación Administrativa y la de Energía y Minas), pero sin llegar a culminar al completo todavía la nueva estructura de la Generalitat, que sigue teniendo cuatro vacantes pasados casi tres meses de la formación del nuevo gobierno. Aunque a diferentes velocidades, todos los consellers han hecho ya sus deberes y es en Presidencia donde se encuentran los últimos agujeros.

Una de las máximas que está rigiendo los primeros pasos del gobierno de Mazón es la reducción del esqueleto de la Generalitat, lo que el nuevo Consel llama "grasa política". El tijeretazo, una promesa electoral del líder popular, empezó por las propias conselleries (que pasaron de doce a diez) y por ese segundo escalón (reduciendo secretarías autonómicas y direcciones generales), siguió con los asesores (fulminando casi a la mitad de los que tenía el Botànic) y continuará con el sector público, según han confirmado tanto el propio president como la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino.

En este punto persisten todavía muchas incertidumbres por la variada casuística que se da en los organismos autonómicos, cuyas normativas son en su mayoría específicas. Esto provoca que en algunos casos, como el de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI). En cualquier caso, se da por segura también la reducción de organismos. A falta de esa última etapa, el Ejecutivo valenciano calcula que este adelgazamiento permitirá un ahorro en nóminas de cinco millones de euros al año, equivalente al 0,016 % del último presupuesto autonómico, y asegura que la pérdida de recursos humanos no afectará a la eficiencia.

Tras los dos nombramientos de esta semana, en el segundo escalón siguen pendientes de nombrar las direcciones generales de Relaciones con las Comunidades Autónomas (integrada en la secretaría autonómica de Relaciones Institucionales y Transparencia que dirige Santiago Lumbreras), de Comunicación y Promoción Institucional (a cargo del Gabinete del president, en manos de José Manuel Cuenca) y las de Coordinación de Acción de Gobierno y de Relaciones con la UE, el Estado y Acción Exterior (dependientes de la secretaría autonómica de Presidencia cuyo titular es Cayetano García).

Dudas en el sector instrumental

Pero ni una vez el jefe del Consell nombre a los cuatro cargos todavía pendientes de su departamento, la cuota de nombramientos dependientes del Gobierno valenciano podría darse por completa. A la estructura básica del ejecutivo hay que añadirle las empresas, agencias y entes públicos que dependen directa o indirectamente del ejecutivo autonómico. Son el llamado sector público instrumental, una sesentena de organismos con un presupuesto de casi cuatro mil millones en los presupuestos de 2023, y que cuenta con algunos cargos en el aire.

La mayoría de ellos ya disponen con nueva dirección tras el cambio de gobierno. El Consell ya ha elegido a los máximos representantes de organismos como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con Enrique Montes al frente, la Autoridad de Transporte Metropolitano de València para la que ha sido elegida Mar Martínez, el Instituto Valenciano de la Juventud, con Vicente Ripoll, o la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar), para la que se ha designado a José Aparicio como gerente.

Sin embargo, hay otros que todavía quedan pendientes. El principal motivo es porque la dirección de estos no dependen directamente de un nombramiento de una conselleria determinada, sino que cuentan con sus propios estatutos y sus propios canales de representación, como Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) o Feria València. Pero hay otros que sí que dependen del Consell y sobre los que planea la posibilidad de un cierre o una fusión en la línea del recorte del gasto político.