El PSPV recupera su ofensiva para abolir la prostitución

La modificación de la ley de Espectáculos y la ley de Carreteras regresa a las Corts. El PSPV ha retomado su ofensiva para abolir la prostitución después de que el último pleno de la pasada legislatura (cuando el Botànic tenía mayoría en el parlamento) la aprobación por la vía exprés de la doble propuesta de ley quedase truncada al no contar con el apoyo de sus socios de la izquierda. Unos meses después y ya en la oposición, los socialistas vuelven a plantearlo.

Los del puño y la rosa han anunciado que presentarán una modificación de ambas leyes con el objetivo de sancionar tanto a los consumidores de prostitución como a aquellos recintos en los que se consume. Es la vía que abrió la pasada legislatura desde el Consell la entonces responsable de Justicia, Gabriela Bravo, y que este martes ha recuperado desde la cámara autonómica donde es vicepresidenta segunda del parlamento con la esperanza de que el PP la apoye.

Así, tras una reunión con representantes del Front Abolicionista, Bravo ha reivindicado la propuesta de los socialistas para “conseguir que la Comunitat Valenciana sea una tierra libre de prostitución”. El objetivo, ha dicho, es "seguir dando pasos para acabar con la prostitución que también es una manifestación de la mayor lacra que sufre esta sociedad que es la violencia de género”. En este sentido, la dirigente socialista ha insistido en la necesidad de “poner el foco en el putero pero también en la víctima prostituida”.

En el último pleno de la pasada legislatura, los socialistas solo lograron el apoyo del PP a su propuesta. Esta se presentó con una doble modificación legal por lectura única, una forma de que pudiera llevarse a cabo pese a que el mandato estaba prácticamente expirado. Ni las formas ni el fondo convencieron a sus socios de Compromís y Unides Podem, tampoco a Vox, mientras que los populares sí que votaron a favor de la propuesta, unos votos que fueron insuficientes.

En aquel debate, la parlamentaria popular, Verónica Marcos, defendió que el PP votaba a favor para mostrar su compromiso contra la prostitución. Los votos de los 19 representantes del partido azul no sumaban la mayoría con los 27 de los socialistas. Unos meses después, los 40 del PPCV y la treintena de los del puño y la rosa supera ampliamente esta barrera y podrían sacar adelante la norma. No obstante, no parece sencillo porque los socios de gobierno de los populares se mostraron en su momento en contra.

Sanciones entre los 600 y los 30.000 euros

Respecto a su propuesta, Bravo ha explicado que con esta los socialistas plantean "la necesidad de poner en marcha un plan de acción integral para la protección y asistencia a las víctimas de prostitución” y ha detallado que con este plan “se les podrá garantizar recursos económicos, habitacionales y formativos para acceder a un empleo de calidad, así como asistencia sanitaria y psicológica”. Un plan que, ha apuntado, estará nutrido por la recaudación que se obtenga de las sanciones que van desde los 600 hasta los 30.000 euros según sean graves o muy graves.

Asimismo, la vicepresidenta segunda de las Corts ha instado a los grupos parlamentarios con representación en Les Corts a apoyar ambas modificaciones que “van en la línea de los estándares europeos” y ha recordado que “estamos hablando de la defensa de los derechos humanos”: “Confío en que haya un amplio consenso para luchar contra esta manifestación de la violencia de género”.