Los forenses descartan que el capataz torturado en Torrent muriera de un golpe de calor

Llegó el día clave en el juicio contra el dueño de la finca de caballos de Torrent acusado de matar de una paliza a su capataz en agosto de 2021. Los forenses contratados por la defensa del empresario y ganadero; el televisivo doctor Cabrera y el especialista Santiago Delgado, debían contraponer el resultado de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de València con una hipótesis que solo ellos veían, la de la muerte causada por un golpe de calor. Y ni siquiera presentaron batalla. Los especialistas en patología, histopatología y toxicología del IML de València no albergan dudas sobre la causa del fallecimiento de Filipe Da Costa y detallaron el minucioso trabajo que les llevó a concluir que se trata de una muerte violenta de etiología homicida. Asimismo descartaron tajantemente que hubiera sido provocada por un golpe de calor al no hallar ni un solo indicador de ello.

Los miembros del jurado popular pudieron escuchar a los siete peritos forenses (los cinco del IML y los dos de parte) en sala al mismo tiempo, para que pudieran intervenir éstos en cualquier momento si alguno de sus compañeros de profesión exponía una cuestión en la que no estuvieran de acuerdo. Pero más allá de algún apunte más propio de un programa de televisión que de una pericial debidamente preparada, los especialistas que debían sostener la tesis del golpe de calor no dieron ninguna argumentación científica que acredite que la víctima, que presentaba multitud de golpes por todo el cuerpo, tanto recientes como antiguos, –hecho que obviamente no podían rebatir– falleció por la supuesta exposición a las altas temperaturas alcanzadas ese día.

La defensa más informada que sus peritos

De hecho, incluso fueron desmentidos por la propia fiscal cuando expusieron la temperatura alcanzada ese 27 de agosto de 2021, basándose simplemente en las noticias de este mismo periódico citando a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuando realmente se puede comprobar en los históricos de AEMET que la temperatura máxima fue de 35 grados. La defensa introdujo en su informe de conclusiones el dato de que ese verano 11.000 personas murieron en España debido al calor, que ni siquiera detallaron los peritos de parte.

El acusado de matar a su capataz dio un nombre falso de la víctima en el hospital

Cuando Da Costa, de 66 años y nacionalidad portuguesa, llegó ya cadáver al Hospital General de València tras ser trasladado por el propio acusado –había un testigo en la finca que se había encontrado a la víctima agonizando en las caballerizas y no tenía otra salida–, su temperatura no indicaba que hubiera estado expuesto a una gran fuente de calor, que debía de ir acompañada a su vez de un esfuerzo físico importante. Hecho del que tampoco hay ninguna constancia, ya que su faena se limitaba a la doma y cuidado de los caballos, y como tanto el testigo principal como el propio acusado manifestaron, no trabajaba en labores en el campo.

Los informes psiquiátricos hallan en el acusado signos de narcisismo y un sentimiento de superioridad

El único momento de cierta tensión entre los peritos se dio cuando los forenses contratados por la defensa del acusado quisieron equiparar su informe, elaborado con la documentación a la que habían tenido acceso y sin haber visto siquiera muchas de las fotos de las lesiones que presentaba el cadáver -según ellos mismos reconocieron- con el completo y complejo estudio elaborado por los profesionales que diseccionaron el cuerpo de la víctima y analizaron pormenorizadamente todos sus órganos. «Estamos ante dos hipótesis válidas», remarcó Cabrera. A lo que el jefe del departamento de Patología del IML de València respondió: «Nuestras conclusiones no son una hipótesis, están basadas en hechos reales y científicos».

Así, los forenses concluyeron en su informe de autopsia que los múltiples y reiterados traumatismos que presentaba el cuerpo, causados con un objeto romo –sin punta– provocaron en la víctima una rabdomiólisis y embolia sistémica por todo el cuerpo que acabó con una disfunción multiorgánica. Lesiones similares a las analizas en un tratado sobre la tortura y que son perfectamente compatibles con las que causaría el palo de 1,41 centímetros que esgrimía el acusado cuando horas antes el testigo de cargo tuvo que sujetarlo para que no golpeara a Filipe, al que recriminaba no haber reparado un grifo que perdía agua.

Esta era presuntamente su forma habitual de tratar al capataz –aunque él siga negando que fuera trabajador suyo–, según coinciden los testigos. Además, durante trece años lo tuvo trabajando sin contrato y con condiciones inhumanas, sometiéndolo a castigos como caminar de rodillas o colocarle un cartel con insultos hacia su persona. De ahí que se le impute además del homicidio con abuso de superioridad un delito contra la integridad moral, por los que la fiscal solicita 16 años y diez meses de prisión. La acusación particular eleva la pena a los 25 por asesinato, más seis por un delito contra los derechos de los trabajadores y dos más por el trato denigrante.

En la multitud de lesiones halladas en el cuerpo de la víctima, en cabeza, pecho, espalda y extremidades, los forenses hallaron lesiones tanto recientes al momento de la muerte como antiguas. De hecho varias marcas lesivas recientes estaban sobre otras ya cicatrizadas, lo que prueba que los presuntos malos tratos eran continuados y no fue únicamente ese día cuando el acusado arremetió y descargó presuntamente toda su ira y frustracción por la situación económica que atravesaba fruto de la pandemia contra su trabajador, según sostienen las acusaciones. La víctima, que en los trece años que estuvo trabajando en la finca jamás pisó un centro sanitario u hospital alguno, se tenía que curar estas lesiones con spray cicatrizante para caballos.

Media hora de turno de última palabra

La defensa por su parte sigue manteniendo la inocencia de su representado, Felipe A. R., quien una vez escuchados los informes periciales –consciente de que lo del golpe de calor no había funcionado– trató de introducir una nueva duda en el jurado sobre la posible participación del principal testigo en el crimen. «Mi error fue no haber llamado en ese momento a la policía y decirles ahí lo tienen, no sé si ha sido él o el caballo», manifestó haciendo uso del mayor turno de última palabra que se le ha concedido a un acusado en los más de quince años que llevo cubriendo tribunales. Media hora de reloj. Un último intento desesperado de demostrar su inocencia de alguien al que los informes psiquiátricos describen como «narcisista y con sentimiento de superioridad».