La lengua nunca deja en paz a la Ribera

El Ayuntamiento de Montserrat frenó el jueves con el voto en contra de todos los grupos municipales salvo Vox -incluidos el PP y Aigua que gobiernan en coalición con el partido de extrema derecha-, la propuesta de tramitar una modificación del topónimo que sustituyera la actual forma única en valenciano Montserrat, que se utiliza desde 2005, por la doble denominación en castellano y valenciano Monserrat-Montserrat.  

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Los vecinos de Alfarb, por su parte, están llamados esta semana a participar en una consulta popular para que respondan a la pregunta «¿Con qué nombre del pueblo te sientes más identificado?», la forma en valenciano acabada en «b» que rige desde hace escasamente uno año o la denominación previa a la valencianización del topónimo que aún se mantiene en la mayor parte de la señalética: Alfarp. En este caso, ha sido el alcalde y único representante del PSOE en el ayuntamiento, Raúl Mínguez, quien, con el respaldo del PP y en contra del criterio de su socio de gobierno, Compromís, y de la propia dirección comarcal del partido, a juzgar por el pronunciamiento de apoyo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha impulsado este proceso. 

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Se trata de los dos últimos frentes abiertos a cuenta de la valencianización de los topónimos en una comarca en la que únicamente Turís mantiene el nombre en castellano y solo Montroi cuenta con la doble denominación Montroi-Montroy, y en la que sigue pendiente de los tribunales la forma Castelló, que desde octubre de 2020 se utiliza como denominación oficial y única de la antigua Villanueva de Castellón, donde el proceso de normalización provocó en los años noventa una grave fractura social. La lengua nunca deja en paz a la Ribera.

El caso de Castelló es sin duda el más grave que ha vivido una comarca en la que, allá por los años ochenta, el proceso de normalización de los topónimos ya provocó en algunos pueblos una guerra de pintadas para alterar al gusto los nombres en las señales. Esta fue especialmente intensa en los accesos a Castelló después de que, en 1994, el Consell presidido por el socialista Joan Lerma aprobara la denominación Castelló de la Ribera a propuesta de un ayuntamiento gobernado por la izquierda. La localidad vivió momentos de gran crispación. Los sectores más conservadores de la localidad se organizaron en torno al Col·lectiu de Veïns Pro-Referèndum que, con el asesoramiento del abogado Juan García Sentandreu, impugnó el nombre y logró que en 1998 el TSJ reinstaurara el topónimo Villanueva de Castellón gracias a que el Consell gobernado por el PP, que actuaba como parte demandada, se retiró del pleito. El litigio y la crispación social aún continuaría durante años hasta que en 2005 se confirmó la forma en castellano.

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La corporación presidida por Óscar Noguera (Compromís) lograba en octubre de 2020, sin hacer mucho ruído, que se aprobara como nombre oficial y único la forma Castelló. La nueva denominación provocó tres contenciosos, entre ellos uno interpuesto por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, que alertaba de posibles confusiones, y que según ha confirmado Noguera, todavía no se han resuelto.

Las polémicas de Alfarb y Montserrat son más recientes. La normalización del topónimo de la localidad del Marquesat se aprobó formalmente en mayo de 2023, a las puertas de las elecciones. El pacto de PSOE y Compromís para gobernar y compartir la alcaldía no ha impedido que el único representante socialista pidiera al ministerio autorización para celebrar una consulta popular, que tendrá lugar a partir de mañana y hasta el próximo viernes al mediodía. Compromís ya anunciado que no participará alegando que el resultado no es vinculante y que no tendrá ningún efecto práctico ya que las competencias en materia de toponimia son de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que fue la que validó la forma Alfarb.

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En el caso de Montserrat, la propuesta de Vox ha chocado con la negativa del resto de grupos a abrir este frente. El alcalde, Sergio Vilar, defendió que el PP tiene otras prioridades, mientras Vicente Belenguer (Aigua) no dudaba en señalar que se trata de una cuestión «que no quita el sueño a nadie». La izquierda también rebatió los argumentos de Vox de que su propuesa era «conciliadora y no discriminatoria» señalando que únicamente buscaba «dividir al pueblo y crear conflicto y odio».

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