Por el empleo, la reducción de jornada y la mejora de los salarios

A una velocidad de vértigo, un año más encaramos la jornada reivindicativa del Primero de Mayo. Salimos a llenar las calles del País Valencià bajo un lema, «Pleno empleo, menos jornada, mejores salarios», que ilustra claramente unos planteamientos muy ambiciosos. Si alguna conclusión hemos extraído con cierta nitidez de lo ocurrido, entre el período que hemos recorrido desde febrero de 2020 hasta hoy, es que los planteamientos del sindicalismo de clase apelando a las bondades de las políticas redistributivas, cuando se han aplicado decididamente, se han demostrado eficaces.

El último lustro se ha caracterizado por una amplia producción normativa de carácter laboral y social que ha operado como un revulsivo de primer orden contra una concatenación de crisis que parecían remitir a cualquiera de las distopías televisivas, tan de moda últimamente. Una respuesta pública, en esta ocasión sí atinada, donde la implicación del sindicalismo de clase, a través del diálogo social, ha resultado decisiva. La arquitectura –sostenida meses, no sin esfuerzo- de los ERTE, la reforma laboral, la reforma de pensiones o el 54 % de subida acumulada del SMI, por poner los ejemplos más notables, no solo han sostenido este país, sino que además lo han hecho dándonos la razón. Frente a las catastróficas predicciones de la ortodoxia neoliberal, desde Europa se podían hacer otras políticas, al tiempo que -en nuestro país- era compatible regularizar valientemente el mercado laboral con alcanzar las mejores cifras de cotizantes a la Seguridad Social de nuestra historia.

Si es cierto que cuantitativamente los datos de empleo vienen a confirmar que vamos por el buen camino de convertir el pleno empleo en un objetivo no quimérico, también lo es que cualitativamente se ha avanzado mucho, aunque da para mucho más. Sin ir más lejos, un reciente estudio de CCOO venía a indicar que el beneficio empresarial se ha incrementado un 64 % desde 2018, 311.000 millones. Leen bien, mientras que las patronales discuten -en medio de una espiral inflacionista sin precedentes- medio punto porcentual arriba o abajo para detener la sangría de pérdida de poder adquisitivo de la mayoría social de este país, se lo llevan crudo. Todos los indicadores muestran que el reparto de las rentas del trabajo es desigual, a pesar de que los efectos de la digitalización en la economía y en la propia estructura del empleo, tiene cada vez más peso en la productividad.

Con esas, avalados por hechos probados, nos hemos impuesto un nivel de exigencia alto en las reivindicaciones sindicales. Propuestas que pasan por la mejora en el marco regulatorio de las relaciones laborales, donde se ha de afrontar a no mucho tardar, cuestiones como la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas; la mejora en las condiciones de despido; la extensión de derechos a la totalidad de personas trabajadoras en el ámbito de las plataformas; y un marco para la adaptación efectiva de las personas trabajadoras a las transiciones en el empleo, una realidad ya plenamente presente. El aprovechamiento de la palanca que suponen los fondos europeos debería llevarnos a poner las miras en la necesidad de diversificar nuestra economía, excesivamente dependiente de los sectores intensivos en mano de obra no cualificada. El pacto por la industria, la apuesta por la economía verde y por la energía renovable serían una sólida garantía de avance hacia empleos de mayor valor añadido, casi siempre sinónimo de trabajo decente, con buenos salarios.

Se trata de recomponer equilibrios, en un capítulo más de la disputa entre capital y trabajo, tan viva como siempre, por más que se pretenda atenuar. Aunque más allá de la estricta reivindicación laboral, no hay quien conciba un salto cualitativo en las condiciones de vida de la clase trabajadora sin un despliegue de políticas públicas destinadas a mitigar las desigualdades. Una política fiscalmente valiente, que garantice la función redistributiva de la tributación, que permita dotar de los recursos necesarios para ir recuperando nuestros servicios de la cura de adelgazamiento al que vienen siendo sometidos desde hace tiempo. Una política de vivienda valiente, que no fie a la oferta y la demanda la vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía, ahogada entre alquileres e hipotecas. De momento, no parecen ir en este sentido las políticas del Govern de la Generalitat Valenciana, más preocupado por agrietar la convivencia y aniquilar las señas de identidad que nos distinguen como pueblo.