La Interagrupación de Fallas retira la amenaza de "acciones legales" por los sonómetros

La Interagrupación de Fallas de Valencia ha dado marcha atrás en la amenaza de adoptar “acciones legales” por la Ordenanza del Ruido, que obliga a instalar limitadores-registradores para los actos en la calle.

En un comunicado, el colectivo apela a “generar buena convivencia” y que “nunca fue la intención de esta entidad la de generar ningún tipo de enfrentamiento, ya que no tendría ningún sentido no yendo de la mano del Ayuntamento”.

En cualquiera de los casos, la desestimación también es una forma de asumir que el órdago lanzado al consistorio no solo no tenía ningún recorrido, sino que fue recibido con decepción por parte del actual consistorio al contemplar una conducta de vuelta a las barricadas por una cuestión en la que nadie puede sacar pecho.

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"Acciones" de más que dudoso recorrido

Desde el punto de vista legal, difícil resultaba considerar efectiva la presentación de “acciones legales”. Desde el primer momento, ese anuncio se analizaba como un brindis al sol. Gustará más o menos, pero la Ordenanza del Ruido es un texto sobre el que no resulta fácil hincarle el diente porque ha pasado todos los filtros legales. La amenaza por parte del colectivo fue respondida incluso por la propia alcaldesa, María José Catalá, en forma de reproche, al recordar al colectivo fallero que hubo un plazo para presentar alegaciones y que la Inter no respiró al respecto. Ni siquiera, tal como reconocieron fuentes conocedoras del caso, se puede obtener una suspensión cautelar. El texto ha estado un año a la espera de ponerse en vigor.

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Un fallo múltiple

La Ordenanza se puede considerar un fallo múltiple en lo tocante a la cuestión fallera, en el que la crítica -posiblemente, lo único atinado de la cuestión- es que hay un trato igualitario entre hostelería y fallas, cuando las realidades de uno y otro son diferentes. Sin embargo, el texto pasó por todos los filtros sin que nadie lo impidiera.

El partido ordenante, Compromís, porque fue quien estableció esas normas desde la delegación que regía Giuseppe Grezzi. Los concejales de ese mismo partido en la vertiente fallera (Pere Fuset y Carlos Galiana) también lo dejaron pasar. Lo mismo que el PSOE, colaboradores necesarios en su aprobación -y, sorprendentemente, críticos con el tema recientemente en un reproche al PP-. El Partido Popular, porque tampoco lo vio a la hora de alegar. Y las Fallas, porque, conocedores del tema, tampoco tuvo la iniciativa de solicitar una modificación basada en hacer una excepción en el periodo de Fallas para la semana grande. La consecuencia es que el texto indica la necesidad de instalar unos aparatos medidores y registradores, algo que, por otra parte, se conoce desde hace más de un año.

Lo único posible ahora, modificar el artículo

La conducta de la Interagrupación no ha gustado en el Ayuntamiento, donde se ha interpretado como una forma de tensionar las relaciones con no se sabe bien qué objetivo. De hecho, antes de las Fallas de 2023 ya hubo una reunión de la anterior directiva de la Intetagrupación con el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento (Joan Ribó, Carlos Galiana, Guillermo Serrano y Miguel Prim) en el que se asumía la Ordenanza y lo que pedían, en todo caso, es que no hubiera "persecución".

La única forma verdaderamente efectiva será, en todo caso, la que ha anunciado tanto María José Catalá como Santiago Ballester: desandar el camino y llevar a cabo una modificación del articulado.