El Ayuntamiento de València comprará una finca con 131 viviendas para alquiler asequible

El gobierno saliente de València sigue poniéndoles deberes a María José Catalá. El último, la compra de un edificio de nueva construcción en Patraix que el Partido Popular deberá llevar a término. Dicho edificio será adquirido a un fondo de inversión por el procedimiento de tanteo y retracto que el Botànic dio a los ayuntamientos, exigirá una inversión de 20 millones de euros y sus 131 pisos pasarán a formar parte del parque de viviendas públicas del Ayuntamiento. En toda la legislatura el área de Vivienda comandada por Isabel Lozano (Compromís) había comprado o rehabilitado un total de 147 viviendas. 

El nuevo edificio destinado al alquiler asequible está ubicado en el número 1 de la calle Cristina Piris López Doriga y dispone, además de las viviendas, de 83 plazas de aparcamientos, 22 trasteros y tres locales comerciales. Todo ello en el barrio de Safranar, en permanente crecimiento tras la construcción de edificios de características similares, varios de ellos del mismo fondo. 

La concejalía de Vivienda en funciones inicia de este modo los trámites para abordar uno de los principales problemas de València, donde la escalada de precios de los alquileres ha terminado siendo inasumible para muchas personas. El coste medio de un alquiler de un piso de 70 metros cuadrados en la capital del Turia ya cuesta 1.500 euros, según la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), que además cifra en 500 euros la subida de los arrendamientos en los últimos cuatro años. 

Por ello, Joan Ribó identificó como eje prioritario de su campaña el impulso de la vivienda asequible, bien en propiedad o bien mediante alquiler asequible, apostando por ceder suelo a cooperativas para la construcción de nuevos hogares, una medida que pretendía complementar con la aplicación de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler. 

El edificio cuenta con 83 plazas de aparcamientos, 22 trasteros y tres locales comerciales

No llegará a emprender estas medidas, pero su equipo aprovecha los últimos días antes de entregar la vara de mando para hacer uso del tanteo y retracto, requiriendo a la propiedad de la finca que facilite el acceso de personal técnico del servicio de Vivienda para su valoración y posible adquisición por la corporación municipal. Este derecho de tanteo quedará suspendido en el plazo de 60 días desde el requerimiento hasta el momento en que se produzca la entrada a la vivienda. 

Así, el movimiento de Compromís deja la fase final de la gestión en la agenda de María José Catalá, que deberá decidir si sigue adelante con la compra. La futura alcaldesa no ha manifestado si tiene intención de hacer uso de la figura legal provista por el Botánic y todo lo que anunció en campaña en relación a la materia fue un plan para construir 1.000 viviendas de promoción pública en solares municipales. Dichos solares se ubican en los barrios de Russafa, con 115 viviendas; Malilla, 127 viviendas; Nou Moles, 114 viviendas; Na Rovella, 67 viviendas; Fonteta,378 viviendas; La Torre, 85 viviendas; Benicalap, 92 viviendas y El Grao, 54 viviendas, en total 1.032 nuevos hogares en la ciudad.

Desde Compromís, no obstante, esperan que más allá de los planes de edificación el gobierno popular lleve a buen puerto la adquisición del edificio en el distrito de Patraix, asegurando que estarán “vigilantes” durante el proceso de compra: “Desde el gobierno en funciones de Joan Ribó hemos dado el primer paso para para la adquisición preferente de un edificio de 131 viviendas y esperamos que el gobierno del PP continúe este proceso, que estas formen parte del parque de viviendas municipales y que puedan ser adjudicadas en alquiler asequible a las familias y las personas jóvenes y mayores inscritas en el registro municipal de demandantes de alquiler”, indica Isabel Lozano. 

El PP, contra el tanteo y retracto

La figura del tanteo y retracto permite que, ante la notificación de venta por parte de cualquier propietario de una vivienda protegida o de las llamadas transmisiones singulares, la administración pública competente pueda ejercer el derecho de compra del inmueble de manera preferente.

Este procedimiento ha servido para ampliar el parque de vivienda pública en la Comunitat Valenciana durante el último tramo de la legislatura, y ello a pesar de que el decreto ley 6/2020 del Consell –que recoge la figura– fue recurrido por el Partido Popular valenciano en septiembre de 2020. 

Pero en marzo de este mismo año, el Constitucional consideró que la norma está justificada debido a las urgencias habitacionales derivadas de la pandemia, que no invade competencias estatales y que no vulnera el derecho a la propiedad, como denunciaba el PP.

Suscríbete para seguir leyendo