Mazón mantiene el órdago del déficit pese a posibles sanciones

El Consell se expone a necesitar la autorización del Estado para realizar operaciones de endeudamiento o incluso a ver retenidos parte de los recursos del sistema de financiación si no corrige el objetivo de déficit que ha incluido en los presupuestos de 2024 de la Generalitat y que triplica el fijado por el Gobierno central para las comunidades autónomas. Un desvío de casi 290 millones de euros en el capítulo de gastos y que el Ejecutivo valenciano ya ha anunciado que no tiene intención de modificar ya que lo atribuye a la falta de información proporcionada por el Ministerio de Hacienda.

De mantener el órdago, una de las posibilidades que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 20, es que Moncloa pudiera llegar a tutelar la capacidad de endeudamiento de la Generalitat. «En el supuesto de que el Gobierno constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto persista el incumplimiento».

El Consell se juega casi 300 millones de su presupuesto con el límite de déficit que fije el Gobierno

En todo caso, antes de llegar a este extremo habría que pasar por varias pantallas previas. En primer lugar, que el déficit individualizado para la Comunitat Valenciana se mantenga en el 0,1 % fijado este lunes para todo el subsector de comunidades autónomas. El Consell ya ha anunciado que pedirá un déficit asimétrico, por lo que si es exitoso y logra esas dos décimas extra que reclama, no tendría que acometer ajustes en sus presupuestos.

Escenarios abiertos

Pero si no logra concesiones y aprueba sus cuentas con el déficit en el 0,3 %, el Gobierno podría enviar un primer aviso a la Generalitat de Carlos Mazón. Técnicamente se conoce como ‘advertencia de riesgo de incumplimiento’, una comunicación pública en la que el Ministerio de Hacienda da un tirón de orejas a la autonomía en cuestión y le otorga un plazo de un mes para que le traslade las medidas que adoptará para corregir ese desvío.

«Si no se adoptasen las medidas», añade la ley, «o el Ministro de Haciend aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo», se aplicarán «las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25» de la propia norma, que entre otras sanciones contemplan esa intervención de las operaciones que generen endeudamiento —que en todo caso no cambiaría gran cosa ya que es el FLA, el Estado, quien le presta— o la adopción de un ‘acuerdo de no disponibilidad’, una figura con la que Hacienda insta a la autonomía en rebeldía a adaptar su presupuesto.

De mantenerse la insumisión, se puede reclamar un plan económico financiero o incluso retener recursos del sistema de financiación, un punto que nunca se ha aplicado.

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