Sagunt apura hasta el final para cumplir a tiempo con sus proveedores

29 días y casi 8 horas. Ese es el tiempo medio que necesita el Ayuntamiento de Sagunt para hacer frente a sus obligaciones con los proveedores. Así lo recoge el último informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública con datos hasta el 30 de septiembre del presente ejercicio. Ese plazo deja un margen de apenas 16 horas para estar dentro del límite legal enel pago de estas facturas, donde el consistorio se ha mantenido en los últimos trimestres con la única excepción del primero de este año.

Esta obligación queda recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que precisa que "el periodo de 30 días fijados para el pago sería el comprendido desde la fecha de aprobación de la factura o certificación de obra hasta la fecha de pago material". El informe de la Tesorería municipal que acompaña al expediente detalla que el ayuntamiento hizo frente, entre julio y septiembre, a facturas por valor de algo más de 5,5 millones con una demora media de 31,7 días. Antes de ese último trimestre, el consistorio tenía pendientes de pago 2,3 millones de euros, en obligaciones que se arrastraban un promedio de 23,4 días.

El Consell Agrari se mantiene con holgura dentro del margen legal al tardar menos de 14 días en hacer frente a sus obligaciones

Este análisis se extiende al Consell Agrari, organismo que suele pagar a sus proveedores con mucho más margen. A 30 de septiembre lo hacía en una media de 13,7 días, después de hacer frente durante los tres meses anteriores a obligaciones por más de 100.000 euros en un plazo ligeramente superior a los 10 días. Por lo que respecta a las facturas pendientes de pago, su importe apenas superaba los 3.600 euros que se arrastraban desde 116 días antes.

Morosidad

En el marco de esta fiscalización, el interventor también emite con una periodicidad trimestral un informe sobre morosidad, en el que se recogen el número de facturas emitidas con el Ayuntamiento de Sagunt como pagador durante los nueve primeros meses del ejercicio, casi 4.300, así como de las registradas entre julio y septiembre, 1.393. De estas últimas, según marca la legislación, también especifica si se encuentran contabilizadas, caso en el que se encontraban casi 1.100 por un valor total de 9,7 millones de euros; registradas, más de 150 por 836.000 euros; anuladas, 71 justificantes por 342.000 euros; devueltas al proveedor, una quincena por una importe de 262.000 euros; o anuladas, apenas una por 18.600 euros.

Un último apunte que se añade en esta información es que un total de 83 facturas con un valor próximo al millón de euros estaban, al cierre del trimestre, sin tramitarse el expediente de reconocimiento de obligación, pese a que ya habían pasado más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas, siempre según el informe del interventor.

Cuenta general

Más allá de estos exámenes parciales, el termómetro más fiable para medir la morosidad en las operaciones comerciales de los ayuntamientos llega cada año con la cuenta general y las auditorías que la acompañan. En la de 2022, cuando las arcas municipales registraron cerca de 4.450 pagos a proveedores por 21,3 millones de euros, tres cuartas partes, algo más de 16,4 millones de euros, se pagaron dentro del plazo legal de 30 días, mientras que los restantes 4,9 millones (un 23 %) se hizo más tarde.

Entre esta información también se incluyen las facturas que al cierre de 2022 estaban pendientes de abono, un total de 1.276 por un importe de casi 7,8 millones de euros, de las que 3,7 millones, más de medio centenar de pagos, ya estaban fuera del plazo máximo legal.

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