Las universidades valencianas reclaman 67,6 millones al Gobierno para poder aplicar la reforma universitaria

Los rectores de las universidades públicas españolas han presentado en Madrid un informe sobre el impacto económico de la aplicación de Ley de Organización del Sistema Universitario (LOSU) en las universidades públicas que advierte que solo en materia de personal docente e investigador implicaría para las universidades un coste directo de al menos 844 millones de euros, que en el caso de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana se traduce en más de 67,6 millones de euros.

El estudio ha sido elaborado para la Conferencia de rectores y rectoras de universidades españolas (CRUE), que aglutina a 76 universidades, 50 públicas y 26 privadas, por el director de Estrategia de Recursos de la Oficina de Financiación y Presupuestos de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Antonio Pérez, y Juan Hernández Armenteros, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén. Ambos autores de este informe monográfico que lleva por título Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, son dos de los principales expertos españoles en financiación universitaria.

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En la presentación también ha participado la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, así como el adjunto a la presidencia de CRUE y exrector de la UPV, Juan Julià. "Este es uno de los mayores retos que tenemos en estos momentos. La LOSU se tiene que desarrollar en cada uno de los campus universitarios. Desde las universidades estamos convencidos de que la Administración General del Estado debe aportar los recursos necesarios a las autonomías y estas, a su vez, deben asumir su parte para la aplicación de la ley", ha afirmado la presidenta de CRUE, Eva Alcón.

Las estimaciones de los expertos

La monografía eleva a 3.135 millones de euros adicionales (con el último dato del PIB de septiembre ascienden a 3.180 millones) la aplicación del artículo 55, apartado 2, de la LOSU, que establece el compromiso de alcanzar una financiación pública, como mínimo, del 1 % del PIB del conjunto del Estado en materia universitaria. En la actualidad, esta se sitúa en el 0,75 % del PIB, lo que implica un incremento del 0,24 %, según los autores de la publicación, que advierten, además, de que la Memoria de la ley no valora el importe monetario que supondría este incremento del gasto público previsto en el artículo 55. También sostienen que este objetivo de gasto público no se ha consultado con las haciendas autonómicas.

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En materia de personal docente e investigador (PDI), la aplicación de las disposiciones de la nueva ley supone un coste directo extra para las universidades públicas de al menos 844 millones de euros, que en el caso de las cinco universidades públicas valencianas supone un mínimo de 67,6 millones de euros, pues el informe no territorializa 195 millones de los 844 citados anteriormente.

De los 67,6 millones de euros mínimos que supondrá para las universidades valencianas el coste de implantar la LOSU en materia de personal docente e investigador (PDI), 25,6 millones corresponden a la Universitat de València (UV), más de 18,9 millones a la Universidad de Alicante (UA), 9,2 millones en el caso de la UPV, 7,2 millones para la Universidad Miguel Hernández de Elx (UMH), mientras que para la UJI el coste superará los 6,6 millones de euros.

"No refleja la realidad de los costes que exige su aplicación"

Este coste directo extra para las universidades públicas demuestra, según los autores, que la Memoria económica de la LOSU "no refleja la realidad de los costes que exige su aplicación". Asimismo, los rectores señalan que estos costes inducidos, "deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la Ley".

Así, según el calendario de aplicación de la LOSU, en 2024, las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de las limitaciones horarias de los docentes asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe de 225 millones de euros. Para 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional para las universidades públicas de 424 millones euros.

El impacto en la universidad valenciana roza los 24 millones para el próximo año

En el caso de los costes que deberán hacer frente ya el próximo año las cinco universidades públicas valencianas por la aplicación del límite de 240 horas lectivas para el PDI, el montante roza los 24 millones de euros: 12,1 millones en el caso de la UV, 3,2 millones para la UA, 6,2 millones para UPV, 1,5 millones de impacto en la UMH y más de 953.500 euros en la UJI. Además, limitar al 20 % los contratos laborales no permanentes del PDI de aquí a 2030 tendrá un impacto económico en las universidades valencianas de 43,6 millones de euros. En este segundo caso, el coste repercutirá en 13,5 millones de euros en la UV, 15,7 millones en la UA, tres millones en la UPV, y 5,7 millones de euros tanto en el caso de la UMH como en el de la UJI.

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"La LOSU es inaplicable sin financiación extra"

Además, la reposición anual de efectivos por jubilación con una tasa del 120 % (podrán contratar a un 20 % más del PDI que se jubila) lleva aparejada el coste adicional para las universidades públicas de 195 millones de euros por el pago de la Seguridad Social, que, hasta ahora lo asumía el Estado, ya que los jubilados cotizaban a MUFACE. De no producirse una financiación adecuada, el informe alerta de que la LOSU "devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas". Por ello, los rectores reiteran que los Presupuestos Generales del Estado para 2024 "deben recoger necesariamente las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costes". La monografía no detalla el reparto por universidad de estos 195 millones de euros.

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En cuanto al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, el informe monográfico señala que "es necesario reforzar la política de becas y ayudas al estudio por un importe de 1.000 millones de euros, priorizando las ayudas a las familias con bajas rentas". Asimismo, para cumplir con el principio de equidad, el documento subraya que, para la asignación de recursos, "hay que tener en cuenta las desigualdades del PIB regionales y no la proporción del 1 % de cada PIB regional".