Nuevo Gobierno, viejos deberes

El nuevo Gobierno central de Pedro Sánchez y sus 22 ministros que ayer tomaron posesión de su cargo tienen ante sí una legislatura de alto voltaje, como reconoció el propio presidente recientemente reelegido al anunciar su gabinete. Además de con la crispación social con la que ha arrancado el mandato por los pactos de investidura, el Ejecutivo de PSOE y Sumar tendrá que lidiar con el poder territorial que atesora ahora el PP tras las autonómicas y municipales de mayo, en el que la Comunitat Valenciana apunta a jugar un papel protagonista de la mano del Consell de Carlos Mazón y Vox.

Más de la mitad de los titulares de carteras repiten en el Ejecutivo de Sánchez, entre ellos algunos muy ligados a la agenda valenciana como Teresa Ribera o María Jesús Montero. Otros como Óscar Puente están llamados a estar también muy presentes en la actualidad autonómica por sus competencias en infraestructuras. En todo caso, tanto veteranos como debutantes deberían estar familiarizados con los asuntos pendientes con la autonomía, que apenas han variado respecto al anterior ciclo político: la financiación, el Puerto de Valencia, el agua, las ayudas a sectores estratégicos o la protección de la costa serán algunos de los desafíos del renovado Gobierno con la Comunitat Valenciana. 

La agenda valenciana seguirá bajo la dirección de las ministras Montero y Ribera

La madre de todas las reivindicaciones, por su impacto en la vida de los ciudadanos, es la reforma del sistema de financiación autonómica. Con una deuda de 55.000 millones, la modificación de este mecanismo con el que los territorios sostienen la Sanidad, la Educación y los servicios sociales es una necesidad cada vez más acuciante para la Generalitat, que se ve obligada a recurrir a los préstamos del Estado para sostener sus servicios públicos, lo que a su vez genera más deuda y engorda el círculo vicioso. 

Del limbo al primer plano

El melón se abrió la pasada legislatura pero se quedó a medias. Hacienda asumió en su "esqueleto" algunas tesis valencianas sobre población ajustada pero nunca llegó a responder a las alegaciones de las comunidades. Sin embargo, los acuerdos de Sánchez para amarrar su investidura han llevado el asunto de la financiación a una desconocida primera línea mediática.

El acuerdo del PSOE con Sumar reconoce expresamente que la Comunitat Valenciana es la «peor financiada» del Estado y asume el compromiso de reformar el sistema en esta legislatura, aunque sin referencia temporal. Igualmente, incluye la garantía de compensar esa infrafinanciación a la autonomía hasta que se pacte la reforma, para lo que se necesita al PP.

El pacto de PSOE y Sumar garantiza compensar la infrafinanciación valenciana hasta la reforma del sistema

Ese fondo de nivelación deberá incluirse en los nuevos presupuestos del Estado, donde también hay deberes para el Gobierno, que en las últimas cuentas —en año electoral— dejó a Alicante como la última provincia en inversiones. A nivel autonómico, la protección de la costa ante los efectos del cambio climático o la eterna exigencia de acelerar el corredor mediterráneo emergen como otros desafíos.

Esta obra pasará a depender ahora de Puente, al igual que la ampliación del Puerto de Valencia. El Consell está apretando para que el avala a la ampliación de esta infraestructura, que lleva en la mesa del Consejo de Ministros desde enero, llegue de forma inminente. Igualmente, seguirá dando la batalla hídrica en el sur (donde la continuidad de Ribera no presagia ningún giro en materia de trasvases) y exigiendo ayudas de Estado para sectores como la cerámica.

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