Guardia Civil e Intervención compartirán información para acabar los informes sobre las empresas de Francesc Puig y los Adell Bover

La reunión a seis bandas entre el Juzgado de Instrucción 4, la Fiscalía Anticorrupción, las defensas de los empresarios Francesc Puig y los hermanos Adell Bover, la acusación popular que ejerce la diputada del PP Eva Ortiz, la Intervención de Valencia y Cataluña y la Guardia Civil de València han revelado las carencias de comunicación en esta causa y que ha retrasado las periciales encargadas a la policía judicial y a los interventores en 2022.

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Unos informes que se han retrasado porque la Guardia Civil esperaba una información que tenían las intervenciones y éstas precisaban de documentación que obraba en poder de la Guardia Civil, según explican fuentes conocedoras del encuentro a Levante-EMV. Por ejemplo, la Guardia Civil disponía de la información bancaria del modelo 043 de las empresas investigadas que utilizó para el primer informe pero que no se anexionó al escrito ni, al parecer, se entregó al juzgado. Unos extractos bancarios que ahora precisarían las intervenciomes para elaborar sus periciales y que, según se ha acordado, la Guardia Civil compartirá para evitar tener que volver a solicitarla a las entidades bancarias.

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Otro ejemplo. Las facturas de los trabajos realizados y que resultan claves para determinar si existió o no fraude subvenciones en las ayudas al valenciano concedidas por la Generalitat Valenciana y de Cataluña a las empresas de comunicación de la comarca de Els Ports investigadas. La Intervención pudo acceder a esta documentación porque las defensas aportaron toda la documentación en varios discos duros, aunque las facturas las tenía el juzgado desde el inicio de la causa. En esta información digital también se aportaba la documentación requerida por la Fiscal Anticorrupción durante las declaraciones de los empresarios audiovisuales y que completaban las lagunas detectadas por la Guardia Civil en su primer informe. Una información que ahora la Intervención remitirá a los agentes de la Guardia Civil para que realicen el informe solicitado por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2022 para "acreditar la realidad de los servicios prestados" a partir de las facturas de las empresas investigadas.

Por último, la representación de la Intervención catalana ha explicado que para conceder la subvención de las ayudas al catalán no reclaman facturas, sino que aplican unos módulos sobre trabajadores destinados y actividad, que en el caso de las empresas se acreditó y por eso se les concedieron las subvenciones. Un sistema que no sería equiparable al de la Generalitat Valenciana que sí funciona a partir de la expedición de facturas.

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