El Consell reabre la guerra del agua con el Gobierno por el trasvase Tajo-Segura

La Abogacía General de la Generalitat ha elaborado, a petición del Consell, un informe que sirve al Botànic como base jurídica para instar al Gobierno a que respete el proyecto de real decreto en los mismos términos en los fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y que garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Dicho documento desmontaría, según el Consell, los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos, argumentos en los que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una serie de sentencias del Supremo.

La Abogacía de la Generalitat concluye que en ningún momento el Supremo se pronuncia sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos. Es más, indica que a la hora de establecerlos hay que tener en cuenta una serie de variables, no sólo ecológicas, sino también socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin justificación.

Esos son los principios en que se basa la disposición novena del proyecto de real decreto cuyo mantenimiento cuestiona ahora el Gobierno, ya que esa disposición establece que «si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026». Es decir, no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo que garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que «lo que no se puede entender» es que después de un acuerdo este se rompa. Puig destacó que no están dispuestos en ningún caso a pasar por una situación de ruptura unilateral de un acuerdo, por lo que se acogen al informe realizado por la Abogacía en el que se refrenda «que no hay ningún motivo que haga razonable un cambio de posición respecto a aquello que se acordó legítimamente en el Consejo Nacional del Agua».

Puig señaló que desde la confrontación el agua no llega a Alicante, evidenciando que el diálogo es vital para lograr el éxito que supone que el trasvase Tajo-Segura continúe vigente.

Además, los representantes del gobierno valenciano que asistieron a la reunión del citado organismo han elaborado un informe explicativo en el que advierten de que cambiarán el sentido de su voto sobre el plan del Tajo si finalmente se llevase a cabo una modificación de lo pactado.

Señalan, en concreto, que su abstención estaba condicionada al cumplimiento expreso de la disposición sobre los ya aludidos criterios para determinar los caudales ecológicos, pero indican que si ahora se suprimiese esa disposición los votos del Consell pasarían a ser negativos, tanto en el caso del plan de Tajo como en el del real decreto.

Así las cosas, el Consell reitera de manera rotunda su petición al Gobierno para que se cumpla lo aprobado en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, porque ese acuerdo garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que para la Generalitat es una cuestión prioritaria e irrenunciable. El plan del Tajo salió adelante hace unas semanas con 55 votos a favor, 22 en contra y 8 abstenciones —entre ellas la de la Generalitat—, el abrumador rechazo de todas las autonomías del PP y de las comunidades de regantes.

Los populares valencianos criticaron ayer al Consell por permitir con su «complacencia» un pacto «que va a recortar un 50 % el agua» que llega a Alicante.

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