La Sareb amenaza con echar en Alfafar a 100 familias mientras el Gobierno ofrece sus pisos

Ni siquiera la firma de un contrato por siete años más tres años de prórroga ha servido para acabar con el calvario que sufre el centenar de familias que vive en la finca de Alfafar situada en la calle Doctor Fleming y que es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Una treintena de familias ha empezado a recibir un burofax de parte de la inmobiliaria Hipoges, que ella misma se define como «gestores y apoderados del patrimonio de la Sareb», en los que se pide a los inquilinos «que actualmente están ocupando sin título alguno» el inmueble, que «legitimen su posesión, al objeto de buscar una solución definitiva que regularice esta actual situación». Y esta carta llega en el momento en que el Gobierno de España ofrece sus pisos como una de las soluciones a la crisis de acceso a la vivienda que se vive en todo el país, y que tiene especial incidencia en el área metropolitana de València.

Estas son las viviendas de la Sareb en l'Horta

En la misma carta, dicha inmobiliaria incluso amenaza con ir al juzgado, tras haber realizado diversas visitas al piso y supuestamente no haber logrado colaboración de los vecinos: «le requerimos para que en un plazo máximo de 48 horas desde la recepción del presente (burofax) contacten con nosotros a fin de intentar alcanzar una solución amistosa que satisfaga a ambas partes», dice textualmente la comunicación. Y avisa, que si transcurrido ese periodo, si no tienen noticias por parte de las familias, procederán «a continuar con las acciones judiciales que correspondan sin más requerimientos».

Una misiva que ya ha recibido en apenas un par de días hasta una treintena de vecinos y vecinas, que aún no se creen que estén volviendo a pasar por el mismo calvario que hace tres años. Entonces fue otra inmobiliaria, la Haya, la que les mandó cartas anunciándoles que no les renovaba el alquiler de VPO que tenían y, por tanto, tenían que abandonar el piso.

“Esto es increíble. ¿Cómo dicen que no tenemos título alguno? Tengo un contrato de alquiler firmado desde el año pasado con la Sareb de siete años más tres, pero el problema es que no nos han pasado ninguna cuenta donde oficializar los pagos. Tras mucho insistir, en febrero me dijeron que pasarían a cobrar los meses y les pedí por favor que no lo hicieran todos juntos, pero siguen sin cobrarme nada”, señala Maribel, una de las vecinas, quien asegura que otros inquilinos, por temor a que les quiten el piso por no pagar, están ingresando dinero en la cuenta donde tenían domiciliado el pago antes de que la finca pasara a ser propiedad de la Sareb.

Estas familias temen la llegada del cartero. Desde que en agosto de 2020 el también conocido como “banco malo” compró este bloque de seis fincas de 25 viviendas protegidas de la Generalitat Valenciana, construidas en 2009 en régimen de alquiler para 25 años, ha sido continua la llegada de cartas reclamando cantidades por impago, algunas de 1,20 euros, otras de importes que ni siquiera tienen que ver con el alquiler como recargos del IBI al inquilino y cobros de más.

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La presión se incrementó y empezaron a llegar demandas de desahucio y citaciones judiciales a familias al corriente de pago, que el ayuntamiento de Alfafar, a través de su servicio jurídico experto en desahucios El Rogle, ha ido solventando. Presión, angustia, tiempo gastado en abogados, gestorías y viajes a los juzgados, un acoso inmobiliario por parte de la Sareb y sus diferentes gestoras a un centenar de familias que ahora están pensando seriamente en denunciar ante el juzgado.

“Esto es acoso y derribo; llevamos tres años que no vivimos, que nos esta costando la salud, hay que hacer algo”, explica una de las inquilinas afectadas.

Carreño: “Es contradictorio el anuncio del Gobierno”

La concejalía de Servicios Sociales de Alfafar está al tanto de la situación de los inquilinos de Doctor Fleming. Durante todos estos años el consistorio ha tenido que parar varios desahucios, pese a que la Conselleria de Vivienda se comprometiera en su día a solucionar la situación y asegurase a las familias que podían continuar con su alquiler o incluso comprar el piso, ya que ofreció varias opciones, con precios más asequibles para familias vulnerables.

“En su día ya enviamos un dosier desde los Servicios Sociales con los casos de vulnerabilidad. Me imagino que en la conselleria han hecho lo que han podido, pero en el consistorio llevamos tres años de lucha, familia por familia, cuando han ido apareciendo los casos. De hecho hemos tenido que parar varios desahucios autorizados por el juez”, señala la concejala Finca Carreño, quien considera “contradictorio” que el actual presidente del gobierno Pedro Sánchez anuncie que va a liberar 50.000 viviendas de la Sareb. "Pues que empiece por Alfafar, que están intentando echar a la gente de sus casas”, exige.