Mazón carga contra la ley de universidades por "dejar en la cuneta" a miles de docentes asociados

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es el cuento de nunca acabar. Su entrada en vigor ha sido pospuesta en dos ocasiones, y recientemente se acordó su calendarización (es decir, aplicarla poco a poco) desde el curso que viene hasta 2028, aunque siga contando con el rechazo de parte de las universidades y de las autonomías. Algunos gobiernos regionales han puesto el pie en la puerta y han mostrado su disconformidad con el texto.

Este jueves fue el president de la Generalitat, Carlos Mazón al tildar de "irresponsabilidad" la puesta en marcha de la LOSU que es "una losa que se ha aprobado sin consenso con las comunidades autónomas y sin financiación". Además de criticar que el texto "deja en la cuneta durante varios años" a los miles de docentes asociados valencianos.

El president realizó estas declaraciones en la jornada "La universidad española: análisis, desarrollo normativo y retos para el 2024" que hasta el viernes reúne en Valencia a directores generales de Universidades de toda España y a la que también asistieron el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira y la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre.

Las universidades valencianas reclaman 67,6 millones al Gobierno para poder aplicar la reforma universitaria

Buenas intenciones pero pocos medios

La nueva ley de universidades tiene dos objetivos fundamentales: el primero es aumentar la inversión pública hasta, como mínimo, un 1 % del PIB del Estado. El segundo objetivo es acabar con la inestabilidad de gran parte de las plantillas, como la que tienen los profesores asociados, que cobran sueldos ínfimos por realizar sus tareas docentes y sin contratos dignos.

Hasta aquí, y sobre el papel, todo el mundo está de acuerdo. El problema es que el Ministerio no pondrá ni un euro de financiacón para aplicar esta ley. Sólo la estabilización de plantillas costaría a las 5 universidades valencianas 68 millones de euros que tendría que poner de sus arcas. Este es el punto más criticado y el que ha frenado en todo momento que la ley salga adelante hasta ahora.

Carlos Mazón ha criticado que esta nueva norma "se ha legislado desde la imposición" y ha instado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades a "reflexionar y trabajar con las comunidades autónomas". Para el president, este es un ejemplo "del estado de las imposiciones y no de las autonomías, y es una forma de legislar de una irresponsabilidad extraordinaria. Es decir, yo legislo y tú pagas".

Reivindicación al Gobierno

El jefe del Consell ha reclamado al Gobierno central que "asuma la financiación que supone para las autonomías adaptarse a esta nueva norma, ya que las comunidades autónomas no tienen que asumir el coste de una ley estatal que se ha aprobado sin previsión económica".

El president ha defendido que las comunidades autónomas "van a colaborar y ser proactivas" y ha lamentado que "si tan importante es la investigación, la universidad o la formación, el Gobierno debe comprobar si tiene la financiación adecuada antes de legislar".

Por todo ello, ha reclamado sentido común porque "si se legisla se tiene que hacer con la comunidad universitaria y con las autonomías, y si se habla de nuevos gastos hay que poner la financiación encima de la mesa".

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha lamentado que el Ministerio "esté dejando en la cuneta la estabilidad laboral de los profesores asociados para dentro de varios años", lo que ha calificado de "ataque directo a la investigación y al personal universitario que trabaja por la excelencia".

Finalmente, Carlos Mazón ha hecho referencia al reto de afrontar "un sistema de financiación universitario serio, plurianual y compartido que no ha habido en estos últimos ocho años"

Suscríbete para seguir leyendo