La unidad antibotellón de la Policía Local estará lista a final de febrero

Las pruebas físicas para reclutar a los agentes serán la próxima semana lo que permitirá iniciar ya la selección de personal        

La Junta de Gobierno presidida por Catalá nombra a dos comisarios principales y eleva la cúpula del cuerpo a 5 altos cargos

Oficiales y mandos forman el Día de la Policía Local en la sede central, en una foto de archivo.

Oficiales y mandos forman el Día de la Policía Local en la sede central, en una foto de archivo. / GERMAN CABALLERO

José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

La Policía Local de València ha arrancado el año con gran intensidad. Ayer mismo salió de la Jefatura del Cuerpo la orden por la que se convocan las pruebas físicas para comenzar a reclutar a los futuros componentes de la unidad AntiBotellón, la denominada Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP). Desde el 10 de enero se iniciará el proceso selectivo para formar esta unidad especial contra el botellón, las reyertas y el incivismo que contará con 120 agentes, pero que podría llegar a 180 incluso. 

Los integrantes de la nueva compañía serán voluntarios y deberán superar una serie de pruebas físicas, así como acreditar una serie de conocimientos que les aportarán una puntuación extra, junto a la entrevista personal que deberán pasar. Todo el proceso de selección se prevé que estará terminado a finales de febrero, de modo que como anunció el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Jesús Carbonell podría estar ya en la calle en marzo, con vistas a las Fallas de 2024

Junto a esta iniciativa, la Policía Local es también noticia porque ya cuenta con una nueva cúpúla policial. La Junta de Gobierno Local, que preside la alcaldesa María José Catalá, y que está integrada por concejales de PP y Vox, ha nombrado a dos comisarios principales, que elevan a 5, el número total de altos mandos que integran el máximo escalafón del cuerpo. En realidad, serán 4 comisarios principales y el comisario jefe José Vicente Herrera. 

Tanto Jefatura como la concejalía de Seguridad Ciudadana han defendido que estos dos nuevos nombramientos aprobados en la junta de gobierno del pasado 29 de diciembre son «perfectamente legales y entran dentro del procedimiento habitual», que rige el funcionamiento de la administración, y en este caso, de la Policía Local de València. Ello pese a que estos dos jefes han sido designados pese a que cuatro aspirantes -comisarios que optaban también a ser comisarios principales- han recurrido esta bolsa de empleo. No en vano, los 4 comisarios díscolos y críticos con el jefe Herrera, presentaron un recurso por vía administrativa, ante el ayuntamiento, que fue rechazado por el secretario municipal. Además, han presentado también una denuncia, con un amplio dossier, ante la Agencia Antifraude. Este dosier denuncia presuntas irregularidades, que pudieron favorecer a algunos de estos aspirantes que resultaron a la postre seleccionados y que ahora han sido ascendidos. Con todo, fuentes de la Jefatura de la Policía Local argumentan que esta oferta de empleo ha cumplido los requisitos que impuso una sentencia que obligó a repetirla. «Por tanto, este proceso selectivo está juzgado y se ha realizado con publicidad», como requería la autoridad judicial. «Los aspirantes descartados tienen derecho a recurrir si lo creen conveniente pero una organización como la Policía Local de València no puede estar paralizada, tiene que seguir adelante con su funcionamiento», comentan estas fuentes.

De hecho, fuentes de la concejalía de Jesús Carbonell recuerdan que son bastantes los funcionarios y empleados municipales que tienen sus plazas recurridas en la justicia, lo que no impide que sigan desarrollando su trabajo hasta que haya una sentencia firme. 

Por su parte, los 4 comisarios díscolos ya han confirmado que seguirán adelante con sus recursos ante la justicia. Si Antifraude no paraliza estos nombramientos o atiende sus peticiones, entonces acudirán al contencioso-administrativo y también a la vía penal.De hecho, están estudiando denunciar por presunta prevaricación y posible falsedad documental a los miembros del Tribunal de la prueba celebrada en octubre.