El funcionario que dirigió la licitación del call center investigado en el caso Taula defiende su legalidad

El funcionario de la Diputación de València que supervisó la licitación del centro de llamadas o call center de la Diputación de València habilitado entre 2013 y 2015, Salvador Deusa, ha defendido la legalidad del proceso de contratación y el servicio que se ideó "que era más que un call center, era un contact center, que es dos o tres peldaños superior".

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El funcionario sólo ha querido responder a preguntas de su abogado y del tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València que lo juzga desde el pasado 25 de abril y hasta el 9 de junio.

Deusa ha explicado que un contact center es "un centro de gestion con redes sociales, base de datos conocimientos, buzones de voz. gestión de carpetas ciudadanas o carpetas del contribuyente, gestión de correos electrónicos, una aplicación... Tuvimos muchos problemas porque quizá nos adelantamos mucho en el tiempo en 2012", ha explicado en referencia al momento en que se inició el concurso para el nuevo servicio de la diputación.

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Deusa ha explicado que la necesidad de este nuevo servicio venía dada "porque la diputación tenia un call center generalista. Daba servicio a toda la diputación y lo tenia subcontratado con Eulen. Pero iba a haber cientos de miles de recibos. De 2007 al 2015 se pasó de gestionar 1,5 millones de recibos a 3,6 millones de recibos. En un momento de mucha problemática social, porque la gente se negaba a pagar los recibos de los consorcios de residuos".  

Y la decisión de contratar, ha asegurado, fue "un mandato del pleno de la Diputación de València". Y sobre el pliego de condiciones del contrato, Deusa ha explicado que fue revisado por el despacho de abogados de Garrigues. Y había urgencia en sacar el concurso porque "nos iban a apedrear. Era una autentica locura. Había protestas en los pueblos. Y el retraso suponía una pérdida de dinero".

Deusa también ha negado tener una relación de cercanía tanto con Alfonso Rus, entonces alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de València, como con Mariano López, presidente de los empresarios de Xàtiva y responsable en la sombra, según la Fiscalía Anticorrupción, de la empresa Servimun, adjudicataria del servicio del call center.