El letrado de las Corts pide impugnar la candidatura próxima al PP para dirigir Antifraude

Nuevo giro en la elección de quien deberá asumir como sustituto de Joan Llinares al frente de la Agencia Antifraude. El letrado de las Corts ha recomendado a la Mesa del parlamento autonómico aceptar la impugnación de uno de los dos candidatos propuestos para dirigir este ente. En concreto, el informe jurídico del parlamento autonómico señala no considerar la candidatura del exdelegado especial de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana, Eduardo Beut, propuesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, al considerar que esta no cumple con los requisito para poder plantear un aspirante a dirigir el ente.

Según la ley de la Agencia Antifraude, el director de este ente se elige en las Corts por parte de los grupos políticos con una mayoría de tres quintos entre los propuestos por "organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana", algo que, según el informe jurídico presentado por el letrado de las Corts a la Mesa no cumpliría la entidad que propuso a Beut para sustituir a Llinares, quien cumple ya los siete años máximo de plazo al frente del ente.

"La exigencia funcional y finalista descrita con la expresión 'organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana', establecida en el artículo 26.4 de la ley 11/2016 de la Generalitat, interpretada en los términos expresados en esta propuesta de resolución no se cumple en el caso de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública", señala el informe jurídico remitido a la Mesa impulsado después de que la asocaciación Acción Cívica contra la Corrupción pidiera impugnar la candidatura impulsada por la entidad citada en el informe.

Beut fue uno de los dos nombres que se registraron en las Corts en enero cuando se abrió el plazo para sustituir a Llinares. El otro fue Gustavo Segura, responsable de Análisis e Investigación de la agencia y propuesto por Fundación por la Justicia, el Obsertori Ciutadà contra la Corrupció y Acción Cívica contra la Corrupción. Precisamente esta última entidad fue la que presentó un escrito pidiendo la impugnación de su nombramiento al señalar que la organización proponente no cumplía con los requisitos mínimos.

"Sin perjuicio"

El escrito ha dado vueltas por la burocracia parlamentaria sin una definición hasta que la Mesa de las Corts encargó al servicio jurídico de la cámara autonómica que hiciera un informe al respecto. Este se ha registrado este lunes y es desfavorable, aunque es solamente de carácter consultivo tal y como se señala al final del texto. "Todo ello sin perjuicio de que la Mesa pueda considerar procedente, en virtud de mejor o superior criterio, efectuar una interpretación menos estricta de aquella estricta de aquella exigencia legal y adoptar el acuerdo que, como consecuencia de dicha interpretación, estime más ajustado a derecho", señala el texto.

Previamente, en la descripción de las motivaciones que llevan al letrado a defender la impugnación de esta candidatura, se señala que la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública "no es una asociación constituida para trabajar contra el fraude" y que, además, en todo el trabajo hecho desde su fundación en 2015, "los contenidos relacionados con la materia (corrupción) son mínimos", para lo que cita varias "jornadas vespertinas", entregas de premios a alumnos y mesas redondas.

Su candidatura fue muy criticada por parte de la izquierda que señaló que tras su nombre se encontraba el PP. En este sentido, señalaron que la organización que registró su nombre la preside Inmaculada Luz Collado quien, según indicaba Compromís, estaba vinculada a los 'populares' tras haber formado parte de las listas electorales de este partido en El Palomar y Riola en las elecciones de 2019 y 2023. Además, la oposición también señaló que el aspirante había sido socio de una librería con el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, quien está siendo juzgado por el caso Erial.

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