El Consell ve desleal e ilegal el cambio de Moncloa a los términos del trasvase

La Generalitat exige anular las modificaciones introducidas por Transición Ecológica al decreto en sus alegaciones ante el Consejo de Estado para que el recorte de agua vuelva a ser opcional. Puig reclama diálogo al Gobierno ante los intentos de la derecha de capitalizar la polémica

Una imprenta de Alicante ultima las pancartas que lucirán los regantes en la manifestación en Madrid.

Una imprenta de Alicante ultima las pancartas que lucirán los regantes en la manifestación en Madrid. / Levante-EMV

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

Las alegaciones de la Generalitat al decreto del Gobierno sobre el plan hidrológico del Tajo ya están sobre la mesa del Consejo de Estado. El recurso del Consell a la modificación unilateral introducida por el Ministerio de Transición Ecológica al texto, que fue pactado previamente con las autonomías, es contundente y reclama retrotraer el proceso a lo acordado en el Consejo Nacional del Agua al entender que Moncloa ha vulnerado el derecho del Consell a conocer esas alteraciones introducidas en la norma posteriormente, algo que tilda de "deslealtad institucional".

En el documento entregado este martes, que ha sido elaborado por la Abogacía de la Generalitat, el Ejecutivo valenciano da por acreditados "defectos en la tramitación del proyecto" de real decreto que, en opinión de los servicios jurídicos del Consell, "podrían ser determinantes de la nulidad de pleno derecho del proceso". Es decir, de su anulación.

La argumentación de la Generalitat ante el máximo órgano consultivo del Gobierno se centra en rebatir lo que es el principal motivo del choque político entre ambas administraciones: la eliminación de la disposición adicional novena. Esta cláusula abría la puerta a no tener que reducir los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura de forma automática a partir de 2026 si el estado ambiental del río mejoraba en ese lapso de tiempo.

Se introdujo en el acuerdo original sellado en el Consejo del Agua del 29 de noviembre a petición de las autonomías más perjudicadas por el establecimiento de ese caudal ecológico, la C. Valenciana y Murcia, pero fue posteriormente modificado por el ministerio. Un extremo que este martes ha vuelto a negar la ministra Teresa Ribera, que insiste en que el borrador fue acordado en este cónclave.

Deslealtad institucional

Esas modificaciones, defiende la Generalitat, fueron introducidas "de manera unilateral" por Moncloa y "sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua". Por todo ello, la Abogacía entiende que el decreto "no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación” pertinentes y acusa al ministerio de Teresa Ribera de haber adoptado una "decisión arbitraria" basada en la "libre voluntad de la Administración redactora de la norma”.

El escrito va un poco más allá y evidencia el malestar que la maniobra ha generado en el seno de la Generalitat. Así, mantiene que durante la negociación el Gobierno "ha vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia" amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Por todo ello, el Consell solicita que el real decreto sobre planes hidrológicos "rescate e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Agua" y que resulta "fundamental para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura".

Puig reclama no renunciar al diálogo

El president Ximo Puig ha insistido desde Bruselas, donde está de viaje institucional, que la reclamación busca que se "respete" el acuerdo alcanzado en el Consejo del Agua, si bien se ha abierto a que Moncloa "haga un planteamiento desde el diálogo" que evite la "confrontación permanente".

El jefe del Consell no podrá asistir a la manifestación en Madrid, si bien ha trasladado el apoyo de su Ejecutivo a sus exigencias. Unas reivindicaciones que, no obstante, ha defendido que "deben ir acompañadas por una voluntad de acuerdo y de diálogo" que asegure "agua para siempre".

Puig ha pedido mantener esos canales de negociación abiertos, además de para buscar una solución que a corto plazo pasa por el trasvase y a largo plazo por otros métodos como la desalación, para cerrar el paso a la oposición, que según el president está tratando de rentabilizar políticamente el conflicto. "Hay quien intenta erosionar a los gobierno sin tener interés en el agua", ha criticado.