Cerca de 600 vecinos de Gilet dirán adiós a casi tres décadas sin servicios públicos

El pleno de Gilet ha dado luz verde a la urbanización de Balcón de la Peña, una zona residencial de casi 300 parcelas en la que viven cerca de 600 vecinos, muchos de los cuales carecen de red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, distribución eléctrica y servicio de telecomunicaciones. A esto se suma calles y viales sin asfaltar. Una situación que se prolonga desde hace casi tres décadas.

Además de la aprobación del PAI, la corporación ha ratificado por mayoría el informe municipal sobre las alegaciones presentadas al proyecto después de 45 días en exposición pública. Un total de 64, en las que se refleja la preocupación de los vecinos por el precio que deberán pagar por las obras de urbanización , que según se ha adelantado en la sesión "no superará los 28,59 euros por metro cuadrado". Es precisamente ese coste el que ha llevado a muchos residentes a solicitar en las alegaciones el importe de su vivienda a través de tasación para poder contemplar la posibilidad de expropiación. Sin embargo, el alcalde Salva Costa quiso tranquilizar a los vecinos presentes en el pleno sobre el precio de las obras, asegurando que "no subirá más, todo apunta a que la tendencia será a la baja tras el proyecto de reparcelación", dijo.

Críticas

Son precisamente los cálculos respecto a los costes de urbanización los que generaron las críticas de la concejala de Participa per Gilet, Ángeles Cortijo, quien aseguró que los números no estaban bien hechos, ya que a su juicio no se han tenido en cuenta las parcelas que ya están semiconsolidadas, con servicios, que no deberían pagar esa cuota por as obras de urbanización. A este respecto, la concejala de Urbanismo, Patricia Arnás explicaba que "es un presupuesto aproximado" a la espera del proyecto de reparcelación. Cortijo sostuvo que "no era necesario hacer un PAI, con dotar de los servicios que requería el PGOU de 2001 era suficiente", explicando que con esta solución los vecinos no tendrían que pagar tanto. Sobre esto, la edila de Urbanismo explicaba que "ha sido un plan de mínimos para no incrementar más el presupuesto".

Después de varios intentos para legalizar esta situación por parte del ayuntamiento, cuatro proyectos y muchas discrepancias con la Agrupación de interés urbanístico, que se creó en el 2000 para dar solución a años de paralización, el ayuntamiento se convertirá en agente urbanizador. "No se puede prorrogar más esta situación. Tenemos un requerimiento de multa de 1.000.000 de euros de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde 2012 por vertidos de aguas sucias al subsuelo, algo muy grave. Pero además, los vecinos carecen de agua potable, se nutren de agua de riego tratada que supone un riesgo para su salud, de ahí que continuamente estemos recomendando que se beba agua embotellada", comentaba el alcalde Salva Costa a Levante-EMV. "No se puede dudar de la buena intención que tiene este ayuntamiento en este asunto y con los vecinos. Hemos conseguido una subvención de 400.000 euros para una tubería de impulsión que lleve el agua potable hasta arriba de la urbanización y hemos comprado dos zonas verdes que nos han costado 1.200.000 euros, que no les vamos a repercutir", añadía. "Nuestro único objetivo es que tengan todos los servicios que por ley les corresponden".

Procedimiento judicial abierto

Declaraciones que se producían tras el pleno y después de escuchar al presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), Fernando Martí, entidad que mantiene procedimiento judicial abierto contra el ayuntamiento. Martí aseguró en la sesión que "el proyecto de urbanización no estaba bien definido. Hay valoraciones que son inexistentes, no se ha descontado del presupuesto lo que ya está hecho", e incluso hablaba de mediciones inexactas y de la necesidad futura de hacer retasaciones. Aseveraciones que molestaron a Arnás, quien recordó que el proyecto estaba realizado por técnicos externos al ayuntamiento. No obstante, la edila instó a los vecinos a solicitar una reunión con los técnicos y con los abogados para aclarar dudas, lamentando que algunas de esas consideraciones no estuvieran como alegaciones por parte del señor Martí.

Al pleno acudían decenas de vecinos, hartos de tanta espera y de falta de servicios, una situación de la que la secretaria del ayuntamiento ha hecho responsables a los mismos residentes, a los que ha acusado de "poner resistencia a la solución".

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