Antifraude ve irregular que Albal contratara a un abogado al disponer ya de otro externo

Nuevo varapalo de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) al Ayuntamiento de Albal por la construcción de la estación de Cercanías en la localidad. Esta vez el tirón de orejas viene por los servicios jurídicos que el anterior ejecutivo local, dirigido entonces por el socialista Ramón Marí, contrató con un bufete de abogados, y por el que pagó un total de 18.029 euros (IVA incluido) para el asesoramiento judicial por el dictamen que este mismo organismo publicó en julio del año pasado. 

Las conclusiones de este documento señalaban "irregularidades administrativas graves" en la tramitación, financiación y suscripción del Convenio suscrito entre el ayuntamiento y ADIF para la construcción y financiación de la nueva estación de Cercanías de Albal. Ante estas afirmaciones, Marí decidió recurrir a los servicios de un reputado catedrático de Derecho para recibir asesoramiento legal así como la emisión de un dictamen en relación con estas acusaciones.

Nuevas irregularidades

Pues bien, la firma de este contrato ha provocado que el organismo dirigido por Joan Antoni Llinares abra un nuevo expediente al ayuntamiento al considerar que el consistorio contrató el mismo objeto en dos procedimientos distintos, incurriendo en una duplicidad de gasto. Según se desprende en las resoluciones del expediente, el ayuntamiento ya tenía adjudicados este tipo de servicios con una mercantil a la que pagaba una cuantía de 18.150 euros anuales. Por este motivo, creen que "no solo se podría haber evitado la contratación" de una segunda empresa -a la que pagó un importe total de 18.029 euros-, sino que además "se debería haber evitado".

El equipo de Marí justificaba este convenio aludiendo a "las graves acusaciones" que apuntaban desde la agencia, y a la necesidad de "contar con un asesoramiento singular de profesionales de una especial cualificación que pudieran realizar su trabajo con una dedicación total y absoluta para valorar las alternativas posibles y las posibilidades de actuación", según consta en el escrito de la AVAF.

Un argumento que no ha convencido al órgano de control de las administraciones, que consideran que "no es justificable la contratación del dictamen" y consideran que se cometieron "irregularidades administrativas".

Y es que además de considerar que no era preciso gastar ese dinero en esos servicios, el órgano afirma que en el expediente no se indica si el precio del contrato se ajusta al precio de mercado. En este sentido, cuestionan además el importe pagado al detectar que otras administraciones públicas han contratado servicios similares al mismo bufete de abogados por importes muy inferiores.

«Es totalmente legal»

El nuevo dictamen de la AVAF ha generado la indignación de Ramón Marí, que asegura estar sufriendo una persecución por parte de la Agencia "que tienen ojeda contra el ayuntamiento y conmigo por lo que han vuelto a abrir un expediente de algo que tenemos clarísimo que es legal", segura el alcalde saliente.

En alusiones a las acusaciones de contratar estos servicios, el socialista responde: "Si yo creo que este catedrático es el más adecuado para hacer el informe lo hago, y Antifraude no puede decirme nada porque para poder contratar solamente hace falta tener crédito presupuestario, y lo había".

"Estoy pidiendo asesoramiento a un catedrático de Derecho, no a un mindundi"

Ramón Marí

— Ex-alcalde de Albal

Así, considera que el ente está "demostrando un gran nivel de desconocimiento al verter esas acusaciones" y cree que el organismo "está rebasando las competencias que se le dieron cuando se creó. Lo que está haciendo es atentar contra la libertad y contra los técnicos externos que trabajan para el ayuntamiento", asevera mientras incide en la idea de que está siendo víctima de una «persecución que está pasando de castaño a oscuro».

Asimismo, en lo que respecta al importe pagado, Marí se defiende al asegurar que "ellos me pidieron un dinero y yo no voy a regatear porque eso no es serio. Lo que nos pidieron lo pagamos y ya está. Ellos no son quién para cuestionarlo porque estoy pidiendo asesoramiento a un catedrático, no a un mindundi al que le pueda regatear", asevera.

Resoluciones no vinculantes

A pesar de que este es el segundo dictamen relacionado con este asunto, hay que destacar que las resoluciones de la Agencia Valenciana Antifraude no son vinculantes ya que su papel se limita a rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión en el ámbito de la prevención, la investigación y la evaluación de aquellas políticas o prácticas que puedan ser relativas al fraude y la corrupción existente en las administraciones públicas valencianas.

En este sentido, el ente comparte unas recomendaciones que las administraciones pueden escuchar u omitir ya que las conclusiones carecen de carácter legal que obliguen a su cumplimiento.

Suscríbete para seguir leyendo