Los vecinos del Balcón de la Peña de Gilet saldrán a la calle

Vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de Gilet saldrán a la calle el sábado 9 a la 12 horas, para protestar contra el PAI, aprobado por el consistorio para urbanizar la zona. La concentración será a las puertas del ayuntamiento.

Los afectados consideran que «no era necesario un programa de actuación sino unas obras mínimas de urbanización que garantizaran los servicios», una opción que, según ellos, hubiera supuesto casi un 40% menos del coste actual, explicaba el presidente de la Agrupación de Interés urbanístico, Fernando Martí. «Ahora con este PAI tenemos que asumir las zonas verdes y pagar servicios de telefonía que de la otra manera no», lamentaba.

La protesta también viene motivada por la reciente notificación que han recibido los propietarios afectados, en la que se les requiere documentación para iniciar la actuación, además de solicitarles que se pronuncien sobre su adhesión al PAI o por lo contrario, dejen la puerta abierta a la expropiación. A este respecto existe bastante malestar, «porque se nos exige que tomemos una decisión mientras no sabemos, a día de hoy, cuánto dinero nos van a costar a cada uno de nosotros las obras de urbanización, no se especifica». 

Sin embargo, este diario ha tenido acceso a la información enviada por la administración local y en esta se habla de «coste estimado máximo de la obra urbanizadora que incluye canon de saneamiento, gastos de gestión, indemnización e IVA. Zona B5 32,67 euros m2; Zona B6 23,24 euros m2 y zona B7 17,90 euros m2». A esta se adjunta un mapa de todas las zonas.

Recursos

Además de la protesta, los vecinos también han decidido interponer recursos de reposición ante la aprobación del PAI. Documentos que ya han ido llegando al consistorio.

Por su parte, el alcalde Salva Costa aseguraba que «entiendo que esto sea doloroso porque implica un desembolso, pero nosotros hemos hecho lo que nos dicta la ley con el objetivo de dotar a toda la urbanización de los servicios que la norma nos exige». Además, recordaba que «no se puede mantener ni un día más vertidos al subsuelo», pues el ayuntamiento fue requerido por la CHJ con la advertencia de una posible multa de casi un millón de euros en 2012.

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