El misterioso apagón de las cámaras de Ciutat Vella Nord en invierno

Lo ocurrido con las cámaras sancionadoras del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord puede calificarse como el misterioso caso de las cámaras apagadas en esta zona de circulación preferente para los vecinos, que han estado sin funcionar casi 4 meses. La alcaldesa de València María José Catalá y el propio concejal de Movilidad Jesús Carbonell justificaron públicamente que las cámaras del APR dejaron de sancionar a los vehículos no autorizados por el traslado del personal de Movilidad al servicio del Padrón municipal.

Sin embargo, las cifras de las respuestas oficiales facilitadas por el gobierno del PP y Vox al grupo municipal del PSPV no cuadran con esa explicación. Según la contestación del equipo de Catalá a la concejala socialista María Pérez, que formuló una pregunta en el pleno del 29 de enero, "en fechas 17 y 24 de julio de 2023 dos auxiliares administrativas fueron trasladadas desde el Servicio de Movilidad al de Sociedad de la Información, para cubrir las necesidades de atención al público en la sección de Padrón, habiéndose reincorporado ya al Servicio de Movilidad".

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"Una de estas personas -añade la respuesta firmada por la concejala de Personal Julia Climent- ha estado en situación de baja durante el tiempo del traslado a la Sección de Padrón. En dicho servicio realizaban y realizan funciones relacionadas con la gestión y tramitación de las solicitudes de acceso a la zona APR y atención telefónica a los usuarios, así como con la generación de ficheros informáticos de las matrículas con acceso no autorizado para su remisión al servicio de procedimiento sancionado".

Las cifras oficiales contradicen la explicación de la alcaldesa

Este desvío de personal de Movilidad al Padrón, según los concejales del PP, explicaría que las cámaras sancionadoras hayan estado varios meses sin funcionar lo que contraviene las ordenanzas municipales. Sin embargo, las cifras oficiales del propio Ayuntamiento de València entregadas a la concejala María Pérez, en este caso, por parte del regidor popular de control administrativo José Marí Olano, contradicen esta explicación puesto que curiosamente cuando más multas se han seguido poniendo, desde el verano a primeros de octubre, es cuando se ha quitado personal de Movilidad para enviarlo a Padrón. A partir de ahí, las cámaras se apagaron durante casi todo el invierno pero no se sabe qué ha pasado con estas trabajadoras.

Así, desde el 17 de junio al 3 de octubre, se impusieron un total de 31.065 denuncias, lo que supondria 1,86 millones de euros para las arcas municipales. La cámara de la plaça de la Comunió de Sant Joan es la que más sanciones impuso puesto que multó a 9.476 vehículos y recaudó 568.500 euros. Sin embargo, según la misma fuente oficial en octubre, noviembre y diciembre no se multó a nadie ni se tramitó ningún acta sancionador contra ningún vehículo. En enero, solo se pusieron 76 multas y en febrero, hasta el 19, se habían sancionado a 4.722 coches.

Por tanto, es extraño que se diga que la falta de personal obligó a apagar las cámaras cuando las cifras dicen lo contrario. En julio se trasladaron dos funcionarias de Movilidad a Padrón, y además una de ellas estuvo de baja, y pese a eso, hasta primeros de octubre se mantuvo un altísimo volumen de multas.

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"Han dejado de multar por otra razón, que ocultan"

Mientras, la regidora socialista lo tiene claro. "Han dejado de multar por alguna otra razón que no quieren decir, una razón política", explica la concejala. "El traslado de personal de un departamento a otro no explica que haya más multas en los meses que se supone que había menos personal destinado en Movilidad", añade. Por ende, tampoco se ha aclarado cómo van a gestionar "este retraso en las sanciones acumuladas o no impuestas durante el invierno, la pregunta es ¿cómo lo van a gestionar?".