Cerca de 850 sanitarios han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para pedir la suspensión cautelar del proceso por el que la Conselleria de Sanidad quiere cubrir de forma fija más de 9.200 plazas sanitarias ocupadas de forma interina, además por una oposición sin examen en la que cuentan solo los méritos, sobre todo el tiempo trabajado que supondrá el 70 % de la nota final.

Solicitan que se paralice de forma cautelar el proceso, al que se han apuntado más de 58.000 personas, y que se corrija la orden en la que se basa por dejar fuera a los 2.600 trabajadores que se subrogaron tras la reversión de las áreas de salud de Alzira y Torrevieja y por no computar como mérito el tiempo trabajado en cualquiera de las cinco áreas que están o han estado gestionadas de forma privada.

En concreto, el recurso se centra en la resolución que la Conselleria de Sanidad dictó el 16 de diciembre del año pasado y en la que sentaba las bases de esta oferta pública de empleo para reducir la temporalidad entre la plantilla sanitaria, según lo que dicta la Ley 20/2021.

Piden que los subrogados puedan participar

Los demandantes reclaman que se paralice el proceso (que ya ha cubierto una de sus primeras fases, la de inscripción) y se "corrija" esta resolución en la que se basa porque en ella se deja sin posibilidad de presentarse a toda la bolsa de trabajadores revertidos en su día junto a las áreas de salud de Alzira y Torrevieja. "Se les ha excluido la posibilidad de que participen en la OPE pese a que hay un informe de la Abogacía de la Generalitat en contra. Se les está privando de la oportunidad de presentarse a una oposición", ha concretado esta mañana a Levante-EMV, Agustín Cardó, letrado de la plataforma.

Además, el recurso pide suspender el proceso porque en él, y tal como adelantó este diario, no se va a computar como mérito el tiempo trabajado en las concesiones administrativas del modelo Alzira, lo que no solo afecta al personal que trabajaba en Alzira y Torrevieja y que ahora son personal subrogado, sino a miles de trabajadores sanitarios que, en algún momento presente o pasado, han trabajado en alguna de estas dos áreas o en Manises, Dénia y Elx-Crevillent.

"Sí contó para la bolsa de interino"

De hecho, según los miembros de la plataforma recurrente, este sería el perfil mayoritario entre esos 834 recurrentes: "interinos actuales de la administración que para acceder en su día a la bolsa de trabajo sí se les computó ese tiempo trabajado en alguna de estas áreas de salud pero que ahora se les niega para consolidar las plazas", añade Cardós. Junto a ellos hay parte de los 2.600 sanitarios que fueron revertidos de Alzira y Torrevieja "y también trabajadores actuales de Dénia, Manises o Elx-Crevillent".

Y es que en la resolución de 16 de diciembre de la conselleria, se justifica que el proceso de estabilización se abre para ofrecer las plazas que están ocupadas de forma temporal al personal estatutario o funcionario, que consiguieron esta condición de interino "por procedimientos de selección respetuosos con los principios de acceso al sector público".

Según el documento, esta es la "principal diferencia" que distingue el tiempo trabajado en estas plazas de la administración con los "servicios prestados en centros privados concertados o en régimen de concesión, esto es, el sistema de acceso, en unos basados en los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicada y en los otros en criterios empresariales".

Por último se pide corregir la orden porque no prevé reserva de plazas para personas con diversidad funcional.

Según el abogado, el TSJ podría estar un auto en respuesta a la petición de medidas cautelares "para finales de marzo, sería lo más probable en una situación normal pero ahora con la huelga de letrados de la administración de justicia no sabemos qué esperar", ha comentado.

Los sindicatos avisaron

Los sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad ya habían advertido del peligro de que este baremo de méritos (que no apoyaron en su día), acabara en los tribunales por la "inseguridad jurídica" que planteaban varios puntos del baremo, sobre todo el no contabilizar el tiempo trabajado en las concesiones.