València deja de recaudar 2 millones por el apagón de las cámaras del APR

La portavoz del Grupo Municipal Socialista Sandra Gómez ha denunciado "el desastre de gestión económica” del gobierno municipal de la alcaldesa María José Català tras desvelarse que el Ayuntamiento de València ha perdido los casi dos millones de euros de recaudación de todas las infracciones de la APR en Ciutat Vella desde octubre a diciembre de 2023. 

Así lo ha confirmado, según revelan fuentes del grupo municipal socialista, "el propio PP en su respuesta a la pregunta que presentó el Partido Socialista en el pasado pleno municipal y en la que admite que prácticamente todas las sanciones que no se pusieron por su apagón de las cámaras en Ciutat Vella han prescrito".

Los socialistas, en base a las multas interpuestas en un periodo similar, han calculado que el consistorio "ha dejado de ingresar como consecuencia del apagón de las cámaras de la APR de Ciutat Vella aproximadamente dos millones de euros". 

Una cantidad que ha dejado de ingresar el Ayuntamiento de València y que podría haber permitido, tal como ha apuntado la responsable socialista, “tener los recursos que necesitan los servicios sociales para poder pagar todas las ayudas a las personas en riesgo de vulnerabilidad, del comedor escolar y de la protección de menores, por ejemplo. Porque, como consecuencia de la mala gestión y de la estafa fiscal de la señora Catalá para perdonar 70 millones de euros a las personas que más tienen y a las grandes empresas, Servicios Sociales no puede garantizar que se puedan pagar las prestaciones a partir del próximo mes de septiembre”.

“Mientras la alcaldesa perdona 70 millones en impuestos a los que más tienen, Bienestar Social pone de manifiesto que no va a poder pagar ayudas. Y todo por el capricho discriminatorio de la señora Catalá”, ha subrayado.

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"Irresponsabilidad presupuestaria"

Gómez ha incidido en que "el desastre de gestión económica” del equipo de Catalá se ha trasladado también a los presupuestos del ayuntamiento de 2024 tras analizar la última modificación de créditos. “El PP votó en contra de las normas fiscales y esa irresponsabilidad tiene ahora una consecuencia directa y es que el ayuntamiento no puede utilizar el superávit para financiar cuestiones presupuestarias”, ha señalado minutos antes del pleno.

Gómez ha recordado que esta modificación de crédito de 54 millones de euros, además, ha agotado el crédito disponible, “lo que, además, de no dejar margen al gobierno municipal para atender las necesidades que surjan en los próximos meses, es claramente ilegal, tal como ha puesto negro sobre blanco el informe de Intervención”.

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