La factura pública del caso Alquería

Minutos después de conocerse el fin del caso Alquería, tras desistir la Fiscalía Anticorrupción de recurrir la absolución de los 14 acusados, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, afirmaba: «Es un caso que nunca debió producirse. Solo ha generado dolor y un elevado coste personal y reputacional innecesario a la diputación, así como un coste económico incalculable a la administración». Es cierto que una parte de ese coste económico no se puede calcular: la del despliegue policial llegado de Madrid, la investigación y larga instrucción, los 5 años de proceso. Otra parte de ese coste, en cambio, sí está calculado: son los honorarios de las catorce defensas de los catorce acusados en la investigación y ahora absueltos.

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Al tratarse de personal dependiente de la Diputación de Valencia, y afectados por este proceso en el desarrollo de su cargo, están cubiertos por los seguros de la corporación, señalan fuentes de la institución. Según el artículo 75.4 de la ley de Bases de Régimen Local «los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo». Desde el grupo de absueltos se indica que en los próximos días iniciarán los trámites para reclamar las indemnizaciones ante la diputación por los gastos ocasionados. Como suele ocurrir en estos procesos, los afectados realizan una provisión de fondos a la que van recurriendo los letrados. Mucho de ese dinero ya está adelantado.

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Sin embargo, hay dos situaciones diferenciadas entre los absueltos. Por un lado, los altos cargos de Divalterra, además del propio Jorge Rodríguez, en calidad de presidente de la empresa pública, y Jorge Cuerda, como secretario del consejo de administración. En este caso, el seguro de la extinta firma alcanza los 100.000 euros por persona, con lo que se da por hecho que en la mayoría de los casos será suficiente para costear el pago a la defensa, que algunos sitúan en torno a 90.000 euros.

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El seguro, en este caso, salva a la corporación de una indemnización millonaria, siempre que la empresa aseguradora no ponga problemas, lo que abriría la puerta a un pleito. Sin embargo, hay una segunda situación: la del entonces jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, y el coordinador de Presidencia, Manuel Reguart. A ellos les cubre el seguro de la diputación, no de Divalterra. Y este es sensiblemente menor: hasta 12.000 euros, lo que apenas cubre una parte de la defensa en un caso de esta entidad. Todo aquello que supere esta cantidad deberá ser abonado por la propia diputación, apuntan las fuentes consultadas.

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Derivada pendiente

Esta cuestión económica va a ser una de las derivadas todavía pendientes de un caso que emergió en 2018 y provocó un terremoto político. Las acusaciones mantenían que los máximos responsables de la empresa pública Divalterra diseñaron un sistema artificioso de áreas de dirección en esta sociedad únicamente para favorecer a miembros, afines o simpatizantes de los partidos políticos que dirigían entonces la corporación provincial, PSPV y Compromís. Fueron absueltos de todas las acusaciones.

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