El acceso por tren al puerto de Sagunt suma nuevos imprevistos millonarios

El acceso por tren al puerto comercial de Sagunt sigue subiendo de precio. La última modificación eleva el gasto hasta casi 50 millones de euros, un 29,5 % más de los poco más de 38,1 millones que se presupuestaron en 2017. El nuevo sobrecoste asciende a 5 millones de euros y responde al "aumento de ciertas partidas con respecto a la previsión inicial, entre las que destacan las expropiaciones y los servicios afectados, además de una asistencia técnica y una dirección de obra de instalaciones de seguridad que no estaba considerada, así como la necesidad de incluir el adicional de la revisión extraordinaria de precios".

Así lo recoge la adenda del convenio que se ha tenido que aprobar como paso previo a esta última inyección con la que se espera poner fin a una actuación que implicará la mejora de la red ferroviaria "de interés general con directo interés portuario". Ese acuerdo está firmado por Ángel Contreras, como presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), empresa encargada de impulsar la actuación; Álvaro Domínguez, máximo responsable de Puertos del Estado, y Mar Chao, mandataria de la Autoridad Portuaria de València (APV).

Todos los sobrecostes, que ya superan los 11,2 millones euros, los asume la Autoridad Portuaria de València

Sobre esta última, a través del fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria, recae la financiación extra que se ha ido acumulando durante los últimos años. De esta forma, de los 49,4 millones de euros en los que se ha estimado el conjunto de la intervención tras la modificación más reciente, la aportación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se mantiene en algo más de 13,9 millones de euros, mientras que los restantes 35,5 millones de euros le corresponden a la APV. En un principio, esta contribución se había establecido en un máximo de 24,2 millones de euros, según se aprobó por unanimidad en el Comité del Fondo de Compensación Interportuario.

Convenio original

El convenio original se remonta a finales de la primavera de 2017 y una primera "adenda modificativa y prórroga" solo cambió el plazo de vigencia del acuerdo, que se prolongó desde junio de 2021 hasta verano de 2025, el "período máximo de cuatro años adicionales que permite la legislación aplicable". Ninguno de los firmantes de ese documento se mantiene en el cargo, ya que lo rubricaron Isabel Pardo de Vera por ADIF, Francisco Toledo por Puertos del Estado y Aurelio Martínez por la APV.

Las implicaciones económicas empezaron a llegar en enero de 2023, cuando un segundo cambio del convenio recogía un sobrecoste de 6,2 millones de euros, hasta los 44,3 millones de euros. Las razones de aquel incremento fueron la modificación del proyecto de obra tanto de la plataforma como de la vía del tren, el incremento en las instalaciones de seguridad, una reserva para la liquidación de la obra y otra partida para la puesta en servicio del ferrocarril. En este documento ya aparecen nombres conocidos de estas adendas como Domínguez de Puertos del Estado y Martínez de la APV, mientras que la presidenta del ADIF era María Luisa Domínguez.

Fondos FEDER

En todas estas modificaciones se recoge también que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias es el encargado de gestionar el cobro de la ayuda FEDER y que esta empresa dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible "asumirá la pérdida de la citada ayuda por causa imputable a la misma". También en este artículo se plantea la posibilidad de recabar nuevas asignaciones de estos fondos europeos, aunque ya parece poco probable que acaben llegando.

Sobre los plazos para finalizar la intervención, este documento no actualiza la información más reciente, que fue la adjudicación de una nueva asesoría técnica para acabar las obras, que en febrero se marcó en 8 meses. En cualquier caso y teniendo en cuenta que la tramitación administrativa de la red interior apenas está acabada, con lo que desde la APV ya se anunció que el objetivo es que los primeros trenes llegan a las dársenas del puerto de Sagunt a lo largo de 2025, justo antes de que la gigafactoría de Volkswagen entre en funcionamiento.

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