El Defensor del Paciente traslada a Fiscalía las posibles irregularidades en las mamografías
El organismo quiere comprobar la veracidad de los datos porque "de ser ciertos, estas mujeres han sido puestas en riesgo" y para asegurarse de que no es una excusa para privatizar la gestión
El Defensor del Paciente ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Valencia las posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama, de colon y de cérvix en los años del gobierno del Botànic para depurar posibles responsabilidades, como ha informado la entidad.
El problema lo denunció ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y podría afectar a 150.000 mujeres. En concreto, trasladó que habían detectado retrasos de hasta cuatro años en la primera citación a entre 150.000 y 200.000 mujeres en el programa de detección precoz de cáncer mama, así como demoras de dos años para realizar las mamografías de seguimiento.
Investigar la veracidad de los datos
El Defensor del Paciente ha contado con el ministerio público para trasladarle esta información: "Queremos que se investiguen la veracidad de estos datos porque, de ser ciertos, estas mujeres han sido puestas en riesgo para su salud o vida, lo que significa una responsabilidad y dejación de funciones de quienes no hayan tomado las medidas de precaución".
En cuanto al posible retraso generado por la pandemia, defendido ayer por los miembros del Botànic y CCOO, el Defensor del Pueblo lamenta que "como para todo, la pandemia es la excusa perfecta aunque pasen años de ella y es más una tomadura de pelo que otra cosa".
Sin embargo, desde el organismo, se muestran cautelosos y aseguran que "la comunicación puede ser también la excusa para mandar las mamografías a las privadas", en referencia a la afirmación del conseller de que lo harían en caso de ser necesario. Ayer también alertaron de ello los representantes del PSPV y Compromís. Por este motivo, entienden que "sería deseable la veracidad de estos datos y preguntarnos que cómo siendo la oposición desconocían algo tan grave".
El Defensor del Paciente ha fundamentado su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público, a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.
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