Dependencia
Los mayores de 65 años con ayuda de asistente personal percibirán 500 euros más al mes
La justicia estima el recurso de la patronal Aerte y tumba la reducción de prestaciones aprobada por el Botànic que bajaba de 2.350 a 1.825 euros mensuales
Aunque es una ayuda clave para la inclusión real de las personas con discapacidad, muy pocas personas la disfrutan
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha anulado varias disposiciones del Decreto de Dependencia aprobado por el anterior Gobierno del Botànic, una de ellas la que reducía a 1.825 euros mensuales la prestación de asistente personal de las personas mayores de 65 años.
La sentencia estima el recurso de la patronal de residencias Aerte al decreto de la Generalitat de agosto de 2022 que establecía el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.
Según explica Aerte, se ha anulado "la discriminación de las personas mayores de 65 años en la prestación de asistente personal ya que establecía una reducción a 1.825 euros mensuales a partir de esa edad, mientras que las personas más jóvenes recibían 2.350 euros".
Una figura clave pero poco desarrollada
La ley de Autonomía Personal y Dependencia (más conocida como ley de Dependencia), aprobada en el año 2006, contempla una figura muy poco desarrollada y que a día de hoy sigue sin conocerse, la del asistente personal. Una persona contratada cuyo trabajo es ser los pies, las manos, y los ojos de la persona dependiente para que pueda hacer todo lo que necesite.
La figura del asistente personal es clave para la inclusión real de las personas con discapacidad, pero su implantación todavía es ínfima. Hoy en día, a penas 300 personas en la Comunitat la disfrutan, en términos porcentuales, el 0,07 % de las personas que reciben ayudas a la dependencia. Aún así, la C.Valenciana es pionera a nivel estatal en esta ayuda, la mayoría de territorios a penas tienen a nadie que la perciba.
En 2022, la Conselleria de Igualdad redactó un decreto para regular el alcance de la ayuda, y uno de los principales requisitos era tener cumplidos los 18 y no llegar a los 65 años. A partir de esa edad, la cantidad bajaba de 2.350 euros a 1.800 al mes. Esta reducción es lo que ha anulado la justicia. El problema ahora es que, en la práctica, se trata de una ayuda que no percibe casi nadie y necesita de mayor implantación.
Sin "justificación razonable"
La sentencia indica: "la falta de una justificación razonable de la reducción implica su insostenibilidad jurídica y humana por lo que debe ser estimada la impugnación del recurrente".
En concreto, el fallo señala que se declara nulo "en el Anexo III, el importe de la prestación de 1.825 euros de la prestación económica de asistencia personal de los Grados II y III a partir de las 120 horas para personas a partir de 65 años".
En otro punto, reconoce el carácter residencial de todas las viviendas de atención a salud mental y elimina la diferenciación que estableció la anterior Conselleria por "no tener fundamentación jurídica".
Servicio más profesional
Otro punto de la sentencia que supone un varapalo para el Botànic es la anulación de los cursos de 50 horas que el anterior Gobierno diseño para formar profesionales que pudieran ser asistente personal. El problema es que
También reconoce la profesionalización de los servicios de atención a la dependencia al no permitir equiparar un curso de 50 horas para ser asistente personal a títulos oficiales. El problema es que cualquiera podía presentarse a estos cursos, el único requisito era que no fuera un familiar de la persona dependiente. Pues ahora la justicia ha tumbado estos cursos, ya que considera que no se puede equiparar una formación de 50 horas con un profesional cualificado y con estudios en la materia. En opinió del tribunal, esta decisió afectaba a la calidad del servicio ofrecido a las personas dependientes.
El presidente de Aerte, José María Toro, ha subrayado que desde agosto de 2022 insistieron en "las situaciones tan injustas que generaba este decreto para las personas usuarias de los servicios".
"Desde el Botànic se nos acusaba de estar mirando sólo por el interés económico de las entidades. Con esta sentencia ha quedado claro que el posicionamiento de Aerte no sólo era correcto, sino que velaba por las personas que atendemos", ha concluido.
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