Se aplaza el juicio contra el parricida que asesinó a su hijo de once años en Sueca

La vista oral contra José Antonio A. C., el parricida que asesinó a cuchilladas a su hijo de once años en Sueca con enorme crueldad mientras permanecía abierta la comunicación vía telefónica con la madre, para causarle un mayor sufrimiento a su expareja, se ha suspendido y será aplazado a después de Navidad al no llegar a un acuerdo de conformidad las partes.

Hoy estaba previsto que comenzara el juicio con la selección de los miembros del jurado popular y la posterior declaración del propio acusado, quien inicialmente se había mostrado partidario de reconocer los hechos, crimen que no admite discusión. No obstante, en el último momento el presunto parricida ha decidido que no se iba a conformar con la pena de prisión permanente revisable, y su defensa tratará de introducir algún tipo de circunstancia atenuante o eximente por consumo de alcohol, hecho que por otra parte también descartaron los médicos forenses.

A tenor de que el juicio se podía alargar más de lo previsto inicialmente y que el objeto de veredicto no se les entregaría en el mejor de los casos hasta el próximo viernes, la magistrada ha optado por dada la complejidad de los delitos a tratar, no solo el asesinato, sino el maltrato habitual y las lesiones psíquicas, aplazar el juicio a después de Navidad para que los miembros del tribunal popular no permanecieran incomunicados el fin de semana previo a Nochebuena. Así la vista empezará el próximo 9 de enero con la formación del jurado y la declaración del acusado. También está previsto que declare en esa primera sesión la madre del pequeño asesinado, a puerta cerrada y detrás de parabán.

El acusado se enfrenta a la mayor pena contemplada en el Código Penal, la prisión permanente revisable y al destierro de por vida de Cullera. Son las dos penas principales que la Fiscalía pide de manera provisional para José Antonio A. C., de 49 años actualmente, quien el 3 de abril del año pasado asesinó a su hijo de 24 cuchilladas en su domicilio de Sueca el día que debía celebrar con él su undécimo cumpleaños.

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Este asesinato machista, exponente claro de violencia vicaria tal como ha admitido incluso el acusado, fue ejecutado con enorme crueldad y absoluta frialdad. Jordi había cumplido 11 años el viernes, 1 de abril. Su padre insistió una y otra vez a la madre para que se lo llevara el domingo, 3 de abril, a su casa, en Sueca, donde habían vivido los tres hasta la separación, precisamente con la excusa de que quería comer con Jordi para celebrar él también el cumpleaños con su hijo.

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La mujer, que nunca sospechó que fuera a hacerle daño al pequeño para causarle un mal mayor a ella, accedió y ese domingo llevó al niño a la casa de Sueca de la que había tenido que huir a escondidas con el pequeño y unas pocas pertenencias un año antes, el 13 de marzo de 2021, tras un episodio en el que él le había puesto un cuchillo en el cuello después de haberla intentado estrangular, después de que ella le anunciara que quería separarse.

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José Antonio A. C., que había maltratado y amenazado a su exmujer durante años, no admitió esa separación ni el posterior divorcio. Tampoco la medida de alejamiento que se le había impuesto en agosto de 2021 tras un juicio rápido en el que se le condenó solo por uno de esos episodios, tras la única denuncia interpuesta después de que el maltratador se colara en casa de los padres de su exmujer armado con dos cuchillos de cocina.

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Ese procedimiento judicial estuvo plagado de fallos y descoordinación entre juzgados, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, lo que llevó a celebrar reuniones urgentes en los días siguientes entre distintos operadores en materia de violencia de género y a intervenir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aún así tardó seis meses en emitir el informe que admitía esos errores e instaba los cambios necesarios en los protocolos de actuación para evitarlos en el futuro.

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Diez años de libertad vigilada más el destierro

Ahora, un año y ocho meses después de aquel brutal crimen, la fiscal no solo solicita por el delito de asesinato la pena de prisión permanente revisable, sino que le añade, además, otros 10 años más de libertad vigilada, que deberá cumplir una vez salga de prisión, algo que no ocurrirá hasta que haya cumplido como mínimo 25 años efectivos de cárcel. Solo partir de ese momento podría revisarse la condena, y siempre y cuando la víctima, en este caso la madre del menor, estuviese de acuerdo.

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Por ese delito, el Ministerio Público también solicita para el acusado 35 años de destierro de Cullera, el municipio de la madre, así como el mismo tiempo de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

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Seis delitos y un juicio con jurado

En total, la fiscal -la coordinadora de la sección de violencia sobre la mujer- acusa a José Antonio A. C. de seis delitos, por los que será juzgado a partir del próximo 9 de enero.

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El delito principal es, obviamente, el de asesinato, unido al de lesiones psíquicas derivadas del crimen vicario, que ha llevado a la acusadora pública a solicitar, además de las penas ya detalladas, una indemnización de 300.000 euros para la madre de Jordi y otros 120.000 para los abuelos maternos -60.000 para cada uno de los dos-.

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Siete años más de cárcel

Así mismo, aprecia un delito de amenazas y otro de maltrato por el ataque de marzo de 2021; un quinto delito, este en la modalidad de continuado, de quebrantamiento de condena por el acoso constante a través de mensajes y llamadas a su exmujer y a sus familiares pese a que le habían impuesto la pena, en sentencia firme, de alejamiento y no comunicación con ella por ningún medio; y un sexto delito de maltrato psíquico y físico habituales, por la situación constante de violencia machista a la que estuvo sometiéndola durante años.

Por todos esos delitos, la fiscal suma otros 7 años de cárcel: tres por el maltrato habitual, dos por las amenazas, un año por los quebrantamientos y otro más por el maltrato físico de marzo de 2021. 

2.000 metros de alejamiento

Por los mismos delitos reclama otros 15 años de destierro de Cullera y el mismo tiempo de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella, ni directa, ni indirectamente.

En todos los casos, el alejamiento es de un mínimo de 2.000 metros, una distancia inusualmente elevada, que tiene relación, entre otras cosas, con la brutalidad del crimen, la ausencia de arrepentimiento del asesino confeso -llegó a culpar a su exmujer del asesinato alegando que «si hubiera vuelto conmigo, esto no habría pasado», tal como publicó este diario- y las graves secuelas que el asesinato de Jordi ha dejado en su madre.