Las cuatro tramas del caso Azud

 El Partido Popular se adentra en un campo de minas al solicitar la creación de dos comisiones de investigación en las Corts y el Congreso de los Diputados sobre el caso Azud. En el parlamento valenciano la síndica popular Maria José Catalá solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el “presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de proyectos urbanísticos y contratos públicos, investigados en el caso Azud, así como la posible financiación irregular del PSPV”. A través de una corrección de errores añadió la coletilla “o cualquier otro". Su homóloga en el Congreso y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también anunciaba el pasado miércoles el registro de una iniciativa parlamentaria para la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y de su organización en la Comunitat Valenciana: “los ya conocidos caso Azud o caso Acuamed, que ahora evolucionan al caso Ximo Puig”, aseguró.

El PP intenta forzar una comisión de investigación de Azud sólo sobre el PSPV

Ambas portavoces deben ignorar que con estas peticiones el Partido Popular solicita investigarse a sí mismo. Porque en el caso Azud también se investiga el pago de la campaña electoral de 2007 de la candidata del PP y alcaldesa de Xixona (1995-1996 y 1999-2007), Rosa María Verdú, por parte del empresario Jaime Febrer. Unos hechos por los que también se investiga a su concejal de Medio Ambiente, Francisco Doménech Asensi.

El PP pide ser parte en el caso Azud pese a la implicación de Alfonso Grau y la familia de Barberá

De hecho, Verdú y Doménech son dos de las 37 personas relacionadas con el PP a las que se investiga en el caso Azud de un total de 57 imputados que ha alcanzado la causa. De estos 57, además de los relacionados con el PP, otros diez investigados están relacionados con el PSPV-PSOE y a otros diez se les puede considerar “ambivalentes” porque estarían implicadas en tramas que afectan a destacados miembros de los dos partidosCabe recordar que ni al ni al PSPV se les puede investigar como partidos ya que los hechos investigados se remontan a los años 2007 y 2008. El cambio del Código Penal que permite investigar a personas jurídicas sólo se puede aplicar a hechos posteriores a 2015Tampoco se les puede acusar de delito electoral, porque éste estaría prescritoDe ahí que la acusación sólo se dirija a personas concretas de ambos partidos por el presunto delito de cohecho.

Guerra entre PP y Vox por acusar en Azud y desmarcarse del clan Barberá

Actualmente el caso Azud se organiza en una pieza principal en la que se investigan cuatro tramas diferenciadas que superan los 60 tomos y los 12.000 folios, según la parte del sumario que ya se ha entregado a las partes. Siguen bajo secreto de sumario las piezas separadas «2, 3, 4, 5 y 6» del caso, además de 23 folios distribuidos en seis de los tomos iniciales. Los folios de la causa sobre los que se indaga sin dar traslado a las partes, a través de estas cinco piezas separadas, están relacionados con la "operación colegios" y el incremento inmobiliario y patrimonial del exvicealcalde de València, Alfonso Grau, como contó Levante-EMV. Las cuatro grandes tramas que componen el caso Azud investigan los siguientes hechos.

La parte secreta del caso Azud está relacionada con Alfonso Grau

Operación Colegios

En la «operación colegios» se investiga la iniciativa de cuatro empresas promotoras, comandadas por el empresario Jaime Febrer, para asumir la deuda que el Ayuntamiento de València mantenía con diez congregaciones religiosas, a cambio de quedarse tres parcelas municipales. Unos terrenos públicos que eligieron los promotores investigados (Jaime febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando) con la presunta connivencia de funcionarios municipales y políticos. Una operación en la que el Ayuntamiento de València perdió al menos 14 millones de euros, como contó Levante-EMV. Por estos hechos se investiga a los tres empresarios citados, además del exvicealcalde Alfonso Grau, el abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València (1991-2015) Rita Barberá y varios altos funcionarios municipales.

Contratos de saneamiento y el tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó

En esta otra trama de la pieza principal del caso Azud se investiga la adjudicación a Acciona en 2006 del contrato de saneamiento de aguas en Valencia por 15 años y 129 millones de euros. Los protagonistas investigados por estos hechos vuelven a ser José María Corbín, Alfonso Grau, funcionarios municipales del servicio integral del agua pero también se ha visto salpicado por este contrato, presuntamente a cambio de acallar críticas, el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 13 decidió el 20 de marzo acumular a esta parte de la pieza principal la adjudicación del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, adjudicado también a la mercantil Acciona en unión temporal de empresas con Construcciones Luján, además de la desaladora de Moncofa. También se incluye la tramitación de la desaladora de Xixona, que no llegó a construirse. Por estos hechos se investiga a exaltos cargos de Acciona, las empresas públicas Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar y varios empresarios. También al exsecretario de finanzas del PSPV, José María Cataluña, a quien le encontraron en su dormitorio «el sobre que contenía la cantidad a abonar por las empresas adjudicatarias del tramo E, que suponía un mayor precio de la licitación», en palabras del Fiscal Anticorrupción del caso Azud. Por estos últimos hechos, la portavoz popular Cuca Gamarra señalaba que el también puede ser llamado caso Acuamed. Gamarra también obvia que el verdadero se investiga en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de fondos de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en contratos adjudicados entre 2007 y 2014.

El fallido hospital privado de la Católica en terrenos públicos

En esta otra trama de la pieza prinicipal se investiga la participación del empresario Jaime Febrer en connivencia con Alfonso Grau y José María Corbín en el presunto amañó del pliego para adjudicar un terreno a la Universidad Católica de València para construir un hospital, que también fue un proyecto fallido, ya que nunca llegó si quiera a construirse.

El Grupo Axis, el emporio empresarial levantado por el empresario Jaime Febrer puso huevos en todas las cestas y presuntamente financió de forma ilegal al PP, al PSPV y también a antiguos representantes del Bloc e incluso a Unión Valenciana, a través del mismo PSPV. "Se trataría de una dinámica de funcionamiento del Grupo Axis consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diversas administraciones públicas.

El PSPV recibió un millón en "b" para las campañas de Pla, Alborch y Fernández de la Vega en 2007 y 2008

El PAI del Espartal en Xixona y la financiación de las campañas de 2007 y 2008 al PP y el PSPV

El PAI el Espartal, que no llegó a ejecutarse porque lo tumbó el PSPV cuando llegó a la alcaldía de Xixona de 2007, carecía de agua durante su tramitación, por lo que Febrer recurrió a la mediación de José Luis Vera, el jurista ligado al PSPV y presunto conseguidor del caso Azud. Por estas gestiones "se habría acordado el pago de una comisión por importe de dos millones. De estos, un millón tendría como destinatario al propio José Luis Vera y un millón al partido político al que este se encuentra estrechamente vinculado, es decir, el PSOE”, según el sumario del . El millón de euros, abonado a través de empresas interpuestas que pagaban gastos de publicidad, habría servido para pagar gastos electorales de las campañas de Carmen AlborchJoan Ignasi Pla (2007) y Maria Teresa Fernández de la Vega (2008).

Las empresas de Febrer también pagaron gastos electorales de la campaña de la edil popular de Xixona Rosa Verdú, a través de una empresa de publicidad, por valor de 282.905 euros. La alcaldesa también hizo negocio al lograr que Febrer incluyera unos terrenos familiares en el PAI El Espartal por los que obtuvo 495.756 euros.

El azud transversal de la corrupción

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