Paralizan el desahucio de una mujer, sus tres hijos menores y su nieta en Torrent

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar el desahucio de Carmen, una mujer de 35 años que desde el pasado mes de junio residía de manera ilegal en una vivienda propiedad de un fondo buitre en Torrent junto a sus tres hijos menores de edad y su nieta, de apenas cinco meses. Si bien el lanzamiento estaba programado para esta mañana, finalmente la propiedad ha concedido un plazo extra de dos meses para evitar que la mujer y su familia se queden en la calle.

Desde el Ayuntamiento de Torrent habían tramitado una solución de urgencia para darle una solución de habitabilidad a la mujer, e incluso se habían ofrecido a sufragar de manera extraordinaria un hostal de manera temporal hasta hallar una alternativa. Con todo, finalmente estas opciones no han sido necesarias ya que la propiedad ha accedido a ofrecer una prórroga hasta que encuentren un hogar, o las administraciones públicas se lo faciliten.

La ONU pidió la suspensión

El posicionamiento en contra de la ONU ha sido clave en la resolución, pues cabe destacar que, ante la negativa del juez de paralizar el desahucio y tras recibir la denuncia de la PAH, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó de urgencia al Estado que, para evitar daños irreparables, Lenicata Servicios, propietaria del inmueble, suspendiera la orden de desalojo. Eso, o que alternativamentelas administraciones le ofrecieran una vivienda "digna y adecuada". Unas peticiones que finalmente han sido escuchadas "hasta que la administración correspondiente pueda ofrecer una solución habitacional a la familia", según indica acta judicial.

"Estoy muy feliz. No tengo palabras", expresaba Carmen a los pocos minutos de conocer la noticia. La mujer confiesa que está viviendo esta situación "con muchos nervios y estrés". Y es que según cuenta, desde que su suegra le echara de su casa tras separarse de su anterior pareja y ante la falta de respuesta de las administraciones para hacer frente a su situación, la mujer solo tenía dos opciones: "O me metía en un piso o me quedaba en la calle".

Viven con menos de 500 euros

Y es que los 480 euros que ingresa cada mes de subsidio son insuficientes para dar de comer a cinco bocas, y mucho menos para asumir el coste de una vivienda en alquiler. Es por ello que el pasado mes de junio la mujer de 35 años se vio en la necesidad de acceder de manera ilegal a una vivienda propiedad de un fondo buitre junto a sus hijos, de 14, 11 y año y medio, y su nieta de tan solo cinco meses "para hacer tiempo hasta que Servicios Sociales me ofreciera un techo".

De hecho, a pesar de contar con informes que acreditan su situación de vulnerabilidad, desde que se instalara en el domicilio no es la primera vez que el banco malo le advierte del desahucio, y ya el pasado mes de noviembre recibió una notificación, aunque finalmente fue aplazada hasta el día de hoy. Ahora, tras el acuerdo de hoy, Carmen y su familia tienen un tiempo extra para conseguir "que las administraciones cumplan y le den un hogar digno, tal y como indica la Constitución".

Unificar los criterios

Así lo han expresado desde la PAH, que si bien celebran esta prórroga que reciben como una pequeña victoria, advierten de que permanecerán vigilantes "hasta que se le conceda una vivienda para evitar daños irreparables". Así lo ha expresado uno de sus portavoces, José Luis González, quien explica que desde el colectivo "pedimos que se unifiquen los criterios de los jueces a la hora de ordenar alzamientos".

En este sentido, recuerdan la reciente sentencia 6/2024 del Tribunal Constitucional en la que se indica que las comunicaciones de los Comités de Naciones Unidas, sin obligar, sí que apuntan a que debe cumplirse el artículo 96 de la Constitución Española en el que se indica que los tratados internacionales, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.