Tribuna

Balcón de la Peña de Gilet: una solución compartida

Salva Costa, alcalde de Gilet

Salva Costa, alcalde de Gilet / Dani Tortajada

Salva Costa, alcalde de Gilet

Últimamente, está de actualidad en los medios y en la administración municipal de Gilet el tema de la urbanización Balcón de la Penya , y todo el procedimiento necesario para acometer las obras que permitan la total urbanización de una zona, que en la actualidad supone un foco de contaminación importante en nuestro término municipal, así como gran cantidad de molestias para todas y todos los que viven en dicha zona, por la gran cantidad de carencias de infraestructuras que soporta. Dicha situación es producto de una serie de circunstancias y decisiones que se han tomado desde hace más de 40 años, tanto por parte de los vecinos y vecinas como de la administración y que nos han llevado a un enfrentamiento administrativo y judicial que está retrasando la adopción de decisiones que desbloqueen el actual parón que impide llevar a cabo, con consenso y colaboración, las obras necesarias. Vamos a hacer un recorrido histórico del problema para ver si podemos aportar algo a la resolución de la problemática presente.

   En los años 70 del siglo pasado se presentaron en Gilet varios proyectos de planes parciales que pretendían ordenar algunas zonas de este término municipal, entre ellas el Balcón de la Penya, y al mismo tiempo convertir en urbanizables zonas rústicas. Paralelamente a la presentación de los proyectos en el ayuntamiento, los promotores comenzaban a adquirir ,sin esperar ni siquiera a la aprobación inicial, gran cantidad de parcelas que eran objeto de deseo de especuladores que, al conocer el proyecto, iniciaban su actividad compradora, con la consiguiente rumorología local, que ayudaba a convertir, sin ningún aval legal zonas rústicas en potenciales urbanizaciones. Es tal la proliferación de proyectos de estas características en la población de Gilet, hasta cinco, que el Ministerio de la Vivienda de la época, año 1977 exige al ayuntamiento que presente un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de aprobar ningún plan parcial más, pues ya había aprobado el de La Paz y la primera fase de Sant Esperit. En la resolución administrativa de 25 de marzo de 1977 se aprueba el nuevo PGOU con la salvedad:  “La calificación urbanística de los terrenos donde se proyecta los planes parciales Pla de la Venta, Balcón de la Penya y Algepsar será de NO urbanizable, en tanto se estudie más detalladamente la zonificación idónea dentro del contexto del término municipal”. Ello se deriva de un informe del Instituto de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Agricultura) que personado en el expediente del PGOU alega graves afecciones para la naturaleza, y en concreto para la Sierra Calderona que estaba en esos momentos en proceso de declaración de Parque Natural. En aquel proyecto la Urbanización Balcón de la Penya iba incluida en la denominada zona del Pla de la Venta con una extensión conjunta de 1.468.000 metros cuadrados.

   El ayuntamiento actuante en aquel momento, hace caso omiso a las recomendaciones del Ministerio y del ICONA y permite que las máquinas entren en las parcelas adquiridas por los promotores, y abran calles, coloquen tuberías, construyan hornacinas con acometidas eléctricas,etc… Por supuesto las calles sin asfaltar, sin alumbrado, sin redes de saneamiento, con la particularidad de que el suministro de agua procede de un pozo particular sin potabilizar, pero ello no obsta para que se inicie la construcción de chalets sin licencia municipal y se reparcele todo el suelo adquirido obteniendo los promotores 104 parcelas, en teoría edificables, de forma totalmente ilegal, pero que en el ayuntamiento permiten esta actividad con la excusa de que si no lo permiten en este término municipal los compradores acudirán a otros pueblos. De este modo entre 1977 y 1982 proliferan, en aquellos proyectos de urbanización que señalábamos antes, los que se quedan fuera del PGOU, muchas edificaciones cuyos dueños huyen de las zonas más caras , La Paz y Santo Espíritu que tiene todos los servicios urbanísticos, para aterrizar en las zonas sin ninguna infraestructura pública, es más, en la zona del Balcón de la Penya los que adquieren las parcelas firman un documento aceptando que el agua de su parcela es agua de riego no apta para el consumo humano.

   En el año 1982, el primer ayuntamiento democrático, más por afán recaudatorio que por convencimiento de proteger el territorio, decide identificar todas aquellas construcciones ilegales, aunque algunas al ser requeridas para presentar documentación, aportan licencias otorgadas por funcionarios locales, que no responden a ningún expediente abierto en la corporación. Se colocan carteles identificativos en las casas y chalets, en el caso del Balcón de la Penya se localizan hasta 26 edificaciones que no cuentan con licencia, es decir que desde la aprobación del PGOU en el año 1977, han transcurrido 5 años en los que se ha permitido construir ilegalmente en diferentes zonas del término municipal, entre ellas la que nos ocupa del Balcón de la Penya, sin preocuparse de promover planes parciales que desarrollaran estas zonas, con la consiguiente problemática a la hora de programar zonas dotacionales, zonas verdes, viales y demás infraestructuras.

   Con la llegada al ayuntamiento de una nueva corporación se inician en el año 1983 los trabajos de revisión del PGOU con la única intención de poner orden en las edificaciones ilegales y en dotar de servicios todas aquellas zonas que habían ido consolidándose como residenciales sin ninguna, o poquísimas infraestructuras. Gracias a las subvenciones de la Generalitat se financian los trabajos de la revisión, vuelos aéreos, restituciones de planos, planimetría adecuada, propuestas, informes sectoriales de los diferentes organismos públicos con incidencia en el territorio, tareas que se prolongan de forma inesperada 11 años, con las correspondientes exposiciones al público, que llevan a la propuesta, solicitada por los propietarios afectados, de declarar todas aquellas zonas que en su día promovían planes parciales directamente como suelo urbano. La oposición de la Generalitat a esta solución fue importante, ya que se evitaba la obligatoria reparcelación, que permitía obtener zonas dotacionales en estas partes del término, y como mínimo exigía al ayuntamiento que estos núcleos de chalets tuvieran los mínimos servicios, como son acceso rodado, recogida de basuras, evacuación de aguas residuales y suministro de agua. En concreto en el Balcón de la Penya, por iniciativa de algunos vecinos, en la legislatura 83-87, y con cobertura municipal se pidió a la conselleria de Agricultura subvención para asfaltar un camino rural, el de Xocainet, que daba servicio a esta urbanización y que con su concesión, ayudó a conseguir un acceso rodado digno para esta zona. Lo más costoso, la evacuación de aguas residuales se consiguió con la construcción, en el año 92, de un colector por todo el término municipal financiado en su totalidad por la Generalitat Valenciana.

   En el año 94 se consiguió convencer a los técnicos de urbanismo del organismo autonómico de que el municipio había cumplido, y por lo tanto se LEGALIZARON Y SE DECLARÓ como suelo urbano todos los sectores que habían soportado las edificaciones ilegales, reduciendo esta declaración a las zonas edificadas y consolidadas, si bien es cierto que desde el 83 al 94 no se habían producido nuevas, y que la solución podría haber sido otra más traumática para los vecinos.

   Con la tranquilidad de que todas sus casas y chalets iban a salvarse y legalizarse, quedaba programar las fases de urbanización del interior de cada una de los sectores afectados por el nuevo PGOU. Para ello se realizaron asambleas de vecinos de cada sector, con el compromiso de que las infraestructuras generales que afectaban a varias de estas zonas las realizaría el ayuntamiento, valía como ejemplo el colector, y las interiores serían a cargo de los vecinos, que satisfechos por haber legalizado sus casas, votaron por unanimidad este compromiso. La administración local de aquella época cometió un fallo ENORME, YA QUE ESTE PACTO NO SE PLASMÓ EN DOCUMENTO ALGUNO por lo que derivó en papel mojado en unos pocos años. A pesar de ello en los años 96 hasta 2011, las urbanizaciones Calderona, Vidriera, Clot d´Oliver, Santo Espíritu (primera fase) han realizado por fases sus infraestructuras básicas, sobre todo la red de alcantarillado, absolutamente imprescindible para evitar la contaminación por pozos ciegos de muchas zonas de nuestro territorio. Hay alguna de ellas que todavía hoy están implantando los últimos servicios, lo que demuestra las facilidades para acabar este proyecto desde el 2001 : dotar de sus servicios a las zonas contempladas en el PGOU del 94, homologado en el 2001. Tan importante es este aspecto, que en el propio año 2011 llegan al ayuntamiento advertencias muy serias de la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtiendo del peligro grave de contaminación del Balcón de la Penya. En todos estos años, en los que se inician las diferencias de concepto, del pacto alcanzado en su día, el ayuntamiento creyendo la inminencia del inicio del proceso urbanizador, da un paso al frente y firma con los promotores de este plan parcial, el acuerdo de asumir el mantenimiento de la red de agua, calificada como no potable, pues las continuas averías y la falta de concreción a la hora de señalar al responsable de este mantenimiento hace que la corporación se plantee solucionar un problema, que día tras otro era un obstáculo para el bienestar de los vecinos y vecinas, pasando a integrarse en la red pública y a clorarse diariamente con el control que se llevaba en el resto de la red.

   Es más, se realizaron varias reuniones con vecinos que formaban parte de la junta rectora del pozo la Redona, que es el que abastece al Balcón de la Penya, con el objetivo de que el ayuntamiento se hiciera cargo de dicho pozo para integrarlo en la red municipal, pues la gestión técnica y administrativa era muy deficiente.

   También es de destacar que la zona unida al Balcón de la Penya en el PGOU, durante estos años transcurridos, al segregarse como unidad autónoma dentro de este plan, y encontrar un agente urbanizador y acogiéndose a la RAU de la Generalitat Valenciana, ya está totalmente urbanizada y ocupándose poco a poco sus parcelas, y además la corporación ha continuado invirtiendo en proyectos para favorecer las obras de esta zona, ya que es inminente la licitación de la tubería de impulsión que tiene que llevar agua al depósito construido en la legislatura 2003-2007 para uso exclusivo del Pla de la Venta-Balcón de la Pe, para sustituir al pozo de la Redona y además entre todos los vecinos de Gilet, a través de los presupuestos anuales, se ha hecho frente a expropiaciones de zonas verdes correspondientes a este proyecto por un importe de más de un millón de euros.

   Y a estas alturas, alguien me dirá, ¿dónde está el problema?. Todo es una diferente interpretación de los vecinos y vecinas con el ayuntamiento a la hora de escoger la forma de proceder para realizar los proyectos y las obras de urbanización. Los vecinos y vecinas se han organizado desde el año 2010 en una Agrupación de interés urbanístico con el deseo de participar en todo el proceso de realización de las obras en sus calles y zonas comunes. Han sido numerosas las iniciativas, reuniones, decisiones municipales adoptadas en estos últimos 15 años, incluso se han encargado tres proyectos técnicos diferentes, unos por parte municipal y otro por parte de la AIU, por convenio con el ayuntamiento, llegando a judicializarse la situación, pues parece que es inminente otro pronunciamiento de los juzgados competentes, que aunque parece que solo afectará a aspectos procedimentales, según los abogados municipales, puede afectar a parte sustancial del proyecto aprobado.

   Los aspectos colaterales, de servidumbres para evacuar aguas residuales, zonas verdes a contemplar, pervivencia de la red actual de agua para regar,contemplar más o menos extensiones de aceras, etc…..siendo muy importantes, ya que tienen repercusiones económicas para los contribuyentes, no deben de parar el procedimiento iniciado de conseguir terminar la única urbanización que queda en nuestro término.

   Creo que es posible llegar a un acuerdo, el ayuntamiento quiere conseguir eliminar el mayor foco de contaminación de su término, son muchas viviendas vertiendo diariamente sus aguas fecales a pozos ciegos construidos en los años 70 y 80. Seremos tan incapaces de llegar a acuerdos, existen vecinos y vecinas a favor de una postura u otra, pero lo bien cierto es que desde hace 40 años no disfrutan de los servicios que les corresponde…¿Vamos a intentarlo por enésima vez?