Dos años sin noticias de la reforma de Montero

El 3 de diciembre de 2021 el entonces conseller de Hacienda, Vicent Soler, se vio obligado a interrumpir de forma súbita un acto con empresarios al que asistía en Alcoi. El motivo, del que se cumplen ahora dos años, era de peso. El Gobierno había movido ficha por fin para la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), pendiente desde 2014 y probablemente la reivindicación más importante de la agenda valenciana, ya que es donde se juega el dinero con el que pagar la Sanidad, la Educación y los servicios sociales.

El socialista, que no tenía constancia del movimiento de Moncloa, tuvo que valorar el extenso documento que había llegado a la Generalitat y al resto de Ejecutivos autonómicos esa misma mañana, casi sobre la marcha, ante el revuelo generado en los medios de comunicación. En los primeros momentos cundió el optimismo, recuerda Soler, ahora fuera de la primera línea política. Tras una primera lectura en diagonal se concluyó que, al establecer la población ajustada como único criterio para la reforma del sistema, la propuesta rompía con el status quo establecido desde inicios de siglo y abría la puerta a acabar con el maltrato que año tras año sufre la Comunitat Valenciana.

El Consell celebra que el pacto PSOE-Sumar incluya la nivelación de la infrafinanciación valenciana: "Tiene buena pinta"

Sin embargo, los análisis posteriores encargados a los servicios técnicos de la Generalitat templaron los ánimos. El plan de la ministra María Jesús Montero se seguía viendo como un avance pero en la letra pequeña había puntos mejorables, en opinión de aquel Ejecutivo valenciano.

Nuevo Gobierno, viejos deberes

Si la euforia inicial no tardó en enfriarse, desde entonces ha quedado congelada. Las alegaciones se presentaron en enero y nada se ha movido en Moncloa al respecto. Nadie ha respondido a las autonomías pasados 730 días, con lo que aquel famoso esqueleto del nuevo sistema sigue en un cajón y la financiación valenciana, en los huesos.

Una nueva oportunidad

La legislatura que acaba de comenzar abre una nueva ventana de oportunidad para los intereses valencianos. Los pactos de investidura alcanzados por Pedro Sánchez con Sumar y ERC recogen casi todas las grandes reivindicaciones valencianas sobre financiación. Algunas de rebote y a medias, como la quita de la deuda. Otras, como el acuerdo para modificar el mecanismo de reparto, repiten de nuevo como compromiso a futuro.

El pacto de PSOE y Sumar garantiza compensar la infrafinanciación valenciana hasta la reforma del sistema

También hay medidas novedosas, como el reconocimiento expreso que refleja el acuerdo entre PSOE y Sumar para situar a la Comunitat Valenciana como la autonomía «peor financiada» del Estado o la inclusión de un fondo de nivelación transitorio para compensar esa infrafinanciación valenciana hasta que se cuadre el círculo de la reforma definitiva del sistema.

Avances en el relato

Pasados dos años sin que el Ministerio de Hacienda termine de abrir el melón y casi una década desde que caducara el mecanismo actual, parece claro que los antecedentes invitan al escepticismo. El PP ha aprovechado los escasos avances logrados en la pasada legislatura, en la que la Generalitat y Moncloa compartían color político, para desgastar al PSPV y Compromís, acusándoles de falta de influencia y de reivindicación en Madrid.

La izquierda, por el contrario, ve el vaso medio lleno e incide en los avances conseguidos en términos de relato. No solo en el reconocimiento de la infrafinanciación valenciana —algo que no estaba tan claro hace unos años— sino también por haber logrado introducir las tesis valencianas sobre la población ajustada en los fondos de nueva creación, lo que se interpreta como una asunción en la práctica de las alegaciones presentadas al ministerio.

El ejemplo más claro es el reparto de recursos extraordinarios que se hizo a raíz de la pandemia. El denominado fondo covid no se fundamentó en los criterios prefijados en el SFA sino que se levantó sobre un baremo nuevo, más cercano a las tesis valencianas y que de hecho propició que la Generalitat recibiera más de un 10 % del total, en línea con su peso poblacional.

Los valencianos, 201 menos que el español medio

Desde el Gobierno también se hace hincapié en que pese a fracasar en el intento de reforma la pasada legislatura, a lo largo de ese último mandato los recursos destinados a las autonomías han crecido sustancialmente. Una mejoría que sin embargo mantiene la diferencia de trato: según datos de la Airef, en 2022 cada valenciano recibió 201 euros menos que el español medio para sufragar los servicios básicos.

Esa brecha deja a los gobiernos autonómicos valencianos ante la disyuntiva de recortar o endeudarse. En los últimos ochos años, el Botànic optó por la segunda vía. En ese plazo, el pasivo ha escalado de 42.000 a 55.000 millones. En los ocho años previos, con el PP, creció de 13.700 a esos 42.000 millones.

Los pactos de investidura han puesto la reforma de la financiación y la quita encima de la mesa. Queda por ver si el clima crispado en el Congreso y las diferentes sensibilidades territoriales que se dan en los senos de PP y PSOE permiten un acuerdo de Estado en un asunto en el que solo Vox rompe el consenso en la Comunitat Valenciana.

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