Ni uno solo de los casi veinte procesados en la causa abierta por el juez de Instrucción número 1 de València por la importación de más de tonelada y media de cocaína, cuyo presunto cabecilla según los investigadores es Onofre G. G., dueño de un importante centro deportivo de Quart actualmente precintado por orden judicial, continúa en prisión. 

Precisamente ese investigado, Onofre G., que hasta ahora nunca ha podido ser condenado por narcotráfico, es uno de los últimos siete que salieron anoche de las cárceles donde estaban en prisión preventiva, la de Albocàsser, en su caso, y la de Picassent, en el de los demás, tras depositar las fianzas exigidas, todas ellas de cuantía muy baja en comparación con las fijadas en otras ocasiones por tráfico de drogas a gran escala.

Así, el juez ha concedido la salida de prisión de los investigados previo pago de fianzas que van desde los 6.000 hasta los 12.000 euros, salvo un caso en que fueron 30.000. Todos pagaron en cuanto recibieron el auto del instructor. En el caso del presunto líder, la fianza fjada y pagada es también de 12.000 euros.

En ese escrito, el juez se aviene a otorgar la libertad provisional bajo fianza, según dice, porque legalmente no tiene más margen de maniobra que concederla si se la pide el fiscal. De hecho, incluso deja caer su descontento con la decisión argumentando que lo hace «pese a los numerosos indicios existentes y la gravedad de los hechos, riesgo de fuga (sic)».

La decisión del instructor se produce solo diez días después de que él mismo rechazara las peticiones de libertad bajo fianza planteadas por las defensas de los imputados, que en su última argumentación incluían el desigual trato a los 18 procesados, dado que a once de ellos ya se les había otorgado la libertad bajo fianzas de 6.000, 10.000 y 30.000 euros la semana pasada.

La firma, una vez al mes

Nuevamente el juez, que en el auto defiende la pulcritud de su instrucción, se refugia en que la concesión de esas once libertades por su parte obedeció únicamente a la obligación legal de atender las demandas de la Fiscalía. Además de la imposición de esos pagos, que los procesados han satisfecho en tiempo récord, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir del país y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado a firmar, pero en plazo poco restrictivo: una vez al mes.

La operación policial contra los 18 procesados deriva de una orden de investigación europea (OIE) generada a partir de un paquete de mensajes desencriptados que los ahora investigados supuestamente se cruzaron a través del sistema Sky ECC, que hasta su hackeo por varias policías europeas, permitía hablar y enviarse archivos con absoluta opacidad para las fuerzas de seguridad.

Uno de esos paquetes de datos permitieron al equipo de delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de València vincular a Onofre G. G. y al resto de los acusados con la llegada de dos contenedores, en agosto de 2020, a bordo de los cuales viajaban 1.650 kilos de cocaína, distribuidos en mochilas por el sistema de ‘gancho perdido’.

En los mensajes, los interlocutores habrían intercambiado información y fotografías de todo el proceso de manera muy detallada –la Guardia Civil realizó una compleja labor de análisis para vincular cada sobrenombre usado a cada sospechoso–, incluido cuando se dejaron cuatro de esas mochilas con 117 kilos de cocaína en uno de los contenedores, del que ni siquiera cerraron las puertas, lo que hizo posible que el servicio de seguridad del puerto sospechase y descubriese la droga.

El único de los 18 procesados que no podrá salir de prisión es otro de los considerados líderes del narcotráfico en València, Fernando M. S., ya que está cumpliendo una condena de 19 años de cárcel por la Operación Gorrión, en la que había dos guardias civiles –hoy, exguardias– condenados por narcotráfico.