Costas cambia el deslinde de Bellreguard y Tavernes ante la subida del nivel del mar

El Ministerio de Transición Ecológica se ha caracterizado, en los últimos años, por dar más disgustos que alegrías a los municipios costeros de la comarca de la Safor cuyas playas sufren una seria regresión. El último ha parado la respiración a más de uno, y es que, al mismo tiempo que está redactando un proyecto para la «regeneración definitiva» de las playas tanto de Tavernes de la Valldigna como del sur de la comarca, ha puesto en marcha un proceso que puede provocar que los propietarios y propietarias de los edificios de primera línea acaben perdiendo derechos sobre sus viviendas.

El departamento que dirige Teresa Ribera, a través de la empresa pública Tragsa, ha licitado la contratación de un estudio para una nueva delimitación del dominio público marítimo terrestre en aquellos puntos que se inundan debido a los temporales y por la elevación del nivel del mar.

El proyecto afecta a nueve playas de la Comunitat Valenciana pero, en el caso concreto de la Safor, son tres puntos donde es necesario realizar estudios de inundabilidad y, por tanto, dirimir hasta qué punto se puede modificar la línea que separa el mar de la tierra y, consiguientemente, lo que es dominio público de lo que son propiedades privadas o municipales.

Son los 1,6 kilómetros que mide la playa de l’Auir, en Gandia, 560 metros de la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna y otros 748 de la playa de Bellreguard.

Los realmente problemáticos son los dos últimos. En el caso del litoral de la capital de la Valldigna la zona afectada arranca desde el canal norte, que marca la separación del término municipal con Cullera, hacia el sur, es decir, toda la playa de la Goleta.

En ese tramo se encuentran los tres edificios de primera línea sobre los que las olas ya golpean de forma constante, dos de los cuales, como ha publicado este periódico, han sufrido daños muy importantes precisamente por la acción del mar hasta el punto de que en uno de ellos ha quedado inutilizada la zona de la piscina.

Una eventual modificación de la línea de costa hacia el interior afectaría a los actuales inmuebles de primera línea, de manera que quedarían en zona de dominio marítimo terrestre, lo que genera limitaciones sobre el uso y la propiedad.

Teniendo en cuenta que el mar ya golpea los muros de los inmuebles, esa situación alcanzaría a más de medio centenar de vecinos y vecinas de esos edificios. Además, dependiendo de en cuánto se amplíe el espacio de dominio público hay otros edificios de segunda línea que podrían verse afectados.

En el caso de Bellreguard, los 748 metros que se incluirán en el estudio coinciden exactamente con la longitud de su paseo marítimo. Actualmente, el deslinde en este punto se encuentra precisamente en el muro de esta estructura. Si se retrasa unos metros la zona de dominio público marítimo terrestre, el paseo pasará a ser de propiedad pública estatal y lo perdería el consistorio. Esta medida también podría afectar a edificios de primera línea dependiendo de la distancia en que se retrasara el deslinde.

Se trata, por tanto, de una situación que ha puesto el miedo en el cuerpo entre los vecinos de estas dos localidades. No en vano, el Ayuntamiento de Tavernes ha reaccionado y, a través de un comunicado, ha mostrado su «rotunda oposición» al cambio en la delimitación del dominio público. El consistorio ya ha solicitado una reunión «urgente» con el secretario de estado de Medio Ambiente para «mostrar nuestra disconformidad y volver a instar al ministerio de Transición ecológica a ejecutar el proyecto piloto de escolleras marina de la UPV».