Una veintena de afectados pide la caducidad de dos macroproyectos fotovoltaicos en Sagunt

Una veintena de propietarios está dispuesto a dar la batalla en contra dos de los macroproyectos de plantas fotovoltaicas presentados en Sagunt que siguen los trámites para lograr autorización autonómica.

Concretamente, se oponen a las instalaciones previstas por la empresa Renovalia en más de un millón de metros cuadrados, pero presentadas como iniciativas diferentes y bautizadas como "Morvedre 6, 7 y 8"; una de 241.163 m2 y otra de 923.790 m2.

La extensión de las fotovoltaicas proyectadas en Sagunt triplica la previsión legal

Además de presentar alegaciones, estos vecinos han pedido la caducidad del expediente tanto al Servicio Territorial de Industria de la Conselleria de Economia, que los tramita, como a Red Eléctrica de España, gestor de la red que emitió los permisos.

Se trata, en su mayoría, de dueños de viviendas diseminadas situadas en la zona del Camí Vell de Terol de Sagunt, con pequeños huertos y jardines anexos, que no quieren ver sobre ellas la línea de evacuación de estas fotovoltaicas, tal y como se ha proyectado. No obstante, también hay tres particulares a los quienes les afecta a su parcela la planta fotovoltaica y la subestación eléctrica, según ha explicado a Levante-EMV un representante de los afectados, José López.

Estos propietarios remarcan que estas instalaciones se han proyectado "en una zona de Alta Capacidad Agrológica, con campos en producción mayoritariamente de cítricos, que contiene además yacimientos arqueológicos catalogados dentro del Patrimonio Cultural Valenciano"; todo ello, "tras fragmentarlas siempre bajo el límite máximo de 50 MW para que la competencia de tramitación y autorización sea autonómica, aún cuando las plantas realmente son contiguas y únicas", añaden. Además, critican que los proyectos han salido a Información Pública "con listas interminables de afectados" y con el "objeto de lograr expropiación de los terrenos, sin que la empresa haya establecido contacto con los propietarios para intentar llegar a acuerdos".

Ante esto, han dado distintos pasos. Por un lado, presentaron alegaciones durante el plazo de información pública, al igual que Acció Ecologista Agró. Entre otras cuestiones, aseguran que los proyectos "tienen graves deficiencias e incumplen la mayoría de la legislación aplicable; algunas tan notables como que se proyecta pasar Líneas de Alta Tensión por encima de sus casas y huertos, lo cual contraviene la Ley del Sector Eléctrico". También afirman que el estudio de Impacto Ambiental "presenta un documento donde las únicas imágenes del terreno han sido sacadas de Google Street View, y manipuladas para eliminar las ‘marcas de agua’ de la fuente, lo que demuestra que no se ha realizado trabajo de campo alguno" y subrayan que "tampoco existe memoria de afección al patrimonio arqueológico".

Al margen de recurrir, se entrevistaron con el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el edil de Urbanismo, Quico Fernández, "para poner el conocimiento del ayuntamiento los incumplimientos" detectados y les aportaron el documento técnico "de las deficiencias" encontradas. 

Además, el pasado 22 de marzo solicitaron la caducidad de los expedientes al considerar que la concesión de acceso la Red Eléctrica para poder evacuar la energía generada así lo está, "pues debían haber conseguido la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental Favorable antes del 28/2/2023", apuntan al margen de insistir "en las deficiencias que arrastra el proyecto".

«Con el corazón en un puño»

Desde marzo, según explican, no han obtenido respuesta de la administración autonómica. Por ello, afirman que "siguen con el corazón en un puño sin saber qué va a ocurrir con la expropiación de sus propiedades". Y ello, por más que el ayuntamiento también emitiera un informe urbanístico desfavorable, como han confirmado fuentes municipales a este rotativo, y el alcalde se comprometiera a impulsar una reunión de Renovalia con los afectados. "Esperamos obtener una pronta respuesta de la Administración y se pueda cumplir la legalidad, además de preservar el territorio y los valores medioambientales, culturales y ciudadanos tanto en Sagunto como en nuestro Camp de Morvedre", afirman.

A preguntas de este diario, desde la Conselleria de Economia se ha asegurado que "el periodo de alegaciones acabó el 3 de marzo y la petición de caducidad es del 23 de marzo, por tanto, no se tiene ni que tener en cuenta". A ello agregaban que "este tipo de expedientes llevan su trámite y se resolverán para bien o para mal, cuando les toque", decían en relación al gran volumen de trabajo del departamento, pues solo en Sagunt la extensión de las solicitudes recibidas triplica la previsión legal, como informó este diario.

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